Por Ambientarte Radio 
Colombia ha cambiado de Gobierno muchas veces, pero hay una realidad que permanece: miles de familias continúan viviendo con las consecuencias de una violencia que durante décadas dejó desplazados, desaparecidos, asesinados, comunidades destruidas y proyectos de vida truncados.
Por eso, el llamado dirigido al presidente Abelardo de la Espriella para que escuche a las víctimas no debería ser entendido únicamente como una posición política ni como una crítica al nuevo Gobierno. Es, ante todo, una reflexión sobre la responsabilidad que tiene el Estado frente a quienes han sufrido algunas de las formas más graves de violencia.
La petición es concreta: reconocer a las víctimas, escucharlas, garantizar sus derechos y evitar que vuelvan a ser invisibles.
No es una solicitud menor.
Colombia tiene una memoria que no puede borrarse
Durante décadas, la violencia hizo parte de la vida cotidiana de millones de colombianos.
En algunos territorios, salir de casa significaba exponerse a amenazas. En otros, abandonar la tierra fue la única alternativa para sobrevivir. Muchas familias tuvieron que desplazarse hacia las grandes ciudades, mientras otras permanecieron en regiones donde diferentes grupos armados disputaban el control territorial.
Hay personas que todavía buscan a sus familiares desaparecidos.
Hay familias que esperan conocer la verdad.
Hay campesinos que reclaman sus tierras.
Hay comunidades que todavía necesitan condiciones de seguridad para reconstruir sus proyectos de vida.
Y hay víctimas que, aunque hayan recibido algún tipo de reparación, siguen enfrentando las consecuencias psicológicas y sociales de lo ocurrido.
La historia no desaparece porque cambie el Gobierno.
Escuchar no significa estar de acuerdo
El presidente tiene derecho a desarrollar su propio programa político.
También tiene derecho a revisar las políticas implementadas por administraciones anteriores, modificar programas, cuestionar instituciones y establecer nuevas prioridades.
Pero existe una diferencia fundamental entre revisar una política y desconocer a quienes dependen de ella.
Escuchar a las víctimas no significa aceptar todas sus propuestas.
Tampoco significa que el Gobierno tenga que compartir sus posiciones políticas.
Significa permitir que sean parte de la conversación nacional.
Una democracia saludable no consiste solamente en escuchar a quienes respaldan al gobernante. También exige prestar atención a quienes cuestionan sus decisiones.
Las víctimas no pertenecen a una ideología
Uno de los errores más frecuentes en el debate colombiano es presentar a las víctimas como si fueran un bloque político.
No lo son.
Entre ellas existen personas de izquierda, de derecha, de centro y ciudadanos que no se identifican con ninguna corriente.
Algunas respaldan los procesos de paz.
Otras consideran que el Estado debe adoptar una posición más contundente frente a las organizaciones armadas.
Algunas confían en las instituciones creadas para atender las consecuencias del conflicto.
Otras cuestionan su funcionamiento.
Todas esas posiciones pueden coexistir.
El dolor no tiene partido político.
Seguridad y reparación deben caminar juntas
También sería un error plantear que escuchar a las víctimas significa priorizar la reparación por encima de la seguridad.
Muchas víctimas necesitan precisamente mayor presencia del Estado.
Una comunidad amenazada por grupos armados necesita protección.
Una familia desplazada necesita garantías para regresar.
Un campesino que pretende recuperar su tierra necesita seguridad para permanecer en ella.
Un niño en un territorio donde existe reclutamiento necesita una institución educativa protegida y oportunidades que le permitan construir un futuro diferente.
Por eso, seguridad y atención a las víctimas no son conceptos contradictorios.
Una política de seguridad efectiva debería tener como uno de sus principales objetivos evitar que existan nuevas víctimas.
Pero la seguridad tampoco puede convertirse en olvido
El desafío está en evitar el extremo contrario.
Combatir a las organizaciones criminales es una función esencial del Estado, pero la derrota de un grupo armado no elimina automáticamente las consecuencias de sus crímenes.
La desaparición de una estructura criminal no devuelve a una persona asesinada.
Una operación militar no elimina el trauma de una víctima de violencia sexual.
La recuperación de un territorio no reconstruye por sí sola una familia desplazada.
La seguridad debe ir acompañada de justicia, reparación, atención social y garantías de no repetición.
Una carta que plantea una responsabilidad presidencial
El mensaje dirigido al presidente contiene una preocupación que debería ser examinada con seriedad: que las víctimas no vuelvan a ocupar un lugar secundario en la agenda pública.
Los gobiernos suelen enfrentar numerosas prioridades.
Seguridad.
Economía.
Empleo.
Salud.
Educación.
Infraestructura.
Relaciones internacionales.
