Por Ambientarte Radio 
En medio del debate sobre la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, Rodrigo Londoño, excomandante de la antigua guerrilla de las FARC y actual líder del partido surgido de ese proceso, ha responsabilizado al Gobierno del presidente Gustavo Petro por el incremento de los cultivos ilícitos en el país. Según Londoño, el actual Ejecutivo ha incumplido compromisos clave que habrían podido contener el avance de estas economías ilegales en territorios históricamente afectados por el conflicto.
Para el dirigente, el abandono de algunas líneas estratégicas del acuerdo, en especial aquellas relacionadas con la reforma rural integral y los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, ha generado un escenario de incertidumbre en las comunidades. Esto, sumado a la falta de presencia estatal efectiva y sostenible en zonas rurales, habría propiciado el resurgimiento de estructuras criminales y el retorno de economías ilícitas como única fuente de subsistencia para muchas familias campesinas.
El señalamiento cobra relevancia en un contexto en el que los indicadores sobre cultivos de uso ilícito vuelven a ser motivo de preocupación nacional. Londoño sostiene que el deterioro de las condiciones de implementación no solo ha debilitado la confianza en el proceso de paz, sino que ha contribuido a la persistencia de factores que alimentan la violencia y la ilegalidad.
Estas declaraciones reavivan el debate sobre la responsabilidad institucional en la consolidación de la paz territorial. Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de avanzar en una «paz total» con diversos actores armados, sectores del antiguo partido FARC insisten en que la paz firmada aún está incompleta y que el cumplimiento de lo pactado es un requisito indispensable para avanzar en cualquier nuevo diálogo o esfuerzo de reconciliación.
La controversia plantea una vez más la necesidad de revisar los avances reales del acuerdo de paz, así como de evaluar con rigurosidad las políticas actuales frente al control de cultivos ilícitos, el desarrollo rural y la garantía de derechos en zonas vulnerables. En ese escenario, la voz de los firmantes del acuerdo y de las comunidades impactadas sigue siendo fundamental para trazar el camino hacia una paz duradera y transformadora.