Por Ambientarte Radio 
El futuro de la JEP en el centro del debate político
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta uno de sus momentos de mayor tensión política desde su creación. El senador Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional, ha lanzado una propuesta que promete sacudir los cimientos del sistema de justicia transicional en Colombia: el desmonte definitivo de las salas de la JEP al cumplirse el plazo previsto para marzo de 2028. Esta iniciativa surge en medio de una álgida discusión sobre la austeridad fiscal y la eficiencia administrativa de un tribunal que, según sus críticos, ha consumido recursos públicos desproporcionados sin ofrecer resultados tangibles a la altura de la inversión.
El conflicto se intensificó tras las declaraciones del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien rechazó tajantemente cualquier recorte presupuestal o modificación estructural. Ante esto, Gómez ha calificado la postura de la jurisdicción como una negativa a entender la realidad fiscal del país, sugiriendo que el dinero de los contribuyentes no debe sostener estructuras burocráticas que, a su parecer, han perdido su razón de ser o que han operado con una eficiencia cuestionable durante sus primeros cinco años de funcionamiento.
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¿Es posible trasladar recursos a la justicia ordinaria?
Uno de los argumentos centrales de la propuesta de Gómez es la reasignación de fondos. El senador sostiene que, al cerrar las salas de la JEP en 2028, se liberaría cerca de la mitad del presupuesto anual de la entidad, estimado en unos 813.000 millones de pesos. Este capital, según el legislador, es vital para fortalecer la justicia ordinaria, la cual padece de un rezago crónico y limitaciones presupuestales que afectan directamente a los ciudadanos de a pie que esperan soluciones judiciales en tiempos razonables.
La crítica no se detiene en el dinero, sino en el modelo operativo. Gómez cuestiona la robusta planta de personal de la JEP, señalando que, durante los primeros años de operación, los magistrados contaron con una estructura administrativa amplia sin que existiera un volumen de sentencias o fallos que justificara tal despliegue. Para el senador, mantener a cientos de funcionarios en nómina sin una actividad procesal intensa es una afrenta al erario público que debe corregirse con una reestructuración profunda e inmediata.
La defensa de la JEP y el papel de las víctimas
El debate ha escalado rápidamente con la intervención de voces desde el Pacto Histórico. La exministra de Salud y actual senadora, Carolina Corcho, ha salido al paso de las críticas de Gómez, argumentando que proponer el cierre de las salas es una interpretación errónea y peligrosa del marco jurídico colombiano. Corcho recuerda que el Acto Legislativo 01 de 2017 es claro: si bien 2028 es la fecha límite para concluir las acusaciones, el sistema de justicia transicional tiene tareas jurisdiccionales pendientes por cinco años adicionales.
Para la senadora, hablar de un cierre total en 2028 es ignorar la realidad de las 300.000 víctimas acreditadas dentro de los macrocasos que aún se encuentran en curso. Según su perspectiva, desmontar la estructura actual no solo frenaría el avance de la justicia, sino que dejaría en un limbo jurídico a miles de personas, incluyendo a miembros de la fuerza pública que se sometieron a la jurisdicción bajo la promesa de seguridad jurídica a cambio de la verdad.
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Implicaciones internacionales y el riesgo de impunidad
La controversia también toca fibras sensibles en el ámbito internacional. Corcho advierte que el desmantelamiento prematuro de la JEP podría exponer al Estado colombiano a procesos ante tribunales internacionales. Al cerrar la puerta a los comparecientes que han aportado verdad, el país podría ser acusado de no cumplir con sus obligaciones internacionales, dejando a los militares y otros actores implicados en un estado de vulnerabilidad jurídica extrema ante instancias foráneas.
El cruce de acusaciones sobre la nómina y la eficiencia administrativa subraya una división profunda sobre cómo Colombia debe cerrar sus heridas. Mientras un sector exige austeridad y resultados inmediatos, el otro defiende la integridad del sistema como la única garantía para evitar la impunidad. Lo cierto es que, a medida que se acerca el año 2028, el debate sobre el presupuesto y la vigencia de la JEP promete ser uno de los ejes centrales de la agenda política nacional, poniendo a prueba la capacidad del Estado para equilibrar justicia, verdad y responsabilidad fiscal.
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