Por Ambientarte Radio 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la garantía de una nutrición balanceada y accesible se mantiene como una asignatura pendiente para millones de hogares en Bogotá y los departamentos que componen su red de abastecimiento. Aunque la región central del país cuenta con un potencial agrícola privilegiado para la producción de hortalizas, tubérculos y frutas, las cifras de inseguridad alimentaria y el costo elevado de una dieta nutritiva evidencian que producir alimentos no es suficiente para asegurar que estos lleguen a la mesa de quienes más los necesitan.
La desconexión entre el campo y la ciudad se refleja en una doble contabilidad diaria. Por un lado, en las fincas de Boyacá y Cundinamarca, los pequeños y medianos agricultores evalúan si el valor de compra en el mercado mayorista cubrirá los costos crecientes de insumos, semillas, mano de obra y fletes de transporte. Por otro lado, en los barrios de la capital, las familias ajustan sus presupuestos para decidir si el dinero disponible alcanza para incluir proteínas, frutas frescas y verduras, o si deben sustituirlos por ultraprocesados y carbohidratos de menor costo pero menor valor nutricional.
La intermediación y la distorsión en la cadena de valor
Desde un análisis económico y distributivo, el recorrido que realiza un producto agrícola desde el cultivo hasta la mesa abarca un complejo entramado de intermediarios, centros de acopio, redes de transporte e infraestructura de comercialización. Esta cadena de intermediación genera distorsiones significativas en los precios finales que terminan perjudicando a ambos extremos de la relación:
- Baja rentabilidad para el productor: A pesar de asumir el riesgo climático, la carga financiera y el esfuerzo físico, quienes cultivan suelen percibir el margen de ganancia más reducido de la cadena, viéndose expuestos a fluctuaciones impredecibles en los precios de venta.
- Costo inasequible para el consumidor urbano: Los fletes logísticos, las mermas por mal manejo poscosecha y los márgenes de reventa inflan el precio final en las plazas de mercado y supermercados, convirtiendo la dieta saludable en un privilegio económico para sectores de ingresos medios y altos.
Inseguridad alimentaria: Un problema de ingresos y acceso
La reflexión impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) bajo premisas de innovación e integración del conocimiento tradicional pone de relieve que la crisis alimentaria no es un problema exclusivo de disponibilidad de insumos, sino fundamentalmente de acceso y equidad económica.
El dilema de la seguridad alimentaria en la región metropolitana exige atender vulnerabilidades estructurales:
- Dependencia del clima y la logística: Las fallas en la infraestructura vial terciaria de los municipios abastecedores encarecen el transporte y provocan pérdidas de alimentos en tránsito, afectando la estabilidad de la oferta en la capital.
- Brecha de poder adquisitivo: Cuando la inflación o el desempleo impactan los ingresos de los hogares vulnerables en Bogotá, el gasto en alimentos de alta calidad nutricional suele ser el primero en recortarse, incrementando las tasas de malnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles.
- Pérdida y desperdicio de alimentos: La falta de tecnología de conservación y almacenamiento adecuado en los centros de acopio regionales causa que toneladas de comida apta para el consumo se pierdan antes de llegar al mercado.
Hacia un modelo de abastecimiento regional sostenible
La problemática demanda trascender las campañas conmemorativas para consolidar políticas públicas de integración regional que protejan tanto al campesinado como a los consumidores urbanos.
Para construir un sistema de abastecimiento eficiente y equitativo se requiere avanzar en:
- Circuitos cortos de comercialización: Fomentar los mercados campesinos directos, las compras públicas locales y la alianzas entre asociaciones de productores y tenderos comunitarios para eliminar intermediarios innecesarios.
- Inversión en infraestructura rural y riego: Mejorar la conectividad vial de las zonas agrícolas de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, dotando a los productores de tecnología para hacer frente al cambio climático.
- Subsidios focalizados y educación nutricional: Promover incentivos para la producción agroecológica y garantizar que los programas de asistencia social distritales incluyan componentes de alimentos frescos provistos por la agricultura familiar.