Por Ambientarte Radio 
El reciente y lamentable suceso ocurrido en el CAI Galán, que cobró la vida de Michael Felipe Santos y dejó gravemente herido al subintendente Roben Ricardo Ramírez, trasciende el reporte policial tradicional para instalarse en el centro de una discusión estructural. No estamos ante un hecho aislado, sino ante el síntoma más visible y doloroso de una falla sistémica: la desconexión entre los servicios de salud mental, la red de atención social y la seguridad urbana en la capital colombiana.
Entre el abandono estatal y la vulnerabilidad
El historial de Santos —diagnosticado con esquizofrenia y con un consumo problemático de sustancias— expone las costuras rotas de la ruta de atención institucional. Los múltiples traslados a Centros de Protección funcionaron, en la práctica, como soluciones de carácter temporal y asistencialista que no resolvieron el fondo del problema.
Cuando el Estado interviene bajo una lógica de contención y no de rehabilitación integral, condena al paciente a un ciclo perpetuo de recaídas. La calle se convierte así en un espacio sin ley ni cuidado médico, donde las personas con trastornos psiquiátricos severos deambulan sin adherencia a tratamientos farmacológicos ni acompañamiento psicológico continuo.
El falso dilema entre seguridad y salud pública
Uno de los debates más complejos que abre este episodio es la delgada línea entre la intervención policial y la asistencia humanitaria. Depositar en la Fuerza Pública la primera línea de respuesta ante crisis psiquiátricas es un error conceptual y operativo que expone tanto a los uniformados como a los propios ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
Falta de capacitación especializada: Los agentes de policía no cuentan con herramientas clínicas para manejar episodios psicóticos agudos.
Ausencia de equipos mixtos: Se requiere una articulación inmediata entre gestores de convivencia, personal de salud mental y autoridades de seguridad.
Insuficiencia de infraestructura: Los centros de atención y los hospitales psiquiátricos públicos operan bajo una alta saturación que impide internamientos prolongados y efectivos.
Hacia una política pública de verdadera prevención
La tragedia del CAI Galán deja lecciones ineludibles. Ignorar la intersección entre salud mental, adicciones y habitabilidad de calle es abonar el terreno para futuros desenlaces fatales. Bogotá necesita dejar atrás la reacción coyuntural y diseñar una política pública de salud mental preventiva, con presupuesto robusto, presencia territorial efectiva y un enfoque de derechos humanos que garantice dignidad tanto para el ciudadano de a pie como para quienes padecen enfermedades mentales graves. La seguridad ciudadana no se construye únicamente con vigilancia, sino con tejido social e inclusión.