El acceso al agua potable y al saneamiento básico sigue siendo una deuda pendiente en varias regiones del país. A pesar de los avances en infraestructura y cobertura urbana, miles de comunidades en zonas rurales y periurbanas aún enfrentan dificultades para acceder a estos servicios esenciales, que son la base de la salud pública, el bienestar y el desarrollo económico.
Sin agua segura ni sistemas de alcantarillado funcionales, no hay condiciones mínimas para prevenir enfermedades, mantener la higiene ni impulsar actividades productivas. La falta de estos servicios limita directamente las posibilidades de una verdadera reactivación económica y social en los territorios más vulnerables. En este contexto, la Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, ha resaltado la importancia de fortalecer el papel de los servicios públicos como eje de transformación. En su más reciente columna de opinión, subraya que garantizar el acceso equitativo al agua y al saneamiento es una prioridad que debe ser atendida con inversión, planeación territorial y articulación entre el gobierno nacional y las entidades locales. Las ciudades deben seguir mejorando su capacidad para expandir redes, modernizar plantas de tratamiento y hacer frente a desafíos como el cambio climático, el crecimiento urbano desordenado y la presión sobre las fuentes hídricas. Mientras tanto, en las zonas rurales, se requieren soluciones innovadoras, adaptadas al contexto, y una mayor presencia institucional para cerrar las brechas históricas. Garantizar el acceso al agua y al saneamiento no es solo una meta técnica, sino un compromiso ético con la dignidad humana y el futuro del país.


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