Multa de $589 millones a Prosalon Distribuciones S.A.S. por vulnerar derechos de los consumidores.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción económica de 589 millones de pesos a Prosalon Distribuciones S.A.S., empresa dueña de la reconocida cadena de productos de belleza Cromantic, tras identificar múltiples irregularidades que afectaron los derechos de los consumidores.

La entidad de control determinó que la compañía incurrió en fallas relacionadas con el cumplimiento de las garantías ofrecidas, el derecho al retracto, la claridad en promociones y descuentos, así como la información suministrada sobre los productos comercializados.

Según el análisis de la SIC, la empresa no brindó una atención adecuada en casos donde los consumidores solicitaron hacer efectivas las garantías, ni respetó los términos legales para el retracto de compras, afectando directamente a los usuarios en su derecho a obtener una compensación justa o la devolución de su dinero. Así mismo, se detectaron deficiencias en la forma como se presentaban las promociones, generando confusión sobre precios, condiciones y beneficios, y se encontró que en varios casos la información sobre los productos no era clara, completa ni suficiente.

La sanción busca enviar un mensaje contundente al sector empresarial sobre la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en las normas de protección al consumidor. La SIC del Cambio reiteró que continuará actuando de manera firme frente a las empresas que incumplan con los deberes mínimos que garantizan relaciones de consumo justas y transparentes.

En este contexto, la Superintendencia recordó que todos los comercios tienen la responsabilidad de ofrecer información veraz, precisa y visible sobre los productos y servicios que comercializan, así como de respetar los derechos que la ley otorga a los consumidores, especialmente en lo relacionado con garantías, retractos, promociones y servicio postventa.

Con esta decisión, se reafirma el compromiso institucional de fortalecer la vigilancia sobre el comportamiento de las empresas en el mercado colombiano y de brindar mayor respaldo a los consumidores frente a prácticas que puedan vulnerar sus derechos.