Los medios comunitarios y alternativos de Bogotá han lanzado una contundente advertencia a la Alcaldía Mayor, denunciando graves incumplimientos en la distribución de la pauta oficial y la ejecución de recursos. Esta situación, que afecta directamente su sostenibilidad, ha sido formalmente presentada por la Mesa Distrital de Medios.El documento, dirigido al alcalde Carlos Fernando Galán y su gabinete, no solo expone irregularidades, sino que también señala cómo estas decisiones podrían estar vulnerando derechos fundamentales. La libertad de expresión, el acceso a la información y la participación ciudadana están en juego.
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El Marco Legal Ignorado
El marco jurídico colombiano es claro: la Constitución Política, en sus artículos 20, 73, 74 y 40, protege la libertad de prensa, el periodismo y la participación. A nivel distrital, normativas como el Acuerdo 292 de 2007 y el Decreto 149 de 2008 refuerzan el apoyo a la comunicación comunitaria.Más allá, el actual Plan Distrital de Desarrollo (Acuerdo 927 de 2024) obliga a destinar hasta un 10% de la pauta oficial a estos medios, porcentaje que supera el 10% en las localidades. Esta medida busca fomentar la equidad y el pluralismo informativo en la capital.Los medios comunitarios no son solo voces ciudadanas; son también microempresas, parte vital de las industrias culturales y creativas, y actores clave en espacios de participación. Su fortalecimiento es crucial para el desarrollo económico y cultural de Bogotá.
Cifras Alarmantes: ¿Dónde está el Dinero?
Las cifras son alarmantes. En 2024, de los más de 8.200 millones de pesos ejecutados en pauta oficial, solo un ínfimo 0,48% fue para medios comunitarios. Las proyecciones para 2025 no son mejores, augurando un porcentaje aún menor que desafía toda lógica.Esta brecha abismal no solo incumple el Plan de Desarrollo, sino que concentra recursos en medios tradicionales, limitando el acceso equitativo a la información para miles de bogotanos. La sostenibilidad de la comunicación comunitaria pende de un hilo.
¿Censura Indirecta en la Capital?
La baja asignación de recursos podría estar configurando una restricción indirecta a la libertad de expresión, un concepto respaldado por la jurisprudencia constitucional. La libertad de expresión no es solo la ausencia de censura, sino también la igualdad de oportunidades para ejercerla.
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