Por Ambientarte Radio 
El fin de la Ley 769 de 2002: Una actualización urgente
El Ministerio de Transporte de Colombia ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para reformar el actual Código Nacional de Tránsito, un marco normativo que rige desde el año 2002 y que, según expertos y autoridades, ha quedado obsoleto frente a la realidad actual de las vías. El aumento masivo de motocicletas, la irrupción de vehículos eléctricos livianos y la necesidad de digitalizar los procesos administrativos han obligado al Gobierno Nacional a plantear una revisión profunda que promete transformar la movilidad en el país.
Esta iniciativa no solo busca modernizar los trámites, sino también ajustar el régimen sancionatorio para que sea más justo, eficaz y técnico. La propuesta, que nace tras una instrucción directa de la Presidencia de la República, pretende eliminar barreras burocráticas innecesarias mientras refuerza la protección de la vida en las carreteras.
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Hacia un sistema de multas proporcional y equitativo
Uno de los ejes más polémicos de la reforma es la posible modificación del artículo 131. Actualmente, las sanciones económicas no siempre reflejan el riesgo ni la capacidad de pago del infractor. Voces desde el Concejo de Bogotá han sugerido que las multas por mal parqueo, por ejemplo, deberían ser proporcionales al valor comercial del vehículo. La lógica detrás de esta propuesta es clara: una sanción que resulta insignificante para el propietario de un vehículo de alta gama no cumple una función disuasiva, mientras que para otros puede representar una carga desproporcionada.
Asimismo, se plantea un régimen diferencial para motocicletas y micromovilidad. No se trata simplemente de aumentar el costo de las multas, sino de segmentar la responsabilidad. La idea es que las sanciones se ajusten al impacto potencial de la infracción, reconociendo que el riesgo generado por una bicicleta eléctrica no es comparable con el de un vehículo de carga pesada.
Redefiniendo el vehículo en la era eléctrica
El artículo 2 del Código define actualmente al vehículo como todo aparato montado sobre ruedas. Sin embargo, esta definición tan amplia ha generado confusiones interpretativas. Expertos en seguridad vial proponen conservar la categoría general, pero acompañarla de clasificaciones técnicas específicas basadas en masa, potencia, velocidad de diseño y configuración. Esto es vital para evitar que se apliquen las mismas exigencias a un patinete eléctrico que a un automóvil.
La creación de una categoría específica para vehículos eléctricos livianos es otro punto clave. Con la reciente normativa, se busca diferenciar claramente entre bicicletas con pedaleo asistido, ciclomotores y motos eléctricas. La propuesta es establecer límites estrictos: cualquier vehículo que cuente con un acelerador autónomo y supere los 25 o 30 km/h debería cumplir con requisitos de matrícula, SOAT y licencia, tal como ocurre con los ciclomotores tradicionales.
Seguridad vial: el gran reto de la micromovilidad
La convivencia en las vías es otro de los pilares de la reforma. Se está discutiendo la creación de espacios claros para cada actor, limitando la velocidad de bicicletas y scooters en ciclorrutas a 25 km/h, mientras que en calzadas vehiculares no deberían exceder los 40 km/h. La intención es clara: proteger al peatón en los andenes y reducir los conflictos entre vehículos de diferentes velocidades.
Además, se busca implementar medidas de identificación técnica para los vehículos de micromovilidad. El uso de cascos, luces y elementos retrorreflectivos no será opcional, sino obligatorio bajo criterios proporcionales al riesgo. La lucha contra la modificación de limitadores de velocidad es, según los expertos, una prioridad absoluta para evitar que vehículos que deberían ser de baja velocidad se conviertan en peligrosas máquinas de alto rendimiento en manos inexpertas.
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Conclusiones sobre el futuro de la movilidad
La reforma del Código de Tránsito representa una oportunidad histórica para adaptar la normativa a las necesidades del siglo XXI. Si bien el camino es largo y requiere un consenso técnico y político, el enfoque hacia la equidad, la seguridad vial y la claridad técnica es el paso correcto. Los conductores colombianos esperan que este proceso no se traduzca simplemente en más trámites, sino en un sistema de transporte más ordenado, seguro y eficiente para todos los ciudadanos.
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