Por Ambientarte Radio 
POR: UN ATEO MUY CREYENTE.
Una situación denunciada por medios de comunicación comunitaria y alternativa de la localidad de Bosa está generando interrogantes sobre la contratación de operadores, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los medios y los mecanismos de supervisión utilizados por la Alcaldía Local.
Según lo manifestado por representantes de medios comunitarios, existirían obligaciones pendientes relacionadas con servicios de pauta, cubrimientos y difusión institucional contratados para diferentes actividades desarrolladas en la localidad.
Entre los casos señalados aparecen la estrategia Bosa Creadora, ejecutada en diciembre de 2025, cuyo operador habría sido PROMOPRINT S.A.S., y la Rendición de Cuentas 2025, realizada el 25 de abril de 2026, cuyo cubrimiento habría estado a cargo de Proyecta Holding.
La situación plantea una pregunta que va más allá del eventual pago de unas facturas: ¿cómo está funcionando el modelo de contratación mediante operadores en la Alcaldía Local de Bosa y qué controles existen para garantizar que los medios que prestan sus servicios reciban oportunamente el pago correspondiente?
Medios comunitarios: una pieza importante de la comunicación local
Los medios comunitarios y alternativos cumplen una función particular dentro de las localidades de Bogotá.
Su trabajo está relacionado con información de barrios, actividades institucionales, acontecimientos comunitarios, iniciativas ciudadanas y problemáticas que no siempre reciben la misma atención de los grandes medios de comunicación.
En localidades extensas como Bosa, estos medios tienen además una relación directa con sus audiencias.
Conocen los territorios, tienen canales de comunicación establecidos y, en muchos casos, llegan a comunidades específicas mediante redes sociales, páginas web, emisoras, periódicos comunitarios y otros formatos.
Por eso, cuando una entidad pública contrata servicios de comunicación con estos medios, no se trata simplemente de una relación comercial.
También existe una dimensión relacionada con el derecho de las comunidades a recibir información sobre las actividades de su administración local.
El caso de Bosa Creadora
Uno de los asuntos señalados por los medios corresponde a la pauta relacionada con Bosa Creadora, actividad que, según la información entregada por los comunicadores, fue ejecutada en diciembre de 2025.
En este caso aparece como operador PROMOPRINT S.A.S.
Los medios comunitarios manifiestan que realizaron las actividades de difusión o los servicios acordados, pero que existirían pagos pendientes.
Si efectivamente existen servicios prestados, órdenes de servicio, certificaciones o compromisos contractuales sin pagar, surge una pregunta básica:
¿En qué estado se encuentra actualmente el proceso de pago?
La respuesta debería poder establecerse mediante documentos contractuales y administrativos.
No debería depender de rumores, versiones informales o conversaciones entre funcionarios y medios.
Rendición de Cuentas 2025: otro caso señalado
La segunda situación mencionada corresponde a la Rendición de Cuentas 2025 de la Alcaldía Local de Bosa, realizada el 25 de abril de 2026.
De acuerdo con la denuncia de los medios, el operador encargado del cubrimiento sería Proyecta Holding.
Nuevamente, los medios comunitarios señalan que existirían obligaciones pendientes relacionadas con la pauta o los servicios realizados.
Si los servicios fueron efectivamente contratados y ejecutados, el asunto debería poder verificarse mediante las respectivas órdenes, actas, soportes de cumplimiento y cuentas de cobro.
Si, por el contrario, existen razones contractuales o administrativas que expliquen la demora, esas razones también deberían ser comunicadas claramente a los afectados.
La pregunta central: ¿quién responde?
Cuando una entidad pública contrata a un operador para ejecutar una actividad de comunicaciones, aparece una cadena de responsabilidades.
Está la entidad que contrata.
Está el operador que recibe los recursos y administra la ejecución.
Está la supervisión o interventoría, cuando corresponda.
Y están los proveedores o medios que finalmente realizan los servicios.
Para el medio comunitario que presta el servicio, la situación puede resultar especialmente difícil si no recibe el pago oportunamente.
El medio tiene gastos.
Hay periodistas, camarógrafos, fotógrafos, diseñadores, equipos técnicos, transporte, internet, mantenimiento y otros costos de operación.
