Por Ambientarte Radio 
El anuncio del presidente Abelardo De La Espriella sobre el inicio de operativos para identificar a migrantes en situación irregular abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre migración, seguridad y control territorial.
El mandatario señaló que la orden impartida a Migración contempla operativos coordinados para localizar, en primer lugar, a extranjeros que estén cometiendo delitos y, en segundo término, a quienes no tengan regularizada su situación migratoria. Según su declaración, quienes se encuentren en condición irregular deberán afrontar procesos que podrían conducir a su deportación.
La decisión coloca sobre la mesa una discusión que requiere ser abordada con equilibrio. Un Estado tiene la facultad y la responsabilidad de controlar sus fronteras, verificar la situación migratoria de quienes permanecen en su territorio y actuar frente a personas extranjeras que cometan delitos. Sin embargo, ese ejercicio de autoridad debe diferenciar claramente entre irregularidad migratoria y criminalidad.
Migración irregular no equivale a delincuencia
Uno de los principales riesgos de este tipo de anuncios es que se genere una asociación automática entre migración irregular y delincuencia.
No tener regularizada la situación migratoria constituye una condición administrativa que debe ser atendida conforme a los procedimientos establecidos. Cometer un delito, en cambio, implica una conducta que debe ser investigada y, si corresponde, sancionada por las autoridades competentes.
La diferencia no es menor.
Una persona puede encontrarse en situación migratoria irregular y no haber cometido ningún delito. De la misma manera, una persona extranjera que cometa un delito debe responder ante la justicia bajo las reglas aplicables, independientemente de su nacionalidad.
Por ello, una política seria de seguridad y migración debería evitar generalizaciones que terminen estigmatizando a comunidades enteras.
El Gobierno plantea dos frentes
El anuncio presidencial establece aparentemente dos prioridades.
La primera está relacionada con los extranjeros que estén involucrados en actividades delictivas.
En estos casos, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos y poner a los responsables a disposición de la justicia. Si además existen circunstancias migratorias que permitan una deportación o expulsión, deberán aplicarse los procedimientos correspondientes.
El segundo frente está dirigido a quienes no tengan regularizada su permanencia.
Aquí la discusión es diferente. El Estado puede ejercer control migratorio, pero debe garantizar que cada caso sea analizado individualmente y que las decisiones administrativas respeten las garantías legales.
Deportar no debería convertirse en un procedimiento automático
La frase presidencial según la cual quienes no tengan regularizada su situación “tendrán que ser deportados” genera interrogantes sobre la forma en que se aplicará la política.
La situación migratoria de una persona puede estar relacionada con diferentes circunstancias: vencimiento de un permiso, dificultades para acceder a documentación, procesos administrativos pendientes o condiciones especiales de vulnerabilidad.
Por eso, la actuación institucional debe establecer quién está efectivamente en condición irregular, cuál es su situación particular y qué procedimiento corresponde.
Una política migratoria eficaz necesita reglas claras, pero también mecanismos de revisión.
Seguridad y migración deben abordarse conjuntamente
Colombia enfrenta retos importantes relacionados con el control de sus fronteras y la presencia de organizaciones criminales que operan de manera transnacional.
Las autoridades tienen razones para fortalecer la identificación de personas vinculadas con actividades ilícitas.
El narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la extorsión y otras modalidades criminales pueden involucrar redes que operan en diferentes países.
En ese escenario, los controles migratorios pueden contribuir a la seguridad.
Pero la efectividad de dichos controles dependerá de la capacidad de las autoridades para identificar verdaderamente a los integrantes de esas estructuras, en lugar de concentrarse exclusivamente en la condición migratoria de las personas.
El desafío de no criminalizar al migrante
Una política de control migratorio puede ser firme sin convertirse en una política de estigmatización.
Este punto será especialmente importante durante los operativos anunciados.
Si las autoridades realizan controles indiscriminados en determinados barrios o sectores, existe el riesgo de que ciudadanos extranjeros que cumplen la ley sean tratados como sospechosos simplemente por su nacionalidad o apariencia.
