Un operativo conjunto realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, permitió el desmantelamiento de un establecimiento clandestino que operaba bajo la fachada de un sindicato en la Avenida Primero de Mayo, en el sur de la ciudad. El operativo culminó con la aprehensión de más de 20 menores de edad que se encontraron consumiendo licor y la incautación de sustancias psicoactivas y armas.
Según el reporte oficial, el local, aparentemente un sindicato, funcionaba como un bar clandestino que permitía el ingreso y consumo de alcohol a menores de edad. Las autoridades llegaron al lugar tras recibir múltiples denuncias anónimas que alertaban sobre la presencia de jóvenes en estado de embriaguez y la posible comercialización de sustancias ilegales. El operativo se realizó de manera sorpresiva, evitando así la posibilidad de que los implicados destruyeran evidencias o se dieran a la fuga.
Durante la intervención, las autoridades encontraron a más de 20 menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años, consumiendo bebidas alcohólicas. Los menores fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para recibir la atención y protección necesarias. Se está investigando si los menores fueron inducidos al consumo de alcohol o si accedieron al establecimiento por voluntad propia. La investigación también buscará determinar si existía alguna red de tráfico de menores involucrada en este caso.
Además del hallazgo de los menores, la Policía incautó un importante alijo de sustancias psicoactivas. Entre las sustancias decomisadas se encuentran 35 papeletas de tusi, una droga sintética de efectos alucinógenos, una cantidad considerable de marihuana y varias armas blancas. Las sustancias incautadas serán enviadas a los laboratorios forenses para su análisis y posterior inclusión en el proceso judicial.
En total, 10 personas adultas, presuntamente responsables de la operación del establecimiento clandestino, fueron conducidas al Centro de Traslado por Protección, donde se les tomarán las respectivas declaraciones y se determinará su responsabilidad en los hechos. Se les imputarán cargos por permitir el acceso y consumo de alcohol a menores de edad, tráfico de sustancias psicoactivas y la posible posesión ilegal de armas blancas. La Fiscalía General de la Nación llevará a cabo la investigación correspondiente para determinar las sanciones que se les aplicarán.
Como medida inmediata, el establecimiento fue sellado por un periodo de tres meses, mientras continúan las investigaciones. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los menores de edad y el combate contra la venta y consumo de sustancias psicoactivas. Se instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad de los menores o violar las leyes colombianas.
Este caso resalta la problemática del consumo de alcohol y drogas entre menores de edad en Bogotá y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y control. Las autoridades han anunciado planes para aumentar la vigilancia en zonas de alto riesgo y trabajar en conjunto con las comunidades para erradicar este tipo de actividades ilegales.
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