La Policía Metropolitana de Bogotá, en un operativo coordinado con la Seccional de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad, incautó más de 40 teléfonos celulares en el sector de San Victorino. Estos dispositivos, hallados en dos centros comerciales, presentaban reportes de hurto o alteraciones en sus sistemas informáticos, evidenciando el comercio ilegal de equipos móviles en la capital.
La acción policial fue posible gracias a denuncias ciudadanas y quejas recurrentes de personas que alertaron sobre la aparición de sus celulares robados en esta zona específica de la ciudad. Tras verificar la información, las autoridades procedieron con las diligencias necesarias para inspeccionar los establecimientos.
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Detalles del operativo y la incautación
Durante la inspección en un primer local, los uniformados descubrieron 30 teléfonos móviles. La verificación de cada equipo se realizó mediante dos sistemas clave: el Sistema de Registro de Terminal Móvil (SRTM), una plataforma pública que permite a los ciudadanos consultar si un celular está reportado en la Base de Datos Negativa de Colombia, y un sistema interno policial que registra denuncias ante la Fiscalía.
En total, al menos diez de los celulares incautados tenían el IMEI reportado por sus propietarios ante los operadores telefónicos, lo que indica un hurto previo. Este hallazgo subraya la persistencia del mercado negro de dispositivos móviles y la importancia de la colaboración ciudadana.
Sin capturas, un desafío legal
A pesar de la significativa incautación y el esfuerzo de las autoridades por desmantelar los puntos de acopio de celulares robados, no se realizaron capturas por el delito de receptación en este operativo. La razón principal es que, aunque varios equipos tenían reporte de hurto ante los operadores, ninguno contaba con una denuncia formal ante la Fiscalía.
Esta situación legal complica la judicialización de los responsables, ya que la ausencia de una denuncia formal ante la Fiscalía limita las acciones penales por parte de las autoridades. Se hace un llamado a la ciudadanía para formalizar siempre las denuncias de hurto para facilitar la labor de la justicia y la recuperación de sus bienes.
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