Por Ambientarte Radio 
OPINION: CRISTINA PLAZAS
Hoy los colombianos acuden a las urnas para elegir presidente. También estarán decidiendo el futuro de millones de pacientes.
Esta elección enfrenta dos modelos de salud distintos, en el momento más crítico para definirlo.
El próximo Gobierno recibirá un sistema golpeado por una crisis profunda: hospitales y clínicas con problemas de liquidez, escasez de medicamentos, cirugías represadas, profesionales con pagos atrasados y una deuda acumulada que supera los 25 billones de pesos.
Frente a esa realidad, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella proponen caminos radicalmente diferentes.
Para Cepeda, el problema del sistema está en el modelo construido alrededor de la Ley 100 y en el papel de las EPS. Por eso plantea fortalecer la ADRES, ampliar el giro directo a los prestadores, reducir la intermediación financiera y profundizar un modelo centrado en la atención primaria, la prevención y la territorialización.
La prevención es fundamental. Pero también lo es evaluar resultados. Por ejemplo, el principal programa preventivo del Gobierno, los Equipos Básicos de Salud, ha recibido más de 8 billones de pesos y enfrenta hallazgos de la Contraloría sobre posibles irregularidades.
Adicionalmente, existen denuncias y videos de integrantes haciendo proselitismo a favor de Cepeda. Utilizar programas de salud para hacer política no solo viola la ley; también significa jugar con recursos destinados a proteger la vida y la salud de millones de colombianos. Por eso resulta inaceptable que Cepeda no haya rechazado públicamente estos hechos, una actitud que refleja la poca importancia que le ha dado a este tema.
La salud no termina en la prevención. Los colombianos también necesitan cirugías, tratamientos especializados, UCI, atención oncológica, especialistas, tecnología médica y redes hospitalarias de alta complejidad.
Quedan preguntas sin respuesta: ¿cómo se financiará esa infraestructura y se resolverán las deudas acumuladas? ¿Cómo se evitará que concentrar funciones en entidades públicas aumente la burocracia?
La propuesta de Cepeda mantiene la participación de clínicas y hospitales privados, pero traslada cada vez más recursos y decisiones al Gobierno. Si el país necesita más hospitales, más camas, más especialistas y más tecnología, ¿de dónde vendrá esa expansión si se desincentiva a quienes hoy aportan buena parte de la infraestructura?
La experiencia internacional muestra que los sistemas de salud exitosos combinan operadores públicos y privados, bajo reglas claras y resultados medibles.
La propuesta de De la Espriella parte de un diagnóstico distinto: no busca desmontar la estructura existente, sino estabilizarla antes de reformarla. Propone un plan de choque a cien días para inyectar recursos, destrabar cirugías represadas, garantizar medicamentos y ponerse al día con hospitales, clínicas, médicos y enfermeras.
También plantea mantener las EPS que demuestren resultados, con auditorías permanentes y límites estrictos a los gastos administrativos, junto a una estrategia de lucha contra la corrupción para que los recursos lleguen a los pacientes.
La diferencia va mucho más allá de las EPS. Un modelo apuesta por concentrar funciones en el Gobierno. El otro busca corregir fallas y exigir resultados sin eliminar la participación de quienes han demostrado capacidad para prestar servicios.
Vale la pena recordar que Colombia ya vivió un modelo en el que el sector público era el principal prestador de los servicios de salud. Se llamaba Seguro Social. Para millones de colombianos fueron años de largas filas, demoras y burocracia para acceder a una cita, una cirugía o un tratamiento, donde con frecuencia las soluciones dependían de un político o de un favor. Esa experiencia explica por qué muchos rechazan una mayor concentración de funciones y recursos en el Gobierno.
La Constitución de 1991 entendió que la cobertura universal y la calidad requerían un modelo mixto. Los artículos 48 y 49 permiten la participación de actores públicos y privados, bajo la dirección, regulación y vigilancia del Gobierno. Ese equilibrio no fue un accidente: fue una decisión deliberada del constituyente.
La discusión no debería centrarse en si el prestador es público o privado, sino en que existan reglas claras, supervisión efectiva, transparencia y resultados. Lo que debe importar es quién atiende mejor a los colombianos, no quién administra el servicio.
La pregunta es sencilla: ¿profundizar el modelo del actual Gobierno, o corregir el rumbo antes de que la crisis siga deteriorándose?
Por eso, hoy votaré por Abelardo de la Espriella. Colombia necesita recuperar la estabilidad del sistema, garantizar medicamentos, fortalecer hospitales y clínicas y corregir lo que no funciona, no profundizar una estrategia cuyos resultados ya están a la vista.
La ideología no puede estar por encima de la razón, de la evidencia ni de los resultados. Mucho menos cuando estamos hablando de vidas humanas. Los pacientes que hoy esperan un medicamento, una cita o una cirugía no necesitan más discursos. Necesitan soluciones.