Una demora en el pago puede afectar directamente la sostenibilidad de organizaciones de comunicación que, a diferencia de grandes empresas, suelen trabajar con presupuestos mucho más limitados.
Contratar un operador no debería significar trasladar el riesgo al medio
Aquí aparece uno de los principales debates.
Las entidades públicas pueden utilizar operadores para desarrollar determinadas actividades y ejecutar contratos.
Pero la existencia de un intermediario no debería convertirse en una barrera para que los proveedores conozcan sus condiciones de pago.
El medio comunitario no debería quedar atrapado entre dos respuestas:
“Pregúntele al operador”.
Y:
“El operador está esperando un trámite de la Alcaldía”.
Cuando existe una cadena contractual, debe quedar claramente establecido quién tiene la obligación de pagar, cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento para resolver una eventual controversia.
¿Qué pasa con la supervisión?
Esta es probablemente una de las preguntas más importantes que debería responder la Alcaldía Local de Bosa.
Si un operador fue contratado para desarrollar una actividad y posteriormente contrató servicios de medios comunitarios, debe existir un mecanismo de seguimiento que permita verificar que las obligaciones fueron cumplidas.
La supervisión contractual no debería limitarse a verificar que se realizó un evento.
También debería contemplar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.
Si los medios prestaron los servicios solicitados, ¿fueron reportados correctamente?
Si fueron reportados, ¿fueron aprobados?
Si fueron aprobados, ¿se tramitaron los pagos?
Si el pago no se realizó, ¿cuál fue la razón?
Y si existe una controversia, ¿cuál es el procedimiento para resolverla?
Estas son preguntas administrativas concretas que deberían tener respuestas documentadas.
¿Por qué contratar operadores que no cumplen?
La pregunta formulada por los medios comunitarios es más profunda.
¿Por qué una entidad pública contrataría operadores que posteriormente tendrían dificultades para cumplir sus compromisos con los proveedores?
Aquí es necesario evitar una conclusión anticipada.
Que existan pagos pendientes no demuestra, por sí mismo, que un operador haya incumplido un contrato.
Puede haber diferentes razones administrativas para una demora.
También puede existir documentación incompleta, cuentas en proceso de revisión, diferencias sobre los servicios efectivamente prestados o trámites presupuestales pendientes.
Pero precisamente por eso resulta indispensable que la Alcaldía y los operadores expliquen qué está ocurriendo.
La falta de información puede alimentar la percepción de que los medios fueron utilizados para cumplir una actividad y posteriormente quedaron sin respuesta.
La contratación pública necesita trazabilidad
Una contratación transparente debe permitir reconstruir fácilmente el camino de los recursos.
Desde la planeación de la actividad hasta el pago final debería existir una trazabilidad documental.
En el caso de las actividades de comunicación, esa trazabilidad debería permitir conocer:
- Qué actividad fue contratada.
- Cuál era su presupuesto.
- Qué operador fue seleccionado.
- Qué obligaciones tenía.
- Qué servicios fueron subcontratados.
- Qué medios participaron.
- Qué servicios prestó cada medio.
- Qué soportes fueron entregados.
- Quién certificó el cumplimiento.
- Qué facturas o cuentas fueron presentadas.
- Cuáles fueron pagadas.
- Cuáles permanecen pendientes.
- Y cuál es la razón de cualquier retraso.
Si esa información existe y está organizada, las controversias pueden resolverse con documentos.
Si no existe claridad, el problema deja de ser solamente financiero y empieza a convertirse en un asunto de confianza pública.
El problema de los pequeños medios
Para un gran proveedor, una demora de algunas semanas puede representar un problema administrativo.
Para un medio comunitario pequeño, puede representar mucho más.
Los ingresos provenientes de contratos de pauta institucional pueden contribuir al pago de periodistas, equipos y gastos básicos de funcionamiento.
Cuando un medio realiza un servicio y debe esperar indefinidamente para recibir el pago, puede terminar financiando indirectamente una actividad pública con sus propios recursos.
Eso plantea una cuestión de equidad contractual.
Las entidades públicas deben procurar que los procesos de contratación no terminen generando cargas financieras desproporcionadas para proveedores pequeños.
¿Dónde queda la comunicación comunitaria?
El debate también debería incorporar una dimensión institucional.
Si Bogotá reconoce la importancia de los medios comunitarios y alternativos, las entidades públicas deberían contar con mecanismos claros para relacionarse con ellos.
