Por Ambientarte Radio 
Conflicto en Ciudad Verde: vendedores denuncian hostigamientos
Una creciente oleada de denuncias ha surgido en el sector de Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, donde diversos vendedores ambulantes han reportado ser víctimas de presuntas amenazas, intimidaciones y daños materiales a sus puestos de trabajo. Según los testimonios recolectados, la problemática se centra en una disputa territorial con otros comerciantes establecidos en la zona, quienes argumentan que la presencia de los vendedores informales afecta sus niveles de ventas y la movilidad de los peatones en los corredores comerciales del sector.
Los afectados, que dependen diariamente de la venta de productos básicos y alimentos para el sustento de sus familias, han expresado su preocupación ante el escalamiento de las tensiones. Aseguran que, durante las últimas semanas, han sido objeto de agresiones verbales y, en casos más graves, de la destrucción de mobiliario improvisado utilizado para exhibir sus mercancías, lo que pone en riesgo su estabilidad económica en un momento de alta vulnerabilidad financiera.
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La lucha por el espacio público en Soacha
El fenómeno del uso del espacio público es una problemática histórica en Soacha, un municipio que ha crecido de manera acelerada y desordenada. Ciudad Verde, al ser uno de los proyectos de vivienda de interés social más grandes del país, concentra una alta densidad poblacional, lo que convierte cada metro cuadrado de acera en un activo de alto valor comercial. Esta presión demográfica genera un choque directo entre quienes buscan el sustento a través de la informalidad y los establecimientos comerciales formales que pagan impuestos y arriendos.
Los vendedores ambulantes señalan que su labor no es una elección de capricho, sino una necesidad ante la falta de oportunidades laborales formales en la región. Argumentan que, lejos de ser un problema para la comunidad, brindan un servicio de conveniencia a los residentes del sector. La disputa actual, sin embargo, ha superado los límites de la convivencia, derivando en actos de intolerancia que han requerido la atención de las autoridades locales para evitar que la situación escale hacia confrontaciones físicas de mayor magnitud.
Ausencia de mediación y diálogo
Uno de los puntos críticos que destacan los denunciantes es la falta de espacios de concertación efectivos. Aunque han solicitado la intervención de la alcaldía municipal y de la Policía Nacional para garantizar su derecho al trabajo, sienten que las medidas tomadas hasta el momento han sido insuficientes o puramente represivas. La ausencia de un plan de reubicación o de una política clara de convivencia ciudadana ha dejado a ambos grupos en una posición de confrontación constante, donde el diálogo parece haber sido sustituido por la amenaza y la coacción.
Por su parte, los comerciantes formales sostienen que el espacio público debe estar despejado para permitir el flujo seguro de los ciudadanos y el cumplimiento de las normas urbanísticas. Esta postura es respaldada, en ocasiones, por las administraciones de los conjuntos residenciales, que ven en la ocupación de las aceras una disminución en la plusvalía y en la seguridad de sus entornos. No obstante, las organizaciones de vendedores insisten en que existe un derecho fundamental al trabajo que debe ser equilibrado con las normas de convivencia.
Impacto socioeconómico y el futuro de la informalidad
La situación en Ciudad Verde refleja una crisis más profunda: la informalidad laboral en Colombia. Cuando el mercado formal es incapaz de absorber la mano de obra disponible, la calle se convierte en la única alternativa de supervivencia para miles de personas. Las amenazas contra estos trabajadores no solo afectan su economía individual, sino que debilitan el tejido social de una comunidad que apenas se está consolidando. El miedo a represalias ha llevado a muchos vendedores a desplazarse a zonas menos transitadas, reduciendo drásticamente sus ingresos diarios.
Expertos en urbanismo sugieren que la solución no reside en desalojos forzosos ni en la persecución, sino en la creación de ferias itinerantes, mercados populares organizados o zonas designadas donde el comercio informal pueda coexistir con el formal bajo reglas claras. Sin una intervención integral que contemple el componente social y no solo el aspecto policial, los conflictos en Ciudad Verde persistirán, amenazando la paz y la seguridad de todos los residentes del sector.
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El llamado de los vendedores es claro: exigen respeto por su actividad y garantías de seguridad para poder trabajar en un ambiente libre de violencia. La respuesta de las autoridades será determinante para definir si Ciudad Verde se encamina hacia un modelo de convivencia integrada o si continuará sumida en una disputa que solo genera división y pérdidas para todos los involucrados.
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