Por Ambientarte Radio 
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por diez años impuesta al subintendente Yimy Rodríguez Bolívar, adscrito a la Estación de Policía de Arcabuco, Boyacá, por una conducta indebida de naturaleza sexual cometida contra una menor de edad.
Según estableció el organismo de control, los hechos ocurrieron cuando el uniformado se desempeñaba como gestor de Participación Ciudadana y la víctima, una adolescente de 15 años, realizaba actividades de servicio social dentro de las instalaciones policiales.
Durante la investigación disciplinaria, la Procuraduría logró comprobar que Rodríguez Bolívar realizó tocamientos a la menor mientras ella cumplía con sus labores, conducta que fue considerada una grave vulneración de sus deberes como servidor público y miembro de la Policía Nacional.
Al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa, la Entidad analizó los argumentos relacionados con presuntas irregularidades procesales, insuficiencia probatoria y una supuesta vulneración al debido proceso. Sin embargo, concluyó que la actuación disciplinaria se desarrolló conforme a la normatividad vigente y que las pruebas fueron valoradas de manera integral bajo los principios de la sana crítica.
La Procuraduría señaló que los elementos probatorios recopilados durante el proceso permitieron establecer con claridad la responsabilidad disciplinaria del uniformado, razón por la cual decidió mantener en firme la sanción impuesta en primera instancia.
En su decisión, el ente de control calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, considerando la naturaleza de los hechos y la condición de autoridad del funcionario involucrado.
La sanción ratificada corresponde a la impuesta inicialmente por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento No. 1 del Departamento de Policía Boyacá, decisión que ahora queda ejecutoriada tras el pronunciamiento de segunda instancia.
La Procuraduría reiteró que continuará ejerciendo vigilancia sobre la conducta de los servidores públicos y promoviendo acciones encaminadas a garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como el cumplimiento de los principios éticos y disciplinarios que rigen el ejercicio de la función pública.
Con esta decisión, el organismo de control reafirma su compromiso con la lucha contra cualquier forma de violencia o vulneración de derechos, especialmente cuando involucra a menores de edad y a funcionarios encargados de velar por la seguridad y protección de la ciudadanía.