No se trata de garantizar contratos a determinados medios.
Se trata de garantizar condiciones transparentes de acceso, contratación, ejecución y pago.
La pauta institucional tampoco debería convertirse en una herramienta para premiar o castigar líneas editoriales.
La relación entre administración y medios debe preservar la independencia periodística.
El Estado puede contratar publicidad o servicios de comunicación, pero eso no debería convertirse en una expectativa de respaldo editorial.
Pauta institucional no es control editorial
Este punto es fundamental.
Los medios comunitarios tienen derecho a recibir información pública y, cuando cumplen los requisitos contractuales, a participar en procesos de contratación.
Pero también tienen derecho a mantener su independencia.
Una relación económica entre una entidad pública y un medio no debería condicionar las noticias que publica.
Del mismo modo, una entidad pública no debería utilizar la asignación de pauta para premiar posiciones favorables ni para castigar críticas.
La transparencia en la contratación es precisamente una de las herramientas para proteger esa independencia.
¿Qué debería explicar la Alcaldía Local de Bosa?
Ante las inquietudes planteadas por los medios comunitarios, sería razonable que la Alcaldía ofreciera información precisa sobre varios puntos.
Primero, cuáles fueron los contratos correspondientes a Bosa Creadora y a la Rendición de Cuentas 2025.
Segundo, qué operadores fueron contratados.
Tercero, cuáles eran sus obligaciones.
Cuarto, qué recursos fueron destinados a las actividades de comunicación.
Quinto, qué medios participaron.
Sexto, cuáles servicios fueron certificados como ejecutados.
Y séptimo, qué pagos están pendientes y cuál es la razón administrativa o contractual de cada demora.
No se trata de señalar culpables sin pruebas.
Se trata de permitir que los ciudadanos puedan conocer cómo se utilizan los recursos públicos.
¿Y qué deberían explicar los operadores?
La responsabilidad tampoco puede analizarse exclusivamente desde la Alcaldía.
Si PROMOPRINT S.A.S. o Proyecta Holding contrataron servicios con medios comunitarios, también resulta legítimo preguntarles por el estado de las obligaciones pendientes.
Los operadores deberían poder informar qué servicios fueron contratados, cuáles fueron recibidos, cuáles fueron aprobados y cuáles se encuentran en proceso de pago.
Si existe algún incumplimiento por parte de los medios, también debería ser informado de manera documentada.
La transparencia debe funcionar en ambas direcciones.
El silencio puede agrandar el problema
Uno de los principales riesgos en situaciones como esta es la falta de información.
Cuando un proveedor no recibe su pago y no obtiene una explicación clara, comienzan a aparecer diferentes versiones.
Unos pueden hablar de problemas presupuestales.
Otros, de problemas administrativos.
Otros pueden sospechar de favoritismos o irregularidades.
Sin documentos, todas esas versiones pueden terminar mezclándose.
Por eso, la mejor respuesta institucional no debería ser el silencio.
Debería ser la información.
¿Existe un problema de contratación o un problema de gestión?
Es importante distinguir dos situaciones.
Una posibilidad es que exista un problema estructural en la forma como la Alcaldía selecciona, supervisa y controla a sus operadores.
Otra posibilidad es que se trate de retrasos puntuales en algunos procesos de pago.
Las dos situaciones son muy diferentes.
La primera requeriría revisar el modelo de contratación y los mecanismos de supervisión.
La segunda podría solucionarse mediante la gestión administrativa correspondiente.
Pero para saber cuál de las dos situaciones está ocurriendo se necesitan documentos y respuestas oficiales.
La contratación pública no termina con la adjudicación
Existe una tendencia a pensar que la transparencia de un contrato se garantiza únicamente al momento de escoger al contratista.
No es así.
La verdadera prueba de una contratación comienza durante su ejecución.
Un operador puede ser seleccionado correctamente y aun así existir problemas durante la prestación del servicio.
Por eso son tan importantes la supervisión, los informes, las actas, los soportes de ejecución y los pagos.
El contrato debe ser monitoreado desde el principio hasta el cierre.
Los medios también necesitan mecanismos de reclamación
Los medios comunitarios que consideren que se les adeudan recursos deberían tener mecanismos formales para reclamar.
