Por Ambientarte Radio 
Desde el año 2022, el Estado colombiano habría tenido conocimiento detallado sobre las operaciones de narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, según una investigación de la revista Cambio, estos documentos de inteligencia habrían sido ignorados, y el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro optó por suspender las capturas y otorgar estatus político al grupo armado, una decisión que ha generado controversia.
La investigación de Cambio, basada en informes de inteligencia inéditos, revela cómo se habría estructurado la rama narcotraficante del ELN. Estos documentos, que habrían quedado en el olvido, apuntan incluso a una posible ayuda de gobiernos extranjeros en la consolidación de estas redes ilícitas. La información detalla la magnitud y el alcance de las actividades criminales del grupo guerrillero.
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Implicaciones de la Paz Total
La estrategia de «paz total» implementada por el Gobierno de Gustavo Petro ha sido objeto de análisis crítico. La decisión de suspender órdenes de captura contra miembros del ELN y de avanzar en negociaciones de paz, a pesar de la información sobre sus actividades ilícitas, ha sido señalada como un factor que pudo haber facilitado el fortalecimiento de sus redes criminales.
Expertos en seguridad y analistas políticos han expresado preocupación por cómo estas decisiones podrían impactar la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en diversas regiones del país. Mientras el gobierno busca una salida negociada al conflicto armado, la capacidad operativa del ELN en actividades ilícitas parece haberse mantenido, e incluso fortalecido, según algunos informes.
Críticas del Gobierno a la Justicia
En medio de este escenario, el presidente Gustavo Petro ha concentrado sus críticas en la supuesta lentitud judicial y en la Fiscalía General de la Nación. El mandatario ha cuestionado la eficacia de las instituciones judiciales en la persecución de la criminalidad, lo que ha generado un debate sobre la responsabilidad y la coordinación entre los diferentes poderes del Estado en la lucha contra el crimen organizado.
Este cruce de acusaciones subraya las tensiones existentes entre el poder ejecutivo y el judicial, mientras la opinión pública espera respuestas claras sobre la efectividad de las estrategias de seguridad y paz para el país.
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