Por Ambientarte Radio 
La violencia no siempre deja marcas físicas visibles. A menudo, se esconde tras una fachada de ‘ayuda’ o ‘cuidado’, manifestándose a través del control, el chantaje y la dependencia. Hablamos de la violencia económica y patrimonial, una de las agresiones más insidiosas y naturalizadas que sufren las mujeres.
Aunque silenciosa, su impacto es devastador: socava la independencia, la capacidad de decisión y la autonomía, dejando cicatrices profundas en la vida de quienes la padecen. Es crucial entender que la violencia económica no es ayuda ni cuidado: es control, chantaje y dependencia.
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¿Qué es la Violencia Económica y Patrimonial?
La legislación colombiana, a través de la Ley 1257 de 2008, la define claramente como “cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política”.
Esta forma de agresión se manifiesta de diversas maneras, todas ellas dirigidas a limitar la libertad y autonomía de la mujer. Algunos ejemplos incluyen:
- La privación de los medios esenciales para la subsistencia.
- La exclusión de las decisiones económicas del hogar.
- La obligación de entregar el salario o ingresos personales.
- La prohibición de estudiar o trabajar, impidiendo así el desarrollo de autonomía económica.
- La retención, destrucción o apropiación de bienes y objetos personales por parte de la pareja.
La Cruda Realidad en Cifras
La magnitud de este problema es alarmante. Solo entre enero de 2024 y septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de la Mujer ha registrado un total de 20.100 atenciones relacionadas con la violencia económica.
Es significativo que ocho de cada diez de estas atenciones fueron brindadas a través de canales vitales de apoyo y denuncia, como:
- La Línea Púrpura Distrital
- Las Casas de Justicia
- Las Unidades de Reacción Inmediata (URI)
- El Centro de Atención de la Fiscalía (CAF)
Estas cifras no solo evidencian la prevalencia de esta violencia, sino también la crucial labor de las instituciones en la atención y acompañamiento a las víctimas. Reconocer la violencia económica es el primer paso para combatirla y construir un futuro de verdadera igualdad y autonomía para todas las mujeres.
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