Por Ambientarte Radio 
Las labores de rescate tras la emergencia registrada en Cali terminaron convirtiéndose también en escenario de una controversia política. El senador Duvalier Sánchez fue cuestionado en redes sociales por su presencia durante las operaciones de atención y, particularmente, por el uso de un megáfono en medio de las actividades de rescate.
Las críticas se multiplicaron rápidamente y algunos ciudadanos llegaron a pedir que el congresista fuera declarado “persona no grata”. Sin embargo, alrededor del episodio también surgieron voces que defendieron su presencia y señalaron que su intención habría sido reclamar condiciones dignas para las víctimas y exigir una respuesta institucional adecuada.
El caso, por tanto, no solo plantea interrogantes sobre la conducta de un senador durante una emergencia. También evidencia hasta qué punto la política colombiana continúa trasladando sus disputas a escenarios donde deberían prevalecer la coordinación, la prudencia y la atención a las víctimas.
Una controversia que comenzó en medio de una emergencia
Las emergencias tienen una característica particular: cada minuto puede ser determinante.
Cuando equipos de rescate trabajan para localizar personas, retirar escombros o asegurar estructuras, la coordinación entre organismos resulta fundamental. Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército, autoridades locales y otros equipos especializados necesitan mantener canales de comunicación claros.
En ese contexto, cualquier actuación externa que genere ruido, confusión o interferencia puede convertirse en un problema.
Las críticas contra Sánchez se concentran precisamente en ese punto: sus detractores consideran que el uso de un megáfono durante las labores de rescate pudo dificultar el trabajo de quienes se encontraban atendiendo la emergencia.
Pero existe una diferencia importante entre una denuncia política y un hecho técnicamente comprobado.
Para determinar si realmente hubo una obstrucción de las labores de rescate sería necesario establecer qué ocurrió exactamente, qué instrucciones impartían los organismos de emergencia, dónde estaba ubicado el senador, qué mensajes transmitió y si su actuación produjo una interferencia concreta.
La imagen pública también pesa
Más allá de lo ocurrido en términos operativos, existe un componente político imposible de ignorar.
Un senador es una figura pública.
Su presencia en una emergencia genera atención y sus actuaciones pueden ser interpretadas como parte de su actividad política, incluso cuando manifieste que su intención es acompañar a las víctimas.
En situaciones de tragedia, esta frontera puede volverse especialmente delicada.
La ciudadanía espera que los funcionarios públicos acompañen a las comunidades, pero también espera que respeten los protocolos y que no conviertan el dolor colectivo en un escenario de confrontación.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿cómo puede un político acompañar a las víctimas sin interferir con quienes tienen la responsabilidad técnica de atender la emergencia?
Solidaridad sí, protagonismo no
Los dirigentes políticos tienen derecho a visitar territorios afectados y expresar solidaridad.
También pueden formular denuncias, exigir respuestas y cuestionar la actuación de las autoridades.
De hecho, esa es parte de su responsabilidad frente a la ciudadanía.
Pero una emergencia no funciona como una plaza política.
En una zona de rescate, las prioridades son diferentes: salvar vidas, garantizar la seguridad de los socorristas, estabilizar estructuras y atender a las personas afectadas.
Por eso, cualquier funcionario que ingrese a estos espacios debe entender que su presencia no puede estar por encima de los protocolos.
El protagonismo político, si llega a confundirse con la operación de rescate, puede terminar perjudicando precisamente a quienes se pretende defender.
También es necesario evitar el juicio apresurado
La crítica ciudadana es legítima, especialmente cuando existen imágenes o testimonios que generan preocupación.
Pero una sociedad democrática también debe evitar convertir las redes sociales en tribunales instantáneos.
El hecho de que una actuación sea viral no significa automáticamente que todas las acusaciones formuladas en internet sean ciertas.
Tampoco una gran cantidad de comentarios negativos constituye prueba suficiente de una conducta irregular.
La discusión debería centrarse en hechos verificables.
Si hubo interferencia, deberá establecerse.
Si no la hubo, también debería reconocerse.
Una evaluación seria exige separar la indignación legítima de la información comprobada.
El antecedente de las sanciones por violencia política de género
La controversia también ha sido relacionada con antecedentes de sanciones por violencia política de género atribuidos al senador.
Este elemento ha sido utilizado por sus críticos para cuestionar su comportamiento público y presentar el episodio actual como parte de un patrón.
Sin embargo, desde una perspectiva periodística y jurídica es necesario mantener una distinción.
Una sanción previa no demuestra automáticamente que una nueva acusación sea cierta.
Cada hecho debe analizarse individualmente y con sus propias evidencias.
Lo contrario implicaría establecer una especie de condena permanente sobre una persona, algo incompatible con una evaluación imparcial.
Al mismo tiempo, los antecedentes públicos de un funcionario sí pueden formar parte del contexto político cuando se analiza su comportamiento y la percepción que genera en la sociedad.
La clave está en no confundir contexto con prueba.
La política colombiana atrapada en la polarización
El episodio vuelve a mostrar un fenómeno frecuente en Colombia: cualquier actuación de una figura política puede convertirse rápidamente en una batalla entre seguidores y detractores.
En redes sociales, las posiciones tienden a dividirse en dos extremos.
Para unos, Sánchez representa el ejemplo de un político que busca protagonismo en medio de una tragedia.
Para otros, su presencia representa una forma de presión institucional para exigir respeto y dignidad para las víctimas.
Entre ambos extremos queda una pregunta que debería ser más importante que la discusión partidista: ¿qué necesitan realmente las personas afectadas?
