Envían a la cárcel a presunto responsable del feminicidio de trabajadora en Soacha

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Óscar Giovanny Marulanda, señalado como el presunto responsable del feminicidio de una mujer que trabajaba desde hacía cinco años en un almacén de venta de utensilios y artículos para el hogar en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

La decisión judicial se produjo luego de que un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca le imputara el delito de feminicidio agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía y continuará vinculado al proceso penal mientras avanzan las investigaciones.

La víctima había rechazado iniciar una relación

De acuerdo con la investigación, el hoy procesado conoció a la víctima en febrero de este año cuando acudió al establecimiento comercial donde ella laboraba.

Tras manifestarle su interés sentimental, la mujer le expresó de manera clara que no deseaba mantener una relación con él. Sin embargo, esa negativa habría dado paso a una serie de comportamientos de acoso, persecución e intimidación que, según las autoridades, se prolongaron durante varios meses.

Los elementos recopilados indican que la víctima comenzó a ser objeto de constantes actos de hostigamiento tanto en su lugar de trabajo como en otros espacios que frecuentaba.

La Policía intervino para proteger a la víctima

Como consecuencia del presunto acoso, en al menos dos oportunidades fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía Nacional.

Los agentes acompañaron a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su residencia con el fin de brindarle protección y evitar nuevos episodios de intimidación por parte del señalado agresor.

La investigación también establece que el 10 de mayo y el 5 de junio el hombre habría llegado hasta la vivienda de la madre de la víctima y al lugar de residencia de su expareja sentimental para buscarla e intimidarla, generando preocupación entre sus familiares y allegados.

Estos antecedentes hacen parte del material probatorio que analiza la Fiscalía dentro del proceso judicial.

El ataque ocurrió durante su jornada laboral

Según la reconstrucción de los hechos, el domingo 12 de junio el presunto agresor ingresó al establecimiento comercial donde la mujer se encontraba trabajando.

Una vez dentro del local, presuntamente la atacó con un arma cortopunzante, ocasionándole cuatro heridas de gravedad.

Compañeros de trabajo, clientes y personas que se encontraban en el lugar alertaron de inmediato a las autoridades.

La víctima fue auxiliada y trasladada en una patrulla de la Policía Nacional hasta un centro asistencial, donde el personal médico realizó todos los esfuerzos para salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones falleció poco después de su ingreso.

Captura en flagrancia

Tras la agresión, las autoridades lograron capturar al señalado responsable en flagrancia, iniciando inmediatamente el procedimiento judicial correspondiente.

Posteriormente fue presentado ante un fiscal, quien le formuló imputación por el delito de feminicidio agravado, conducta penal que contempla severas sanciones cuando la muerte de una mujer ocurre en un contexto de violencia basada en género.

Aunque el procesado decidió no aceptar los cargos, un juez consideró que existían los elementos suficientes para imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.

Un caso que vuelve a alertar sobre la violencia contra las mujeres

Este caso ha generado conmoción entre la comunidad de Soacha y reabre el debate sobre la importancia de identificar y atender oportunamente los casos de acoso y violencia contra las mujeres antes de que escalen a hechos irreparables.

Especialistas coinciden en que las conductas de persecución, intimidación y hostigamiento no deben ser minimizadas, ya que en muchos casos constituyen señales tempranas de violencia que requieren intervención inmediata de las autoridades y el acompañamiento institucional a las víctimas.

Asimismo, se insiste en fortalecer las rutas de atención, protección y denuncia para garantizar que las mujeres puedan acceder a mecanismos efectivos de prevención y protección frente a cualquier tipo de amenaza.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continuarán recopilando pruebas que permitan esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad penal del procesado conforme a la legislación colombiana.