Por Ambientarte Radio 
La participación de las mujeres en los espacios donde se toman las principales decisiones de la Administración Distrital alcanzó en Bogotá uno de sus resultados más significativos de los últimos años. De las 18 entidades que conforman el nivel central, en 11 las mujeres ocupan más del 50 % de los cargos decisorios, de acuerdo con el más reciente seguimiento sobre paridad de género en la ciudad.
El resultado representa un avance frente a las mediciones anteriores y muestra que la presencia femenina en los niveles de decisión dejó de ser un asunto exclusivamente asociado con la representación simbólica para convertirse en una realidad cada vez más visible dentro de la estructura administrativa de la capital.
Pero el dato también exige una lectura más cuidadosa. La paridad no se distribuye de manera uniforme entre todos los sectores y entidades, y algunos espacios que habían alcanzado el equilibrio volvieron a ubicarse por debajo del 50 %.
La conclusión, por tanto, no debería ser que la desigualdad de género quedó superada, sino que Bogotá ha avanzado y ahora enfrenta el desafío de consolidar esos resultados sin permitir retrocesos.
Un máximo histórico en los cargos de decisión
El informe Las mujeres deciden y dirigen. Informe sobre la paridad de género y el cumplimiento de la Ley 2424 de 2024 en Bogotá, elaborado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, muestra que la participación femenina en los cargos decisorios del nivel central se mantiene por encima de la mitad.
El dato más reciente supera los registros de años anteriores: 53,3 % en 2020 y 51,8 % en 2022.
Aunque las diferencias porcentuales pueden parecer pequeñas, tienen relevancia cuando se analizan desde la perspectiva de la representación de las mujeres en las estructuras donde se diseñan políticas públicas, se administran presupuestos y se toman decisiones que afectan a millones de habitantes.
El resultado también coincide con una transformación más amplia de la administración pública: cada vez es menos excepcional encontrar mujeres ocupando posiciones de alta responsabilidad.
Diez de las 18 entidades tienen mujeres al frente
Otro de los indicadores que sobresale es el liderazgo de las entidades.
De las 18 cabezas de las entidades del nivel central de la Administración Distrital, 10 están ocupadas por mujeres.
La cifra permite observar la participación femenina desde otra perspectiva.
No se trata solamente de cuántas mujeres integran equipos directivos, sino de cuántas tienen la responsabilidad de conducir entidades, establecer prioridades, administrar recursos y responder políticamente por las decisiones adoptadas.
La presencia de mujeres en estos cargos puede contribuir a ampliar la diversidad de perspectivas dentro de la administración pública.
Sin embargo, sería equivocado asumir que la sola presencia femenina garantiza automáticamente mejores políticas públicas o decisiones más incluyentes.
La calidad de la gestión debe evaluarse por sus resultados, independientemente del género de quien ejerza el cargo.
Paridad no significa igualdad absoluta
Uno de los aspectos que merece atención es la diferencia entre alcanzar la paridad en términos estadísticos y conseguir una igualdad efectiva de oportunidades.
Que las mujeres representen más del 50 % de los cargos decisorios en 11 entidades es un avance importante, pero no significa que todas las barreras que históricamente han enfrentado hayan desaparecido.
La participación puede variar considerablemente dependiendo del sector, el nivel jerárquico y el tipo de cargo.
También es necesario observar si las mujeres tienen acceso a los puestos con mayor capacidad real de decisión o si su presencia se concentra en determinadas áreas administrativas.
Por eso, las cifras deben analizarse más allá del porcentaje general.
Educación, Seguridad y Ambiente muestran una alerta
El informe también deja una señal que no debería pasar inadvertida.
Los sectores de Educación, Seguridad y Ambiente, que habían alcanzado la paridad en 2024, volvieron a ubicarse por debajo del 50 % en 2025.
El retroceso no necesariamente significa que exista una política deliberada para reducir la participación femenina.
Los cambios en las estructuras administrativas pueden obedecer a nombramientos, reorganizaciones institucionales, rotaciones o modificaciones en las plantas de personal.
Sin embargo, desde una perspectiva de igualdad, el resultado sí merece seguimiento.
Si una entidad alcanza la paridad y posteriormente pierde ese equilibrio, es necesario preguntarse qué ocurrió y si existe una tendencia que pueda consolidarse.
La paridad no debería ser un logro ocasional que dependa de determinadas administraciones o coyunturas.
Cultura y Gobierno avanzan
Mientras algunos sectores retrocedieron, otros lograron superar el umbral del 50 %.
Cultura y Gobierno aparecen como ejemplos del avance registrado en el balance más reciente.
Este comportamiento demuestra que la evolución de la participación femenina no es uniforme.
Mientras algunas áreas logran aumentar la presencia de mujeres en los cargos decisorios, otras experimentan disminuciones.
Precisamente por eso, el análisis sectorial resulta más útil que una mirada exclusivamente global.
Una cifra general puede mostrar que existe paridad en la Administración Distrital, pero también puede ocultar diferencias importantes entre instituciones.
Cuando se amplía la mirada, el porcentaje cambia
El panorama presenta otra particularidad cuando el análisis incorpora al Concejo de Bogotá y a los organismos de control.
En ese escenario, la participación de las mujeres en el conjunto de la Administración Distrital se ubica en 50,5 %.
La cifra confirma la existencia de una representación paritaria en el conjunto de las instituciones analizadas, pero también muestra que el resultado general es más ajustado.
Esto demuestra la importancia de definir con claridad qué instituciones y cargos se incluyen al momento de evaluar la paridad.