Pero las víctimas no pueden ser consideradas un asunto del pasado.
Mientras existan comunidades afectadas por la violencia y mientras continúen apareciendo nuevos hechos de victimización, el Estado tendrá una responsabilidad permanente.
La reparación no puede limitarse al dinero
Hablar de víctimas no significa hablar únicamente de indemnizaciones.
La reparación puede tener múltiples dimensiones.
Está el acceso a la justicia.
Está el derecho a conocer la verdad.
Está la recuperación de tierras.
Está la atención psicológica.
Está la reconstrucción de comunidades.
Está el reconocimiento de la dignidad de quienes sufrieron.
Está la búsqueda de personas desaparecidas.
Y está la garantía de que los hechos no vuelvan a ocurrir.
Una compensación económica puede ayudar a reconstruir una vida, pero difícilmente puede compensar por completo la pérdida de un familiar o el daño provocado por años de violencia.
La verdad también es una forma de reparación
Para muchas familias, una de las heridas más profundas es no saber qué ocurrió.
La incertidumbre puede prolongarse durante años.
¿Dónde está un familiar?
¿Qué ocurrió con él?
¿Quién fue responsable?
¿Por qué sucedió?
Son preguntas que no desaparecen con el paso del tiempo.
Por eso, la búsqueda de la verdad debe permanecer como una prioridad institucional.
Una sociedad que quiere reconciliarse necesita conocer su pasado, incluso cuando ese pasado resulte incómodo.
La memoria no debe convertirse en una herramienta política
También es necesario formular una crítica hacia todos los sectores políticos.
Las víctimas no pueden ser utilizadas como instrumentos de propaganda.
Su dolor no puede aparecer únicamente durante campañas electorales.
No deberían ser convocadas para respaldar un discurso y luego desaparecer de la agenda cuando termina la coyuntura.
Tampoco deben convertirse en un argumento automático para descalificar a quienes piensan diferente.
Las víctimas merecen autonomía.
Merecen ser escuchadas incluso cuando sus opiniones incomoden al Gobierno, a la oposición o a las organizaciones que aseguran representarlas.
El verdadero examen estará en las decisiones
El Gobierno será evaluado no solamente por lo que diga sobre las víctimas, sino por lo que haga.
Será necesario observar qué ocurre con los programas de reparación.
Qué recursos reciben las instituciones responsables de atenderlas.
Qué medidas se adoptan en los territorios.
Qué garantías existen para los líderes sociales.
Cómo se enfrentan las nuevas formas de violencia.
Qué sucede con las personas desplazadas.
Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos.
Y qué mecanismos se implementan para evitar que nuevos ciudadanos sean víctimas.
Las palabras pueden abrir un camino.
Pero serán las decisiones las que demuestren cuál es realmente la prioridad.
Escuchar también significa permitir el desacuerdo
Una democracia no puede funcionar si el Gobierno solamente escucha a quienes están de acuerdo con él.
Las organizaciones de víctimas tienen derecho a respaldar las políticas oficiales, pero también a criticarlas.
El Estado debe garantizar esos espacios.
Una víctima que cuestiona al presidente no deja de ser colombiana.
Una organización que reclama recursos no necesariamente está haciendo oposición.
Una comunidad que exige justicia no está atacando al Estado.
La crítica puede ser una herramienta para mejorar las políticas públicas.
Colombia necesita mirar hacia adelante, pero sin borrar el pasado
Existe una necesidad legítima de construir un nuevo país.
Las nuevas generaciones no deberían crecer bajo la sombra permanente del conflicto.
Colombia necesita empleo, educación, infraestructura, seguridad y oportunidades.
Pero avanzar no significa olvidar.
Una sociedad puede mirar hacia el futuro y conservar la memoria.
De hecho, la memoria puede ser una de las herramientas para impedir que la historia se repita.
Reconciliarse no significa olvidar
La reconciliación tampoco debería confundirse con pasar la página sin conocer lo ocurrido.
Una verdadera reconciliación requiere reconocer el daño.
Requiere escuchar a quienes fueron afectados.
Requiere establecer responsabilidades.
Requiere reparar en la medida de lo posible.
Y requiere crear condiciones para que las nuevas generaciones no tengan que vivir las mismas experiencias.
La paz no consiste solamente en que disminuyan los enfrentamientos.
También significa que las personas puedan vivir sin miedo.
Las víctimas necesitan un Estado presente
El mayor desafío para cualquier Gobierno será demostrar que la presencia del Estado no se limita a los momentos de crisis.
Las comunidades necesitan instituciones permanentes.
Necesitan escuelas.
Centros de salud.
Justicia.
Seguridad.
Vías.
Oportunidades económicas.
Y funcionarios capaces de responder cuando una persona reclama sus derechos.
