Por Ambientarte Radio 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, bajo la dirección de la Ministra Lena Estrada, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia para prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de petróleo y gas, incluyendo la técnica de fracking en todo el territorio nacional.
Esta iniciativa, radicada el 22 de julio de 2025 (Bogotá, 22 de julio de 2025. @Minambientecol), se fundamenta en la necesidad de proteger la vida de las comunidades y la salud de los ecosistemas, ante los riesgos asociados a la fracturación hidráulica.
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La propuesta legislativa se sustenta en una sólida base científica que documenta los impactos negativos del fracking, tales como:
- Contaminación de agua, aire y suelo, con graves consecuencias para la salud humana.
- Consumo excesivo de agua: un solo pozo puede requerir hasta 15 piscinas olímpicas de agua.
- Contaminación de ríos y acuíferos con sustancias químicas tóxicas.
- Generación de residuos peligrosos, incluyendo materiales radiactivos.
- Daños a la agricultura, la ganadería y la biodiversidad.
- Emisión de gases contaminantes, como el metano, exacerbando el cambio climático.
La Ministra Estrada enfatizó que esta ley responde a la demanda ciudadana por la protección del territorio, calificando el fracking como una amenaza a la vida que contamina, enferma y destruye. La Ley Antifracking, según la Ministra, defiende el derecho a una vida sana, a la protección del agua y al respeto por el medio ambiente, promoviendo una economía que priorice la vida y la dignidad de las comunidades.
Estudios internacionales corroboran estas preocupaciones. En Pensilvania (EE.UU.), se detectaron niveles de metano 17 veces superiores a lo normal en pozos cercanos a zonas de fracking. En Nuevo México, investigaciones científicas demostraron el impacto negativo del ruido constante del fracking en los bosques, afectando el crecimiento vegetal y el equilibrio ecológico.
El considerable consumo de agua por pozo, estimado en 44 millones de litros cada 3 a 6 años, representa una presión adicional sobre los recursos hídricos ya vulnerables. Este proyecto de ley responde al clamor de la ciudadanía, la comunidad científica, las organizaciones sociales y las autoridades ambientales, que han alertado sobre los impactos negativos del fracking. Con esta iniciativa, Colombia busca avanzar hacia una transición energética justa y sostenible, priorizando la vida, el agua y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
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