Por Ambientarte Radio 
En una audiencia que marca un hito en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, el general (r) Mario Montoya compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El excomandante del Ejército, quien estuvo al frente de la institución en 2002, entregó revelaciones contundentes sobre la Operación Orión, ejecutada a finales de octubre de ese año en la Comuna 13 de Medellín.
La confirmación de una alianza oscura Ante el magistrado Alejandro Salazar, Montoya confirmó lo que por años fue objeto de denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos: la participación activa de paramilitares en la operación militar. Según el exoficial, el operativo contó con el respaldo del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, bajo el mando del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’.
La declaración de Montoya no deja lugar a dudas sobre la política de articulación que, según sus palabras, el Ejército mantenía en diversas zonas del país durante el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta confesión golpea directamente la narrativa de la ‘Seguridad Democrática’, al confirmar que la fuerza pública no operaba de manera independiente, sino en coordinada colaboración con grupos al margen de la ley.
Los encapuchados: El punto de quiebre Uno de los momentos más reveladores de la diligencia fue la exposición de pruebas gráficas. Gracias al archivo fotoperiodístico de Jesús Abad Colorado, quedó en evidencia la presencia de hombres encapuchados y vestidos con prendas de camuflaje participando en la toma de la Comuna 13.
Al respecto, Montoya fue tajante: “Si están encapuchados no son soldados”. El excomandante aclaró que estos sujetos solían actuar como «guías» o informantes, personas reclutadas por la propia fuerza pública para labores de inteligencia y misiones específicas, lo que explica la estrecha interacción entre el Ejército y las estructuras paramilitares en el terreno.
Implicaciones para el país La Operación Orión, recordada como una de las intervenciones urbanas más cruentas del conflicto, dejó un saldo trágico de decenas de personas desaparecidas y muertes selectivas. La comparecencia de Montoya ante la JEP es un paso fundamental para que las víctimas obtengan la verdad que les fue negada durante más de dos décadas.
Este testimonio no solo desmantela la versión oficial de la época sobre la autonomía de las fuerzas militares, sino que pone de presente la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos durante el despliegue de la estrategia de seguridad del gobierno de entonces. La JEP continúa con el proceso, buscando esclarecer la responsabilidad de los altos mandos militares y políticos en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Medellín.
1. El fin de la negación: Una verdad histórica
Por más de 20 años, la versión oficial sobre la Operación Orión fue que se trató de una «limpieza» de grupos insurgentes realizada exclusivamente por la fuerza pública. La admisión de Montoya sobre la articulación con paramilitares (el Bloque Cacique Nutibara) valida el relato de las víctimas que durante años fueron tildadas de «mentirosas» o «auxiliadoras de la guerrilla» por señalar lo que ocurría en sus barrios.
La verdad es el primer paso de la reparación simbólica. Escuchar a un excomandante de tan alto rango reconocer la alianza con estructuras paramilitares permite que las víctimas comiencen a cerrar un duelo interrumpido por el estigma.
2. Implicaciones en la «Reparación Integral»
En el marco de la JEP, la reparación no se limita a indemnizaciones económicas, sino que debe ser integral. La declaración de Montoya permite:
- Identificación de los desaparecidos: Al confirmar la presencia de los paramilitares como «guías» y actores armados en el operativo, se abren nuevas rutas de investigación sobre el paradero de quienes fueron llevados a «La Escombrera» o lugares clandestinos de inhumación.
- Esclarecimiento de la cadena de mando: Las víctimas ahora tienen elementos para demostrar ante los jueces que las violaciones a los DD.HH. no fueron «casos aislados» o «errores de soldados», sino una estrategia concertada desde los altos mandos militares.
- Modificación de los procesos judiciales: Esta confesión debilita las defensas de otros implicados, facilitando el avance de procesos que habían estado estancados por la falta de voluntad política de las instituciones de la época.
3. La responsabilidad política detrás de la militar
El impacto trasciende lo penal. Al desmentir la supuesta independencia de la Fuerza Pública en esa época, la declaración de Montoya deja en entredicho la legalidad de los cimientos de la «Seguridad Democrática». Para las familias, esto es fundamental: la reparación pasa por reconocer que el Estado, en lugar de protegerlos, se alió con sus victimarios.
4. Un desafío para la sociedad colombiana
Este proceso obliga a la sociedad a mirar de frente lo que ocurrió en la Comuna 13. La reparación también implica que el país deje de ver el operativo como un «triunfo militar» y lo reconozca como un crimen contra la humanidad. El hecho de que se mencionen las fotografías de Jesús Abad Colorado como prueba, subraya el valor de la memoria gráfica y el papel de la sociedad civil en la construcción de la paz.
El camino a seguir
Para que este impacto se traduzca en una reparación real, las organizaciones de víctimas exigen:
- Diligencias de búsqueda: Que la JEP utilice esta nueva información para ordenar excavaciones y búsquedas técnicas de los desaparecidos.
- Actos de perdón público: Que no solo sean declaraciones en estrados, sino actos de reconocimiento de responsabilidad que involucren al Estado y a los altos mandos involucrados.
- Reformas institucionales: Que estas lecciones sirvan para garantizar garantías de no repetición en la relación entre militares y grupos paramilitares.
El proceso ante la JEP es largo, pero para una madre de la Comuna 13, que un general reconozca que «quienes estaban encapuchados no eran soldados», es un paso gigante para empezar a limpiar el nombre de sus seres queridos desaparecidos.