Por Ambientarte Radio 
Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude hoy a la Gobernación del Atlántico. La Fiscalía ha actuado con contundencia, imputando formalmente a exasesores y un contratista por graves irregularidades detectadas en un contrato clave para la comunidad pesquera. Se trata de un convenio valorado en millones, cuyo objetivo era el suministro de 200 cascos de lanchas artesanales. Sin embargo, lo que prometía ser un impulso para los pescadores, se ha convertido en una sombra de sospecha sobre la gestión pública.
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La Acusación Formal y los Implicados
Los exasesores Jorge Luis Sampayo Herrera y Gertrudis María Peralta Vásquez, junto al contratista Julio Cesar Altamar Rodríguez, son ahora el centro de esta investigación. La Fiscalía los ha vinculado formalmente, abriendo un capítulo judicial que promete revelaciones impactantes. Los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador son contundentes. Indican que, como miembros del comité evaluador, los exfuncionarios habrían orquestado un presunto direccionamiento del proceso contractual.
¿Una Fundación sin Experiencia?
La trama se complica al revelarse que este direccionamiento habría beneficiado a una fundación que, sorprendentemente, carecía de la idoneidad y experiencia necesarias para la construcción de embarcaciones. ¿Cómo pudo una entidad sin credenciales obtener un contrato de tal magnitud?Esta situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la probidad en la asignación de recursos públicos. La comunidad del Atlántico exige respuestas claras y contundentes ante lo que parece ser un nuevo caso de corrupción.
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