
Columna de opinión Ambientarte Radio
Por: William Olaya Sarmiento
Fundador de la Corporación wcKintsugi
Colombia se prepara para una nueva jornada de movilización nacional convocada para el próximo 19 de noviembre. Como ocurre cada vez que el país entra en un escenario de protesta, surgen posiciones encontradas, pronunciamientos de dirigentes políticos, llamados a las calles y mensajes que circulan rápidamente por las redes sociales. En medio de ese ambiente, hay una pregunta que considero necesario plantearnos como ciudadanos: ¿estamos tomando posición a partir de información comprobada o estamos reaccionando a lo que otros nos dicen que debemos pensar?
La protesta social es un derecho legítimo y una herramienta democrática. La ciudadanía tiene razones para expresar su inconformidad, exigir respuestas al Gobierno y manifestarse frente a decisiones que considere perjudiciales para sus derechos o sus condiciones de vida. Ese derecho debe respetarse, independientemente de la orientación política de quienes convocan o participan en las movilizaciones.
Sin embargo, ejercer ese derecho también implica una responsabilidad: conocer las razones que nos llevan a salir a la calle.
En las últimas semanas, distintos sectores de izquierda han cuestionado el proyecto de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre sus preocupaciones han mencionado posibles incrementos tributarios, modificaciones en las cotizaciones al sistema de salud, reducción de contratos de prestación de servicios, venta de activos públicos y cambios en la estructura del Estado. Son asuntos importantes que merecen discusión pública, porque pueden tener consecuencias sobre los trabajadores, las familias, las instituciones y la prestación de servicios.
Pero el debate no puede quedarse en los titulares ni en las declaraciones de los dirigentes.
El pasado 15 de noviembre, durante su alocución sobre los primeros cien días de Gobierno, el presidente anunció que no impondría IVA a los productos de la canasta familiar ni promovería nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. También habló de estudiar una posible reducción de la tarifa general del IVA y de mantener los esfuerzos de austeridad y reorganización del gasto público.
Este pronunciamiento modifica parte del escenario que se había presentado en los días anteriores. Algunas de las críticas que motivaron la convocatoria a la movilización deben revisarse a la luz de ese anuncio. Eso no significa que hayan desaparecido todas las preocupaciones ni que el Gobierno haya resuelto los cuestionamientos. Significa, sencillamente, que la ciudadanía debe actualizar su información y distinguir entre lo que inicialmente se propuso, lo que posteriormente se anunció y lo que finalmente se convierta en una decisión formal.
Hay una diferencia importante entre un proyecto de ley, un anuncio presidencial y una norma aprobada. Confundir esos tres momentos puede llevarnos a defender causas sobre afirmaciones que ya cambiaron o a rechazar decisiones que todavía no han sido adoptadas.
Tampoco sería responsable asumir que, porque un dirigente político denuncia una situación, esta se convierte automáticamente en una verdad incuestionable. Esto aplica para los líderes de izquierda, para los de derecha, para los funcionarios del Gobierno y para cualquier persona que tenga influencia sobre la opinión pública. Ningún sector político tiene el monopolio de la verdad ni está exento de equivocarse, exagerar o presentar la información desde sus propios intereses.
De la misma manera, tampoco debemos aceptar sin examen las explicaciones del Gobierno. Los anuncios de austeridad deben traducirse en resultados verificables. Si se habla de reducir el gasto público, es necesario saber dónde se harán los recortes, qué servicios podrían verse afectados y cómo se garantizará que las personas más vulnerables no terminen pagando las consecuencias. Si se plantea vender activos del Estado, debe explicarse cuáles, bajo qué condiciones y con qué propósito. Y si se anuncian resultados en materia de seguridad, estos deben acompañarse de información que permita evaluar su impacto real en los territorios.
La responsabilidad de informar no corresponde únicamente a los medios de comunicación. También es nuestra como ciudadanos. Antes de compartir una publicación, repetir una denuncia o sumarnos a una convocatoria, conviene buscar el documento original, consultar distintas fuentes, revisar las fechas y preguntarnos quién está haciendo la afirmación y con qué pruebas la respalda.
No se trata de descalificar a quienes convocan la movilización ni de defender al Gobierno. Se trata de evitar que la polarización termine convirtiéndonos en repetidores de discursos ajenos. Una democracia necesita ciudadanos capaces de cuestionar tanto a quienes gobiernan como a quienes pretenden representarlos desde la oposición.
El país tiene problemas reales que no pueden ocultarse detrás de las disputas partidistas: dificultades económicas, inseguridad en distintas regiones, necesidades en salud y educación, desempleo, desigualdad y desconfianza institucional. Esos asuntos merecen respuestas concretas, no promesas vacías ni confrontaciones que terminen dividiendo todavía más a las comunidades.
Por eso, mi invitación frente a la jornada del 19 de noviembre es sencilla: quien decida marchar, que lo haga informado, con convicción y de manera pacífica; quien decida no participar, que tampoco descalifique a quienes ejercen ese derecho. Y todos, sin excepción, debemos conservar la capacidad de escuchar, preguntar, contrastar y rectificar cuando los hechos demuestren que estábamos equivocados.
La protesta puede ser una expresión legítima de inconformidad, pero la desinformación nunca debería convertirse en su fundamento. Antes de tomar acciones de hecho, debemos comprender qué estamos rechazando, qué estamos exigiendo y cuáles pueden ser las consecuencias de nuestras decisiones.
Como ciudadanos, no estamos obligados a pensar igual que los dirigentes políticos. Estamos llamados a pensar por nosotros mismos.
La democracia no se fortalece cuando seguimos ciegamente a un sector político; se fortalece cuando tenemos criterio para exigirle cuentas a todos.

