Por Ambientarte Radio 
Productores arroceros del departamento de Casanare se presentaron este martes ante el Senado de la República para denunciar la grave crisis que enfrenta el sector, caracterizada por la inestabilidad en los precios del arroz y una alarmante falta de liquidez que amenaza la viabilidad de sus negocios. Acompañados por la senadora Sonia Bernal Sánchez, vicepresidenta de la Comisión Tercera del Senado, y otros congresistas, los agricultores relataron una situación crítica que los obliga a tomar medidas desesperadas para evitar la quiebra.
Según los testimonios recogidos durante la reunión, el principal problema reside en la negativa de la industria molinera a comprar el grano a los precios regulados por el gobierno. Los arroceros denuncian que se ven forzados a aceptar contratos con precios considerablemente inferiores a los costos de producción, generando pérdidas significativas y una situación de extrema vulnerabilidad financiera. «Nos están obligando a vender a pérdidas, simplemente no podemos seguir así», afirmó uno de los productores durante su intervención, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
La senadora Bernal Sánchez, visiblemente preocupada por la situación, manifestó su compromiso de apoyar a los arroceros de Casanare y de trabajar para que se garantice el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales destinadas a proteger a los productores. «Es inaceptable que la industria molinera se aproveche de la situación de vulnerabilidad de los agricultores, incumpliendo las leyes y generando una crisis que afecta directamente a la seguridad alimentaria del país», declaró la senadora. Añadió que se iniciarán las gestiones necesarias para investigar a fondo las prácticas de la industria y tomar las medidas pertinentes para asegurar que los precios de compra se ajusten a la normatividad vigente.
La falta de liquidez, consecuencia directa de los bajos precios de venta, está impidiendo a los agricultores cubrir sus gastos operativos, incluyendo el pago de insumos, mano de obra y deudas. Muchos productores se ven obligados a reducir su producción o a endeudarse aún más, agravando su situación financiera. La crisis afecta no solo a los agricultores, sino también a las comunidades rurales que dependen de esta actividad económica para su sustento.
Durante la reunión, los arroceros presentaron datos que respaldan sus denuncias, incluyendo registros de precios de compra y venta, así como proyecciones financieras que demuestran la inviabilidad de continuar operando bajo las condiciones actuales. Se espera que la Comisión Tercera del Senado realice una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y proponer soluciones concretas a la problemática. Entre las medidas que se plantean se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de control de precios, la promoción de políticas de apoyo a los pequeños y medianos productores, y la búsqueda de alternativas de comercialización que garanticen precios justos para el grano.
La situación de los arroceros de Casanare refleja la fragilidad del sector agrícola en Colombia y la necesidad de implementar políticas públicas efectivas que protejan a los productores y garanticen la seguridad alimentaria del país. La intervención del Senado es crucial para encontrar una solución a esta crisis y evitar que más agricultores se vean obligados a abandonar sus tierras, con las consecuencias sociales y económicas que ello implica.
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