Una emergencia no debería convertirse en una competencia sobre quién tiene la razón política.
Las víctimas deben estar en el centro
Cuando ocurre una tragedia, el debate público puede terminar desplazando a quienes deberían ocupar el centro de la conversación.
Las víctimas y sus familias necesitan información, atención, acompañamiento y respuestas.
Los equipos de emergencia necesitan condiciones para trabajar.
Las autoridades necesitan coordinar recursos.
Y la sociedad necesita información confiable.
Todo lo demás debería estar subordinado a esas prioridades.
Si un congresista considera que las víctimas están siendo mal atendidas, tiene múltiples mecanismos institucionales para exigir explicaciones y promover soluciones.
Puede solicitar informes, hacer debates de control político, formular denuncias ante las autoridades competentes y exigir públicamente resultados.
La solidaridad también puede expresarse sin intervenir directamente en una operación de rescate.
El megáfono como símbolo de una disputa mayor
El episodio del megáfono terminó convirtiéndose en un símbolo de una discusión más amplia sobre los límites de la actividad política durante una emergencia.
Un objeto aparentemente sencillo puede representar dos interpretaciones completamente diferentes.
Para sus críticos, es la imagen de un político interfiriendo en una operación delicada.
Para sus defensores, puede representar a un funcionario utilizando su voz para reclamar por las víctimas.
La diferencia está en el contexto.
Si el megáfono fue utilizado para transmitir instrucciones que correspondían a los organismos de emergencia, la preocupación sería mayor.
Si fue utilizado para comunicar mensajes políticos o reclamaciones sin interferir con las operaciones, el análisis sería diferente.
Por eso, antes de establecer conclusiones definitivas, resulta indispensable conocer qué ocurrió realmente.
¿Declararlo “persona no grata” solucionaría algo?
El llamado de algunos ciudadanos para declarar a Sánchez “persona no grata” refleja el nivel de indignación que ha generado el episodio.
Pero también merece una reflexión.
Las sanciones simbólicas pueden expresar rechazo social, pero difícilmente resuelven los problemas estructurales relacionados con la atención de una emergencia.
Si hubo una conducta indebida, deben utilizarse los mecanismos institucionales correspondientes.
Y si no hubo una infracción, la crítica política seguirá siendo legítima, pero no debería convertirse en una condena basada únicamente en percepciones.
La democracia necesita canales para resolver las controversias.
Las redes sociales pueden amplificar una denuncia, pero no deberían reemplazar las instituciones encargadas de determinar responsabilidades.
El papel de un senador durante una tragedia
Un congresista tiene una función política que va mucho más allá de votar proyectos de ley.
También representa a ciudadanos, ejerce control político y puede actuar como puente entre las comunidades y las instituciones.
En una emergencia, esa función puede ser valiosa.
Pero acompañar a una comunidad no significa necesariamente ubicarse en el centro de la operación.
Quizá uno de los aprendizajes que deja este episodio es que los funcionarios públicos deben definir con claridad cuál es su papel cuando llegan a un escenario de desastre.
Acompañar, escuchar, gestionar y exigir respuestas puede ser más efectivo que intervenir directamente en las operaciones técnicas.
Las redes sociales no pueden dictar la sentencia
La velocidad con la que circula la información en internet tiene ventajas y riesgos.
Una denuncia puede hacerse visible rápidamente y generar presión para que las autoridades respondan.
Pero una publicación viral también puede sacar imágenes de contexto, mezclar hechos diferentes o presentar como comprobadas afirmaciones que todavía no han sido verificadas.
En este caso, el debate debería evitar convertirse en una guerra de publicaciones.
La pregunta no debería ser quién tiene más seguidores o quién consigue imponer la narrativa más fuerte.
Debería ser qué ocurrió y cuáles fueron sus consecuencias.
Una oportunidad para discutir sobre ética pública
La controversia también permite plantear una discusión necesaria sobre el comportamiento de los funcionarios en escenarios de emergencia.
La ética pública exige prudencia.
No basta con tener buenas intenciones.
También importa la forma en que se actúa.
Un funcionario puede estar genuinamente preocupado por las víctimas y, aun así, adoptar una conducta que genere dificultades.
Del mismo modo, una actuación que parece polémica en redes sociales podría tener una explicación que no se conoce completamente.
Por eso, la evaluación debe considerar tanto la intención como las consecuencias, pero sin reemplazar la evidencia.
El verdadero protagonista debe ser la recuperación
Cali necesita que la atención posterior a la emergencia se concentre en las personas afectadas.
La prioridad debería estar en identificar daños, garantizar la seguridad de las edificaciones, atender a las familias, recuperar infraestructura y determinar qué medidas deben adoptarse para reducir el riesgo de futuras tragedias.
La controversia alrededor de Duvalier Sánchez puede continuar en el escenario político.
Pero no debería desplazar las necesidades de quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.
Si el episodio deja una lección, debería ser esta: en una tragedia, la política debe acompañar, pero nunca competir con el rescate.
La actuación del senador deberá ser valorada a partir de hechos y no únicamente de percepciones. Si existió una interferencia, corresponde determinarla y establecer las responsabilidades que eventualmente procedan. Si no la hubo, también es necesario evitar acusaciones que carezcan de sustento.
En una sociedad polarizada, la imparcialidad exige algo más difícil que tomar partido: reconocer los hechos comprobados, admitir lo que todavía no está claro y exigir responsabilidades sin importar el color político del involucrado.
Porque cuando una ciudad atraviesa una emergencia, las diferencias partidistas pueden esperar. Las víctimas y quienes trabajan para salvar vidas, no.