Por Ambientarte Radio 
La Defensoría del Pueblo ha dado un paso crucial en la lucha contra la violencia de género en Colombia. Este martes, se lanzaron las Unidades Especializadas para el Litigio de las Violencias de Género, una iniciativa vital que busca ofrecer una respuesta institucional robusta y urgente frente al alarmante incremento de las violencias extremas que afectan a mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica.
Estas unidades forman parte de la Estrategia de Género para la Defensa Pública y comenzaron sus operaciones prioritarias en departamentos clave como Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y la capital, Bogotá. Su misión principal es consolidar un servicio de representación legal especializado, oportuno, respetuoso y humanizado, incorporando de manera efectiva un enfoque de género para asegurar la defensa de los derechos de las víctimas.
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Colombia: Una emergencia nacional por violencias de género
La creación de estas unidades subraya la grave realidad que enfrenta Colombia, donde las violencias de género constituyen una verdadera emergencia nacional. Las cifras son desoladoras: cada año, cerca de 1.000 mujeres son asesinadas, lo que equivale a un feminicidio cada ocho horas. A esto se suma el alarmante promedio anual de 139 asesinatos de personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica, una de las tasas más altas de la región.
La crisis se agrava por la persistencia de la violencia de pareja, intrafamiliar, sexual, la trata de personas y las desapariciones. Además, la impunidad es un factor predominante, con más del 90% de los delitos de violencia contra las mujeres sin condena y el 91.4% de los delitos sexuales estancados en etapa de indagación. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, enfatizó la necesidad de una respuesta estatal unificada y un diálogo constante con la sociedad civil para construir confianza y exigir cumplimiento.
Claves de la nueva estrategia para proteger a las víctimas
La estrategia de la Defensoría, coordinada con entidades del sector justicia como la Fiscalía General de la Nación, comisarías de Familia, autoridades locales y organizaciones de mujeres y LGBTIQ+, se basa en tres pilares fundamentales:
1. Mejora de las capacidades de defensa técnica con enfoque de género para la judicialización efectiva de feminicidios, delitos sexuales y violencias por prejuicio.2. Fortalecimiento de las rutas de atención, la emisión de medidas de protección y las órdenes de captura.3. Posicionamiento de argumentos jurídicos en las decisiones judiciales que contextualicen la discriminación y los patrones de violencia estructural, garantizando un acceso real y efectivo a la justicia.
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