Expropiación disfrazada.

Cristina Plazas Michelsen

Intervinieron, sí. Pero no para solucionar, sino para imponer su ideología. Y fracasaron

Lo que el gobierno hizo con Sanitas no tiene otro nombre: fue una intervención arbitraria, política y vengativa. Y hoy, gracias a la Corte Constitucional, quedó claro que no solo fue ilegal, sino producto de una estrategia deliberada para profundizar la crisis del sector. La Superintendencia dejó de ser un ente de vigilancia técnica para convertirse en una especie de policía política, que actúa por conveniencia ideológica y no bajo criterios jurídicos y técnicos. Así, sin vergüenza.

No buscaban mejorar el sistema ni garantizar derechos. Buscaban castigar a un actor privado que no encajaba en el relato oficial. El resultado fue previsible: una EPS resquebrajada, un sistema más inestable y millones de usuarios mal atendidos. Porque mientras el gobierno imponía su dogma desde un escritorio, la gente se enfermaba, se complicaba y moría. Literalmente moría.

Durante los 15 meses en que Sanitas estuvo bajo intervención, las cifras hablaron solas: quejas disparadas en un 33 %, el patrimonio desplomado en más de 1,2 billones de pesos, las reservas técnicas afectadas en 800 mil millones, y una deuda con clínicas y hospitales que llegó a los 1,3 billones. Todo mientras la siniestralidad subía hasta niveles insostenibles y la calidad del servicio se venía abajo. Pero más allá de los números, lo que dejó esta intervención fue dolor, abandono y muertes evitables. La realidad se impuso sobre la narrativa: los ciudadanos pasaron de tener atención —con todos los problemas del sistema— a no tener nada.

Y no fue un error. Fue una estrategia deliberada para imponer un modelo estatista que la Constitución no contempla. Un intento por borrar el carácter mixto del sistema de salud y reemplazarlo por un esquema centralizado, ineficiente, controlado desde el poder político, y profundamente peligroso. Todo bajo la bandera de una supuesta “transformación” que terminó siendo una excusa para perseguir, castigar y expropiar.

Enhorabuena la Corte puso el freno. Demostró que la división de poderes sirve, actuó como pilar de la democracia y le recordó al gobierno que hay límites. Que la Constitución protege el debido proceso, la empresa privada y, sobre todo, la vida de los pacientes. Pero el daño ya está hecho. Y ahora hay que repararlo. Hay EPS al borde de la quiebra, hospitales asfixiados, profesionales de la salud sin salario y pacientes abandonados. No es un tema ideológico. Es una emergencia.

A los candidatos presidenciales: ya es hora de dejar de reaccionar a cada provocación del presidente y empezar a hablar de soluciones. El sistema de salud necesita compromiso real, no eslóganes. Necesita reglas claras, seguridad jurídica y voluntad política para saldar las deudas, cumplir lo que ordena la Corte y recuperar la confianza de los actores que aún sostienen el sistema. Porque sin ellos, el sistema colapsa.

Lo que ocurrió con Sanitas no puede volver a pasar. Fue un acto de abuso de poder, una expropiación disfrazada, y una amenaza directa al modelo mixto que establece la Constitución colombiana. Lo que está en juego no es una EPS. Son millones de vidas.