La persistencia de la violencia de género y la incapacidad social e institucional para neutralizar el acoso obsesivo volvieron a traducirse en una tragedia irreparable en el departamento de Santander. En hechos ocurridos a pleno mediodía del domingo 1 de noviembre en el kilómetro 2 de la vía que conecta a San Gil con el Socorro, a la altura del municipio de Pinchote, Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años, fue víctima de un ataque letal con arma cortopunzante mientras cumplía con su jornada laboral en un establecimiento comercial de la zona.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos y las declaraciones entregadas por testigos presenciales, el presunto agresor, un hombre de 63 años, venía ejerciendo un asedio sistemático sobre la víctima con la intención de entablar una relación sentimental. Ante las reiteradas negativas de la joven, quien mantenía una vida sentimental independiente y enfáticamente rechazaba sus pretensiones, el sujeto irrumpió en su sitio de trabajo y perpetró el ataque impulsado por una lógica de posesión violenta. Pese a que Paula fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en San Gil, la gravedad de las lesiones le causó la muerte, mientras que el señalado agresor fue interceptado por la Policía Nacional tras intentar huir del sector.

La lógica de la posesión y el acoso: Radiografía del riesgo contra las mujeres

La sociología del género y la prevención del delito, el femicidio de Paula Carley Coca Murcia expone manifestaciones de extrema gravedad sobre los patrones de dominación patriarcal:

  • La cosificación y negación de la autonomía: La frase atribuida al agresor antes del ataque condensa la estructura mental del femicida, donde la negativa de una mujer a acceder a pretensiones afectivas es asumida como un agravio que invalida su derecho a la vida.
  • Vulnerabilidad en entornos cotidianos y laborales: El hecho de que la agresión se consumara en el lugar de trabajo de la víctima evidencia la indefensión de las mujeres frente al acoso obsesivo, el cual suele desbordar el ámbito privado para irrumpir en espacios de acceso público.
  • Tronchamiento de proyectos de vida e idoneidad frustrada: Paula se había graduado recientemente como tecnóloga en Investigación Policial y aspiraba a ingresar a las filas de la Policía Nacional. Su crimen no solo destruye un proyecto personal y profesional en formación, sino que refleja la pérdida de vidas jóvenes capacitadas para aportar al desarrollo institucional del país.

Retos para la ruta de atención, la tipificación y la sanción penal

Lo sucedido en Santander evidencia la rápida reacción de la fuerza pública para materializar la captura del sospechoso; no obstante, plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las alertas tempranas frente al acoso no consentido.

Para garantizar la aplicación de una justicia severa y prevenir nuevos episodios de violencia machista, las instituciones judiciales y las autoridades territoriales enfrentan prioridades estratégicas:

  1. Tipificación rigurosa bajo la ley de feminicidio: Garantizar que la Fiscalía General de la Nación adelante la imputación de cargos bajo el delito de feminicidio agravado, considerando las circunstancias de indefensión de la víctima y el antecedente de acoso obsesivo.
  2. Fortalecimiento de denuncias por asedio y hostigamiento: Crear mecanismos ágiles para que las mujeres puedan reportar conductas de persecución afectiva no deseada sin necesidad de que medie una relación de pareja previa con el agresor.
  3. Articulación regional de rutas de protección: Coordinar a las alcaldías de la provincia de Guanentá con la Policía y las Comisarías de Familia para hacer un seguimiento estricto a las amenazas o conductas persecutorias en municipios pequeños y zonas rurales.

El crimen de Paula Carley Coca Murcia en Pinchote ha generado una profunda ola de indignación que trasciende las fronteras del departamento de Santander. Su trágico deceso es un recordatorio urgente de que la decisión de una mujer sobre su propia vida y sus afectos no puede seguir siendo pagada con la muerte. Responder al clamor de justicia de la comunidad exige que el sistema penal actúe con la máxima severidad e inflexibilidad, y que la sociedad en su conjunto condene sin ambigüedades cualquier manifestación de acoso o posesión violenta.