Por Ambientarte Radio 
La campaña del candidato del oficialismo, Iván Cepeda, ha inventado que Abelardo de la Espriella va a reducir 700.000 empleos si llega a la Presidencia, lo cual no es cierto. De ahí surge un análisis obligado sobre las verdaderas intenciones de quienes hoy gobiernan y su profunda desconexión con la realidad laboral del país.
Primero, ¿de dónde sacan esa cifra? La campaña de la oposición jamás ha dicho algo semejante. Lo que se ha planteado de manera clara y contundente es la necesidad de tener un Gobierno más eficiente y menos derrochador. Pero el oficialismo prefiere apelar al miedo y al libreto populista antes que dar un debate con altura y datos reales.
La realidad es que, mientras asustan con mentiras, han generado más de 9 billones de pesos en contratos de prestación de servicios, una cifra escandalosa que demuestra que para este Gobierno el empleo no es una prioridad de fondo, sino una herramienta de clientelismo. Eso no es empleo formal ni empleo de calidad. Una política de empleo seria no puede ser una estrategia en la que el Gobierno se convierta en una máquina electoral, donde los puestos y los contratos sirven para favorecer a los amigos del poder y no para el bienestar del pueblo. No se puede aumentar el gasto público para darle mermelada al elector con el único fin de quedarse en el poder.
Esto resulta aún más grave si se considera que una de las grandes propuestas de campaña de Gustavo Petro fue, precisamente, acabar con esos contratos de prestación de servicios bajo el argumento de que violaban los derechos laborales. Prometieron dignificación, pero terminaron multiplicando una modalidad precaria en la que hay personas que llevan hasta diez años en una misma entidad pública, firmando contratos cada tres o cuatro meses y sin protección laboral. El engaño es absoluto.
Lo más absurdo es que la senadora Angélica Lozano acusó públicamente a la representante más fuerte del oficialismo, María Fernanda Carrascal, de haber roto el quórum cuando se discutía en el Congreso esta importante iniciativa para formalizar a los trabajadores. Lo que se demuestra es que este Gobierno es mucho bla-bla-bla y muy poca acción.
Aquí la pregunta de fondo es cómo se combate el desempleo. Sobre las reformas sociales hay que ser claros: la oposición está de acuerdo con que se hagan, pero cuando son pensadas, planeadas y basadas en elementos técnicos. Cuando las reformas son puramente populistas, pueden maquillar el problema a corto plazo, pero a largo plazo traen consecuencias nefastas.
El ejemplo perfecto es la reforma laboral, sobre la cual la exministra Ramírez dejó claro, una y otra vez, que no era una reforma para crear empleo. Es un proyecto ciego, que no diferencia entre empresas de grandes utilidades y las pymes, que son las que sostienen la economía y no aguantan más cargas fiscales.
De esta improvisación destructiva ya hay advertencias cumplidas. La oposición advirtió con firmeza que las disposiciones de la reforma laboral iban a afectar directamente la contratación de los aprendices del SENA. El oficialismo no hizo caso; prefirió arremeter contra los empresarios y acusar a la oposición de “odiar a los jóvenes”. Hoy el tiempo le dio la razón a la oposición: ya salió la cifra que demuestra que 8.000 empresas en el país prefirieron pagar la multa antes que contratar a los aprendices. ¡Dicho y hecho! El radicalismo del Gobierno terminó dejando a miles de jóvenes sin su primera oportunidad laboral.
Hoy, el malestar de esa lucha de clases que el Gobierno ha implantado se nota en la calle. Han querido tratar al empresariado como si fuera un montón de maleantes, destruyendo la confianza inversionista. El próximo presidente debe ser creativo y entender que el desempleo no se soluciona inflando el gasto oficial ni agrandando el Estado de manera irresponsable. Se necesita una política pública que dinamice la economía y trabaje de la mano con los empresarios para revertir la oscura cifra de informalidad laboral que hoy se ubica en el 55,1 %, según el DANE. Ese porcentaje representa a 13,3 millones de personas que no tienen prestaciones sociales y de las cuales la gran mayoría jamás se pensionará.
El próximo 21 de junio votaremos por seguir ampliando el gasto público con nuestros impuestos sin que eso represente el bienestar del pueblo, o por un Gobierno que piense en una política pública de empleo de calidad en la que todos ganemos.