No es lo mismo medir exclusivamente el nivel central que incorporar el Concejo y los organismos de control.
Cada universo ofrece una fotografía diferente de la participación femenina en el poder público.
Una política que viene de años atrás
El avance actual no apareció de manera espontánea.
Bogotá incorporó desde 2015 el análisis de la paridad de género en los cargos decisorios mediante el Acuerdo Distrital 623.
Años después, la discusión adquirió una dimensión nacional con la Ley 2424 de 2024, que estableció que al menos el 50 % de los cargos de máximo y otros niveles decisorios del poder público deben estar ocupados por mujeres.
La evolución normativa muestra que la participación femenina en la toma de decisiones pasó de ser una aspiración política a convertirse también en un asunto de seguimiento institucional.
Las leyes y acuerdos establecen un marco.
Pero su cumplimiento depende de las decisiones concretas de las administraciones y de la capacidad de las instituciones para identificar y superar las barreras que todavía persisten.
¿Por qué importa quién toma las decisiones?
La discusión sobre paridad no debería reducirse a una cuestión matemática.
Las decisiones públicas afectan de manera diferente a distintos grupos de la población.
Por ello, contar con equipos diversos puede ampliar la posibilidad de que las políticas públicas incorporen experiencias y necesidades diferentes.
La participación de mujeres en cargos directivos también puede contribuir a normalizar la presencia femenina en espacios que durante décadas estuvieron mayoritariamente ocupados por hombres.
Esto tiene un efecto que va más allá de las instituciones.
Una niña que observa mujeres dirigiendo entidades públicas puede encontrar referentes distintos sobre las posibilidades de su propio futuro profesional.
Pero la representación también debe evaluarse por resultados
Existe, sin embargo, una precaución necesaria.
La paridad no debe convertirse en una especie de indicador automático de eficiencia administrativa.
Una mujer en un cargo directivo no representa necesariamente los intereses de todas las mujeres, de la misma manera que un hombre no representa automáticamente a todos los hombres.
Las personas tienen diferentes posiciones, experiencias, conocimientos y perspectivas políticas.
Por eso, la diversidad de género debe complementarse con criterios de mérito, experiencia, capacidad, transparencia y resultados.
El objetivo no debería ser reemplazar una forma de exclusión por otra, sino garantizar que mujeres y hombres tengan condiciones equitativas para acceder a los espacios de decisión.
El desafío de evitar el retroceso
Quizá uno de los mensajes más importantes de las cifras sea precisamente que los avances pueden revertirse.
El caso de Educación, Seguridad y Ambiente lo demuestra.
Alcanzar un porcentaje superior al 50 % en un año no garantiza que el resultado se mantenga en el siguiente.
Por eso, las políticas de igualdad deben tener continuidad institucional y no depender exclusivamente de la voluntad de una administración.
La paridad necesita mecanismos de seguimiento, indicadores actualizados y transparencia en los procesos de selección y nombramiento.
También requiere identificar las causas de las brechas cuando estas aparezcan.
El liderazgo femenino todavía enfrenta desafíos
Aunque Bogotá presenta cifras favorables, la realidad laboral de las mujeres no puede evaluarse únicamente desde los cargos públicos.
Persisten diferencias en ingresos, acceso a determinados sectores, distribución de las responsabilidades de cuidado y oportunidades profesionales.
Una mujer puede llegar a un cargo de alta dirección y, al mismo tiempo, enfrentar obstáculos que no afectan de la misma manera a sus colegas hombres.
Por eso, el avance en la administración pública debe estar acompañado de políticas más amplias de igualdad de oportunidades.
La participación en los niveles de decisión es una parte del problema, no su totalidad.
El riesgo de conformarse con el 50 %
También sería un error interpretar el cumplimiento del 50 % como el punto final de la discusión.
La paridad constituye un piso de representación, no necesariamente el techo de participación.
Si existen mujeres suficientemente calificadas para ocupar cargos de responsabilidad, la discusión debería centrarse en garantizar que tengan las mismas posibilidades de acceder a ellos.
Al mismo tiempo, cualquier política de participación debe preservar criterios de mérito y evitar que la igualdad se convierta en una simple cifra utilizada con fines políticos.
El reto es lograr que la paridad sea sostenible y que esté acompañada de instituciones más transparentes y eficaces.
Bogotá tiene un resultado para celebrar, pero también para vigilar
Las cifras muestran un avance relevante: 11 de las 18 entidades del nivel central superan el 50 % de participación femenina en cargos decisorios y 10 están encabezadas por mujeres.
Es el mejor resultado histórico reportado en este seguimiento.
Pero el mismo informe deja claro que el camino no está terminado.
Tres sectores que habían alcanzado la paridad retrocedieron, mientras otros avanzaron. Y cuando se amplía el universo de análisis al Concejo y los organismos de control, la cifra global se sitúa en 50,5 %.
La lectura más responsable, entonces, no es declarar superada la desigualdad.
Es reconocer el avance y, al mismo tiempo, mantener la vigilancia sobre los sectores donde persisten diferencias.
La verdadera prueba será comprobar si Bogotá consigue sostener estos resultados durante los próximos años y si la presencia de mujeres en los espacios de poder se traduce también en mayores oportunidades, mejores condiciones laborales y políticas públicas capaces de responder a la diversidad de la ciudad.
La paridad no debería ser solamente una estadística.
Debe convertirse en una característica permanente de una administración pública en la que mujeres y hombres puedan participar, dirigir y decidir en condiciones de igualdad.