¡Colombia está a punto de presenciar un cambio sin precedentes! Tras más de siete meses de intensas negociaciones, se ha sellado un acuerdo histórico que redefinirá la relación entre la protección ambiental y el desarrollo rural. Este pacto, gestado en Tunja, Boyacá, promete armonizar la vital conservación de nuestros páramos con el bienestar de las comunidades campesinas.El Ministerio de Ambiente, junto con el de Agricultura y la Gobernación de Boyacá, lideraron un diálogo crucial con la Federación Nacional de Parameros. El objetivo era cumplir los acuerdos de la movilización campesina de 2025, sentando un precedente para la gestión ambiental y social del país.
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Este espacio de concertación, que reunió a múltiples entidades y organismos garantes, reafirmó el diálogo como herramienta fundamental para construir consensos duraderos. Se lograron avances significativos en la gestión de los ecosistemas de páramo y el cuidado de las Reservas Forestales, asegurando la participación activa de campesinos y otros actores sociales.

Un Giro Histórico: La Resolución que Cambia Todo
El punto clave de este acuerdo es la propuesta para derogar la controvertida Resolución 1275 de 2014. Esta norma, criticada por su falta de participación, será transformada para reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, esencial para la sostenibilidad de nuestros territorios.La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, calificó este progreso como «histórico». Afirmó que la nueva propuesta abre oportunidades reales, como el acceso a crédito para la producción campesina, marcando un antes y un después en la relación Gobierno-comunidades, basada en la concertación y el respeto mutuo.
El Futuro de los Páramos: Delimitación Participativa y Protección
Respecto a la Resolución 1405 de 2018, que delimita el páramo Sierra Nevada del Cocuy, el Gobierno anunció un proceso de estudio para una delimitación completamente participativa. Esto garantizará los derechos de las comunidades locales y del ancestral pueblo U’wa, adhiriéndose a los más altos estándares nacionales e internacionales.La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas, enfatizó la necesidad de soluciones que respeten la realidad territorial. Su visión es que el campesinado continúe su labor vital como garante de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del país.No obstante, se ratificó que la revocatoria de la Resolución 1405 de 2018 no es viable. Razones jurídicas y ambientales de peso, como la protección de ecosistemas, procesos judiciales en curso y el reconocimiento del territorio ancestral U’wa ‘Zizuma’, impiden tal acción.
Acuerdos Clave para el Desarrollo Rural Sostenible
Un logro trascendental fue el consenso sobre una propuesta de zonificación innovadora. Esta contempla cuatro categorías de manejo ambiental y, crucialmente, excluye de su aplicación a los páramos ya delimitados, resguardos indígenas, territorios colectivos y áreas protegidas del SINAP.Otros acuerdos relevantes incluyen el fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, reconociendo su rol en la economía, la seguridad alimentaria y la conservación. También se prohibirá la minería en la Reserva Forestal del Cocuy, permitiendo solo la minería de subsistencia de arrastre bajo condiciones muy específicas.Además, se eliminó el carácter ‘transitorio’ en ciertos apartados de la normativa propuesta, otorgando así mayor estabilidad jurídica y certidumbre a las comunidades y proyectos futuros.
Un Compromiso que Transforma el País
El acuerdo también ajustó la redacción normativa, precisando el mínimo vital rural y la urgente necesidad de armonizar la regulación ambiental con la realidad social, económica y cultural de nuestras comunidades. Es un paso gigante hacia una legislación más justa y efectiva para todos.Al finalizar el encuentro, todas las partes reafirmaron su compromiso inquebrantable de seguir construyendo soluciones colectivas. El objetivo es claro: equilibrar la protección de los ecosistemas estratégicos con un desarrollo rural verdaderamente sostenible, un modelo que beneficie a cada colombiano.El Ministerio de Ambiente enfatizó que estos acuerdos son el reflejo del compromiso del Gobierno con la participación, la transparencia y la dignificación del campesinado. La ministra Vélez Torres sentenció un mensaje potente que resuena en toda Colombia: «Este Gobierno no dará un paso atrás en la defensa de los derechos del campesinado, de los pueblos indígenas y de los ecosistemas estratégicos del país».
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