Por Ambientarte Radio 
por: Cristina Plazas Michelsen
Los bolsillos de los colombianos no aguantan un solo impuesto más. Con cada reforma, nos exigen a los ciudadanos ajustar las cuentas y apretarnos el cinturón, mientras los gobernantes y los políticos de turno siguen despilfarrando en una burocracia costosa, montada para pagar favores. Por eso, toca revisar a fondo los organismos de control, empezando por quienes deben vigilar el manejo de nuestros recursos: las contralorías.
Hablemos de las 66 contralorías territoriales del país. El problema empieza desde el origen: ¿quién elige a los contralores? Los mismos políticos a quienes deben vigilar. Las asambleas eligen a los departamentales y los concejos a los municipales. En muchos casos, el vigilante termina respondiéndole a quien lo puso en el cargo.
El tamaño de este aparato es inaudito. Solo la Contraloría de Bogotá tiene un presupuesto de $287.490 millones para 2026, y es apenas una muestra. Un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), «El problema de las contralorías regionales en Colombia», revisó las 32 departamentales y encontró una ineficiencia escandalosa: entre 2019 y 2023 gastaron $858.067 millones en funcionamiento y apenas recuperaron $53.635 millones por responsabilidad fiscal. Una efectividad cercana al 6%. Funcionar les costó 16 veces más de lo que lograron recuperar.
Los resultados de las investigaciones son igual de lamentables. De 12.469 procesos analizados, solo 1.253 llegaron a fallo definitivo: el 10%. La Contraloría de Chocó gastó cerca de $15.000 millones en funcionamiento entre 2019 y 2023 y recuperó $38 millones. Las de Vichada y Guaviare casi no tienen fallos con responsabilidad fiscal. Muchas de estas entidades se volvieron fortines políticos donde la impunidad es la regla.
El panorama nacional no mejora. El contralor general lo elige el Congreso y no se salva de la política. Varias contralorías delegadas terminan en manos de congresistas a cambio de su voto, una descarada repartija burocrática. La entidad maneja un presupuesto anual de 1,45 billones de pesos y, según el balance de gestión 2022-2026 divulgado en agosto de 2026, reportó resarcimientos al patrimonio público por $4,41 billones en cuatro años: cerca de $1,1 billones por año. ¿Se justifica una estructura tan costosa y politizada?
Esto tiene que cambiar. Hay que eliminar las contralorías territoriales y concentrar el control fiscal en una Contraloría General más pequeña, técnica e independiente. Además, al contralor general no lo puede elegir el Congreso. Debe llegar por concurso de méritos, sin cuotas ni favores de los congresistas a los que después tiene que vigilar.
Para lograrlo, es necesario reformar la Constitución, pero sabemos que los congresistas no van a matar la gallina de los huevos de oro. Por eso, el camino debe ser un referendo o una iniciativa del Gobierno acompañada de una gran movilización nacional que consiga nuestro respaldo como ciudadanos. Debemos ser los colombianos quienes presionemos al Congreso para acabar con esta burocracia y lograr una verdadera reforma del control fiscal. Nuestra plata no puede seguir yéndose en sostener la politiquería.
Hoy en día, la inteligencia artificial ya permite cruzar contratos, giros y contratistas para detectar irregularidades en tiempo real, antes de que se pierda el dinero. Es un hecho: se puede vigilar mejor con menos gente y, sobre todo, con menos politiquería.
El control fiscal hoy es una vergüenza. ¡No más impuestos para sostener burocracia y politiquería! Es hora de una reforma estructural de verdad.