Por Ambientarte Radio 
OPINION POR: Cristina Plazas Michelsen
La diplomacia de un país suele ser el reflejo de sus valores internos. Por eso, resulta profundamente indignante que Gustavo Petro sea el único presidente de América Latina en salir a defender públicamente a Evo Morales. No estamos hablando de una discrepancia política ordinaria ni de un debate sobre modelos económicos; estamos hablando de un respaldo explícito a un hombre con una orden de captura vigente por trata agravada de personas y la violación de una niña de 15 años durante su mandato, quien además quedó embarazada.
La Fiscalía boliviana ya acumula más de 170 pruebas en su contra, pero el juicio sigue suspendido porque el acusado simplemente se negó a comparecer. En su lugar, Morales prefirió atrincherarse en la región del Chapare —su fortín político y sindical— para evadir la justicia. Para blindar esa huida, sus seguidores han recurrido al chantaje social de los bloqueos viales, los cuales ya superan las dos semanas y desatan una crisis humanitaria que priva a la población de alimentos, medicamentos y combustible; una puesta en escena violenta que trágicamente ya ha cobrado vidas.
El impacto de este respaldo va mucho más allá de la indignación moral; toca directamente la fibra de la estabilidad democrática en el continente. Cuando un mandatario extranjero alienta las vías de hecho, los desmanes y el colapso de los servicios esenciales de otra nación, envía un mensaje peligroso: que la afinidad ideológica está por encima de las leyes y que el caos en las calles es un método válido para extorsionar a las instituciones legítimas. El presidente Rodrigo Paz, con menos de seis meses en el poder, enfrenta una embestida violenta cuyo único y evidente objetivo es garantizarle impunidad a un violador.
Esta actitud evidencia el doble rasero de la izquierda radical. El presidente Petro y sus seguidores se llenan la boca con discursos sobre derechos humanos, banderas feministas y la protección a la infancia; pero, como lo han demostrado desde el primer día, esa supuesta empatía no es más que un libreto vacío de campaña. Nunca ha existido un compromiso real con estos temas; por el contrario, cuando el acusado de un delito aberrante pertenece a sus propias filas, la indignación se convierte en complicidad y defensa a ultranza.
Mientras naciones de diversos espectros políticos —como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos— coincidieron en condenar de forma unánime unos bloqueos que asfixian a la población, Gustavo Petro prefirió alinearse con la infamia. Optó por el blindaje discursivo a Morales, un gesto que el propio exmandatario boliviano no tardó en agradecer públicamente.
Esta absoluta irresponsabilidad ya provocó una vergonzosa e histórica crisis diplomática. Tras las declaraciones de Petro justificando el caos como una supuesta “insurrección popular”, el gobierno boliviano expulsó con total justificación a la embajadora de Colombia en La Paz por una injerencia intolerable en su soberanía. Lejos de asumir una postura de prudencia y respeto, el gobierno de Petro prefirió atizar el fuego respondiendo con la expulsión del embajador boliviano en Bogotá. Un choque absurdo detonado únicamente por el capricho presidencial de lavarle la cara a un aliado político.
¿En dónde carajos quedan entonces las banderas del feminismo gubernamental y la protección a la infancia cuando el acusado es un aliado ideológico? La respuesta es clara: para este gobierno la vida de las niñas es negociable si el victimario comparte su misma orilla.
A Bolivia le reiteramos: el presidente habla por sí mismo, arrastrado por su obsesión ideológica y sus propios intereses, pero jamás por el corazón de los colombianos, que nunca dejaremos de luchar por los niños.
¡Finjan sorpresa!