Carbón ilegal: Decomiso de 100 bultos en Fusagasugá

🪵🔥 Carbón campesino vs. coca del narcotráfico: la doble moral ambiental del Estado colombiano.
«Dolor de Patria y náuseas me provoca este ciclo de mi Colombia enferma».
Mientras el país aplaude la incautación de 100 bultos de carbón vegetal en Fusagasugá, producidos por tres familias campesinas, el narcotráfico continúa devastando miles de hectáreas de selva sin que el Estado actúe con la misma vehemencia ni cobertura mediática.
En pleno 2025, seguimos enfrentando una hipocresía ambiental institucionalizada: se criminaliza la pobreza mientras se tolera el ecocidio de gran escala.

Como siempre piden pruebas pues aquí las tienen, Las cifras de organizaciones nacionales hablan… la coca arrasa, el Estado calla.
Según el más reciente informe de la UNODC y el Gobierno Nacional, en 2023 se alcanzaron 253.000 hectáreas de cultivos de coca, el pico más alto en la historia del país. Para 2024, la cifra apenas se redujo a 230.000 hectáreas activas, aún muy por encima del umbral crítico.
Estos cultivos —que financian guerrillas, narcotraficantes y estructuras criminales globales— generan al año:
Más de 30.000 hectáreas de deforestación directa e indirecta,
Toneladas de químicos y combustibles vertidos en ríos y suelos,

Y una huella de carbono de decenas de millones de toneladas de CO₂.

Todo esto sucede en zonas de alta biodiversidad: la Amazonía, el Guaviare, el Catatumbo, los parques nacionales de Nukak y La Macarena.

¿Y la respuesta del Estado? Tibia, fragmentada, con operativos tardíos, ausencia de presencia institucional y un discurso que suena bien en foros internacionales pero no se traduce en acción real.

Hoy el carbón es un chivo expiatorio de la pobreza rural; los 100 bultos de carbón vegetal incautados recientemente en la vía Sibaté–Fusagasugá representan:
Apenas 3 toneladas de carbón,
Producidas con cerca de 30 toneladas de madera,
Afectando aproximadamente una hectárea de bosque intervenido.

Esta producción —rudimentaria, sin duda— no alimenta estructuras criminales ni redes trasnacionales. Sirve para cocinar, para asados familiares, para ollas comunitarias. Y aunque tiene un impacto ambiental que debe ser regulado, no se puede equiparar al daño masivo que deja el narcotráfico cada año.

Pero como dijo una de las personas afectadas:
> «En tiempos de asados y ollas comunitarias, el carbón es visto como la mejor alternativa. Pero ahora que no lo necesitan, ven a los campesinos como asesinos ambientales. Cuando esté comiéndose la carne asada con papitas el la terraza de su vecino, acuérdese que produjo el fuego para que usted comiera, «doblemoralista.»

⚠️ El problema de fondo: un Estado sin justicia ambiental ni enfoque social

Perseguir a campesinos carboneros mientras se es permisivo con narcos, mineros ilegales y ganaderos que tumban selva para expandir sus dominios, es una política incoherente, cínica y profundamente injusta.

El gobierno nacional ha fallado en:

Ofrecer alternativas energéticas reales a zonas rurales (gas domiciliario, estufas eficientes, biomasa),

Desarrollar vías de legalización y transición productiva para familias históricamente excluidas,

Y sobre todo, en aplicar una política ambiental que castigue a los grandes ecocidas y no a los pobres que sobreviven.

✊🏽 La justicia ambiental comienza con justicia social

No se trata de justificar la tala de bosques, sino de ponerla en contexto, diferenciar entre subsistencia y saqueo, y exigir que el foco de la acción estatal y mediática esté donde debe: en las mafias que lucran con la destrucción del país, no en los campesinos que intentan cocinar con lo que pueden.

Ya basta de shows policiales. Colombia necesita soluciones estructurales, no operativos simbólicos. Si no hay justicia ambiental con enfoque territorial y social, solo seguiremos criminalizando la pobreza mientras el crimen organizado continúa reinando con impunidad.