Afectación a la tranquilidad, la paz y la sana convivencia en la localidad de Bosa.

La Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley del Ruido, fue sancionada el 4 de marzo de 2025 por el Gobierno Nacional, con el objetivo de regular los niveles de ruido en todo el país.

Sin embargo, en la Localidad Séptima de Bogotá, Bosa, muchas comunidades residentes en los sectores residenciales de las cinco UPZ que conforman esta zona se sienten desprotegidas y abandonadas frente al exceso de ruido generado por establecimientos de comercio como bares, tabernas, cantinas, discotecas o los llamados “chiribiqueros”, como los conocen algunos líderes y lideresas del territorio.

Según denuncias de habitantes y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, los derechos a la tranquilidad, la sana convivencia y la paz parecen haberse perdido debido al funcionamiento de estos negocios. Afirman que cada fin de semana se presentan riñas al interior de estos establecimientos, generando inseguridad y afectando la calidad de vida en los barrios.

A pesar de los llamados realizados por las organizaciones comunitarias a los propietarios o administradores de estos locales, la respuesta, en muchos casos, ha sido despectiva: “si no les gusta, que abandonen el barrio”, relatan algunos líderes. Esta situación se agrava por la falta de respuesta efectiva de las autoridades. Varias personas denuncian que, al intentar comunicarse con el número del cuadrante, este está apagado o simplemente no responden. Cuando llaman a la línea 123, la respuesta más frecuente es que «se está gestionando la ayuda», ayuda que, según los vecinos, nunca llega.

En la UPZ Porvenir, la comunidad reconoce algunos operativos liderados por el comandante del CAI Brasilia, pero afirman que no han sido suficientes. Líderes y lideresas que acudieron a este medio de comunicación comunitaria y alternativa —y que solicitaron reserva de su identidad— aseguran que algunos propietarios o administradores de estos establecimientos afirman tener “a la policía en el bolsillo”, lo cual genera una profunda desconfianza hacia la institución. Un testimonio especialmente conmovedor es el de una mujer adulta mayor que vive con su nieta, quien sufre de esquizofrenia, y relata cómo esta situación afecta gravemente su salud emocional y su seguridad.

La comunidad también denuncia que en varias ocasiones han presentado derechos de petición por correo electrónico ante la Alcaldía Local de Bosa, sin obtener respuesta alguna. A esto se suma la invasión del espacio público, con la aparición de casetas de hasta dos pisos que operan sin ningún tipo de control.

Desde este medio de comunicación comunitaria y alternativa hacemos un llamado urgente a las autoridades locales, distritales y nacionales para que tomen cartas en el asunto, atiendan las denuncias ciudadanas y garanticen efectivamente el derecho a la paz, la tranquilidad y la sana convivencia en Bosa.