La ausencia institucional puede convertirse en un terreno fértil para que las estructuras criminales ocupen el espacio que deja el Estado.
Una política de víctimas debe tener rostro territorial
Colombia no puede tratar a todas las víctimas de la misma manera.
Las necesidades de una comunidad rural pueden ser diferentes a las de una familia desplazada que vive en Bogotá.
Los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes tienen particularidades que deben ser reconocidas.
Los territorios afectados por el narcotráfico enfrentan dinámicas diferentes a las de las grandes ciudades.
Por eso, escuchar también significa recorrer los territorios y conocer directamente sus realidades.
No todo puede resolverse desde un escritorio en Bogotá.
El Gobierno tiene la oportunidad de construir puentes
El llamado al presidente puede convertirse en una oportunidad.
Escuchar a las víctimas no obliga al Gobierno a renunciar a su visión política.
Puede mantener una política firme de seguridad y, al mismo tiempo, abrir canales de diálogo.
Puede revisar instituciones sin desconocer los derechos de quienes reciben sus servicios.
Puede impulsar reformas sin convertir a las víctimas en adversarios políticos.
Puede fortalecer la autoridad del Estado y, simultáneamente, fortalecer la atención a quienes han sufrido.
No existe una contradicción inevitable entre autoridad y sensibilidad social.
El país debe evitar una nueva invisibilidad
Quizá la frase más poderosa de la carta sea aquella que pide no permitir que las víctimas vuelvan a ser invisibles.
La invisibilidad puede aparecer cuando una tragedia deja de ocupar titulares.
Cuando una familia deja de recibir respuestas.
Cuando una comunidad deja de ser escuchada.
Cuando una política pública pierde recursos.
Cuando un problema deja de ser prioridad.
Cuando una sociedad se acostumbra al dolor ajeno.
Evitar esa invisibilidad es una tarea colectiva.
Una pregunta para el nuevo Gobierno
Más allá de las diferencias políticas, existe una pregunta que el Gobierno tendrá que responder con hechos:
¿Qué lugar tendrán las víctimas en la Colombia que pretende construir Abelardo de la Espriella?
La respuesta no estará solamente en los discursos.
Estará en el presupuesto.
En las instituciones.
En las políticas de seguridad.
En las decisiones sobre paz.
En la atención territorial.
En la justicia.
En la reparación.
Y, sobre todo, en la capacidad de escuchar a quienes no necesariamente comparten la visión del Gobierno.
Colombia necesita memoria, justicia y futuro
El país no puede quedarse atrapado en su pasado, pero tampoco puede pretender que el pasado no existe.
Necesita avanzar.
Pero debe hacerlo aprendiendo de lo ocurrido.
Necesita seguridad.
Pero también justicia.
Necesita autoridad.
Pero también derechos.
Necesita crecimiento económico.
Pero también oportunidades para las comunidades que históricamente han quedado marginadas.
Y necesita un Gobierno capaz de escuchar tanto a quienes lo respaldan como a quienes lo cuestionan.
Un llamado que debería trascender la política
La petición “Señor Presidente, escuche a las víctimas” puede ser interpretada de distintas maneras.
Para algunos será una exigencia política.
Para otros, una solicitud humanitaria.
Para otros, una defensa de las políticas de paz.
Pero existe un elemento que debería estar por encima de esas diferencias: una víctima no debería tener que luchar para demostrar que merece ser escuchada por el Estado.
Su dignidad no depende de su ideología.
Su derecho a la verdad no depende de quién gobierne.
Su derecho a la justicia no depende de quién haya cometido el crimen.
Y su derecho a vivir en paz no debería estar condicionado por una elección.
Una Colombia que recuerde para no repetir
El presidente Abelardo de la Espriella tiene la responsabilidad de gobernar para todo el país, incluidos quienes no votaron por él y quienes mantienen posiciones críticas frente a su proyecto.
En ese universo están también las víctimas.
Escucharlas no significa darles siempre la razón.
Significa reconocerlas como ciudadanos con derechos.
Significa comprender que detrás de cada estadística existe una historia humana.
Significa entender que la paz no puede construirse únicamente desde las instituciones, los discursos o las estrategias de seguridad.
También se construye cuando una familia obtiene una respuesta.
Cuando una comunidad recupera su territorio.
Cuando una víctima encuentra justicia.
Cuando un desaparecido es buscado.
Cuando un niño puede crecer sin miedo.
Y cuando el Estado demuestra, con hechos, que nadie que haya sufrido la violencia será nuevamente condenado al olvido.
Señor Presidente: escuche a las víctimas. Óigalas. Véala. Reconózcalas. Porque sanar a Colombia exige mucho más que superar una guerra: exige dignificar a quienes sobrevivieron a ella.