Las conversaciones informales pueden ser útiles inicialmente, pero una controversia contractual requiere dejar constancia.
Solicitudes escritas, cuentas de cobro, facturas, certificaciones de cumplimiento, contratos, órdenes de servicio y comunicaciones oficiales pueden convertirse en elementos fundamentales para determinar qué se debe y quién debe pagarlo.
La reclamación documentada protege tanto al medio como al operador y a la propia entidad pública.
El control ciudadano también cuenta
La discusión no debería quedar limitada a los medios afectados y la Alcaldía.
Los ciudadanos tienen interés en conocer cómo se gastan los recursos públicos.
La contratación de comunicaciones institucionales debe responder a necesidades reales de información y debe ejecutarse bajo criterios de transparencia.
La rendición de cuentas pierde parte de su sentido si los ciudadanos conocen cuánto se gastó en una actividad, pero no pueden saber claramente quién recibió los recursos y si todos los proveedores fueron pagados.
Una situación que merece respuestas
Las denuncias de los medios comunitarios de Bosa plantean interrogantes que no deberían resolverse mediante acusaciones anticipadas.
Tampoco deberían ser ignoradas.
Si existen obligaciones pendientes por servicios efectivamente prestados, los afectados tienen derecho a conocer cuándo serán pagados.
Si existen diferencias contractuales, deben explicarse.
Si hubo errores administrativos, deben reconocerse y corregirse.
Y si se demuestra algún incumplimiento por parte de un operador, corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades que correspondan.
¿Qué está pasando con la contratación en Bosa?
La pregunta permanece abierta.
¿Por qué se contratan operadores para ejecutar actividades de comunicación si posteriormente aparecen dificultades para pagar a los medios que participan?
¿Existen controles suficientes sobre esos operadores?
¿La supervisión contractual verifica efectivamente el pago a los proveedores?
¿Hay mecanismos para impedir que los medios comunitarios terminen financiando con sus propios recursos actividades contratadas por el Distrito?
¿Los operadores informan oportunamente a la Alcaldía sobre sus obligaciones con los medios?
¿Y qué medidas se toman cuando existen retrasos?
Responder estas preguntas no implica acusar a una persona o empresa de cometer una irregularidad.
Significa ejercer control ciudadano sobre la contratación pública.
Bosa necesita claridad, no silencio
Los medios comunitarios cumplen una función importante en la vida local.
Informan sobre barrios, actividades institucionales, problemáticas sociales y acontecimientos que hacen parte de la cotidianidad de miles de ciudadanos.
Por eso, cuando denuncian dificultades relacionadas con contratos públicos, la respuesta institucional debería ser clara, verificable y documentada.
La solución no pasa necesariamente por eliminar a los operadores.
Tampoco por contratar directamente a todos los medios.
Pasa por garantizar que cualquier modelo de contratación tenga reglas claras, selección transparente, supervisión efectiva y pagos oportunos.
El verdadero problema sería que nadie responda
Si los pagos están en trámite, los medios necesitan saberlo.
Si existen documentos pendientes, deben conocer cuáles.
Si existen controversias sobre los servicios prestados, deben ser informados.
Si los recursos ya fueron girados al operador, debe existir claridad sobre el destino de esos recursos.
Y si se demuestra que hubo incumplimientos, las autoridades deberán establecer las responsabilidades correspondientes.
Lo que no debería ocurrir es que quienes prestaron un servicio queden durante meses sin una respuesta clara.
La contratación pública tiene una finalidad: utilizar los recursos de todos para cumplir objetivos de interés público.
Cuando intervienen operadores y múltiples proveedores, esa finalidad no puede perderse en medio de la burocracia.
En Bosa, la discusión sobre la pauta pendiente puede convertirse en una oportunidad para revisar todo el modelo de contratación de comunicaciones de la localidad.
Porque la pregunta de fondo no es únicamente quién le debe dinero a los medios.
La pregunta es mucho más amplia: ¿qué controles tiene la Alcaldía Local para garantizar que los operadores contratados cumplan sus obligaciones, que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes prestan los servicios y que los medios comunitarios no terminen pagando el costo de las fallas administrativas o contractuales?
La respuesta debería estar en los contratos, en los informes de supervisión, en las cuentas y en los documentos de pago.
Y, sobre todo, debería estar disponible para la ciudadanía.