La seguridad debe basarse en información, inteligencia y evidencia.
La nacionalidad por sí sola no constituye prueba de responsabilidad penal.
Los derechos humanos también forman parte de la seguridad
La obligación del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos no desaparece cuando se trata de población extranjera.
Los migrantes también están sujetos a derechos y garantías.
Incluso cuando una persona deba abandonar el territorio por una decisión administrativa, el procedimiento debe desarrollarse conforme a las normas vigentes.
La firmeza institucional no está reñida con el respeto por la dignidad humana.
De hecho, una política migratoria legítima necesita precisamente ese equilibrio.
Un operativo exige coordinación institucional
El anuncio también plantea un desafío operativo.
Para que los controles funcionen será necesaria la coordinación entre Migración Colombia, Policía, Fiscalía, autoridades locales y demás entidades involucradas.
La identificación de una persona que presuntamente comete un delito requiere un procedimiento distinto al de un ciudadano que simplemente presenta una irregularidad documental.
Confundir ambas situaciones podría generar problemas jurídicos y operativos.
La información debe ser compartida de manera adecuada y las actuaciones deben tener objetivos claramente definidos.
¿Qué ocurrirá con las personas vulnerables?
La implementación de los operativos también deberá contemplar situaciones especiales.
Entre la población migrante pueden encontrarse niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de trata, personas que requieren protección internacional o ciudadanos que podrían estar huyendo de situaciones de violencia.
Estos casos no pueden ser tratados de la misma manera que una persona vinculada a una organización criminal.
La política migratoria debe tener capacidad para identificar esas diferencias.
El costo social de una política mal ejecutada
Un control migratorio mal diseñado puede producir consecuencias que van más allá de los propios migrantes.
Muchas personas extranjeras participan en actividades económicas formales e informales, trabajan, emprenden y contribuyen al consumo y al funcionamiento de distintos sectores.
Si los controles generan incertidumbre generalizada, podrían aumentar la informalidad, incentivar la explotación laboral o hacer que algunas personas eviten acudir a las autoridades por temor a ser detenidas.
Esto también puede dificultar la identificación de víctimas de delitos.
La opinión pública tendrá un papel importante
El anuncio presidencial seguramente generará posiciones encontradas.
Para algunos sectores, representa una respuesta necesaria frente a problemas de seguridad y control migratorio.
Para otros, puede generar preocupación por una eventual política de persecución contra extranjeros.
Ambas posiciones deben ser examinadas con responsabilidad.
El Estado tiene derecho a controlar quién ingresa y permanece en su territorio. Pero ese derecho no significa que toda persona en situación irregular pueda ser considerada delincuente.
La discusión pública debería centrarse en cómo conseguir un control migratorio efectivo sin vulnerar derechos.
El verdadero resultado estará en la aplicación
El anuncio político es apenas el comienzo.
El impacto real se conocerá cuando comiencen los operativos y se pueda evaluar cuántas personas fueron identificadas, cuántas tenían antecedentes, cuántas estaban vinculadas con investigaciones penales y cuántas simplemente presentaban irregularidades administrativas.
También será importante saber cuántos procedimientos terminaron en deportaciones y bajo qué criterios.
La transparencia será fundamental.
Una política pública de esta naturaleza necesita cifras verificables, protocolos claros y mecanismos para detectar posibles abusos.
Conclusión
El Gobierno de Abelardo De La Espriella plantea una política migratoria más estricta, con especial énfasis en localizar a extranjeros involucrados en delitos y a quienes permanezcan en Colombia sin regularizar su situación.
El desafío será convertir esa decisión política en una estrategia que combine seguridad, control fronterizo, eficacia administrativa y respeto por los derechos fundamentales.
Perseguir a quienes utilizan la migración como cobertura para actividades criminales es una responsabilidad legítima del Estado. También lo es mantener mecanismos para regularizar o resolver la situación de quienes no representan una amenaza para la sociedad.
La diferencia entre una política firme y una política arbitraria estará en la forma en que se ejecuten los procedimientos.
Controlar la migración es una función del Estado; criminalizar a todos los migrantes no puede serlo.