Por Ambientarte Radio 
El legado de La Habana bajo la lupa
A una década de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, el panorama político nacional se encuentra sumido en una profunda polarización. Lo que en su momento fue catalogado como el hito más importante para la estabilidad democrática del país, hoy enfrenta desafíos estructurales que ponen en duda la consolidación de una paz duradera. Las declaraciones recientes del expresidente Juan Manuel Santos, quien lideró el proceso de paz, han encendido las alarmas sobre el tono que ha tomado la actual administración frente al conflicto armado interno.
El exmandatario cuestionó severamente las tácticas de comunicación del actual gobierno, sugiriendo que la ostentación de la fuerza y la exhibición de resultados militares bajo una narrativa de confrontación directa podrían estar enviando señales erróneas a los grupos armados ilegales. Esta tensión dialéctica refleja la fractura existente sobre cómo debe gestionarse el posconflicto y el papel que juegan las Fuerzas Armadas en un escenario que, según los expertos, requiere más institucionalidad que espectáculo mediático.
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El impacto de la retórica en la seguridad nacional
La crítica de Santos se centra en la forma en que se comunican las victorias tácticas. Al señalar que el uso de imágenes de operativos militares como trofeos de guerra podría emular prácticas superadas, el expresidente advierte que el país corre el riesgo de retroceder a dinámicas de violencia que la sociedad civil trabajó arduamente por erradicar. La política de seguridad no solo se mide por el número de bajas o la incautación de material bélico, sino por la capacidad del Estado de recuperar el control territorial mediante la presencia integral de servicios públicos y justicia.
La preocupación de diversos analistas radica en que la militarización del discurso público puede cerrar las puertas a procesos de negociación con nuevos actores criminales. Si el mensaje gubernamental se limita exclusivamente a la aniquilación del enemigo, las posibilidades de someter a las estructuras ilegales a la justicia ordinaria se reducen considerablemente, perpetuando el ciclo de violencia que ha marcado la historia de Colombia durante más de medio siglo.
Desafíos en la implementación de los acuerdos
Más allá de las disputas políticas, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 ha avanzado de forma desigual. Mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado avances significativos en la revelación de la verdad y la reparación a las víctimas, otros puntos como la reforma rural integral y los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito han sufrido retrasos críticos. La falta de una ejecución eficiente de estos pilares ha permitido que disidencias y bandas criminales ocupen los vacíos de poder dejados por las antiguas estructuras guerrilleras.
La comunidad internacional, que ha sido garante y veedora del proceso, ha manifestado su inquietud ante la volatilidad de la situación actual. La persistencia de las zonas de conflicto, especialmente en departamentos como el Cauca, Nariño y Arauca, demuestra que la paz es un proceso inacabado que requiere una voluntad política constante, alejada de las rencillas electorales y enfocada en la protección de las comunidades vulnerables que históricamente han sido las más afectadas.
La memoria histórica y el futuro de la paz
El balance a diez años permite cuestionar si el país ha aprendido de sus errores. La reconciliación, un concepto que parecía alcanzable en 2016, hoy se siente lejano debido a la persistencia de estigmas y la violencia política. Los esfuerzos por preservar la memoria histórica son fundamentales para evitar la repetición de los horrores del conflicto, y cualquier intento de utilizar la guerra como herramienta de marketing político es visto por las organizaciones de derechos humanos como un retroceso peligroso para la democracia.
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En conclusión, el futuro de la paz en Colombia depende de la capacidad del Estado para trascender las narrativas de confrontación y enfocarse en una estrategia de seguridad humana. La estabilidad del país no se consolidará mediante la exhibición de fuerzas, sino mediante la construcción de un tejido social que priorice el diálogo, la justicia y la reparación real a quienes sufrieron la barbarie de una guerra que, diez años después, sigue siendo el mayor desafío nacional.
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