Por William Olaya Sarmiento, lic. Educación – DDHH
Este domingo 20 de abril, se implementará nuevamente la medida de pico y placa regional entre las 12:00 m. y las 8:00 p. m. en las principales entradas a Bogotá. Aunque estas acciones buscan regular el ingreso vehicular, para sectores como Bosa, el sur profundo de la ciudad, no representan solución alguna. Todo lo contrario: solo hacen más visible el abandono histórico de una localidad cuya malla vial parece más propia de una vereda polvorienta que de una zona urbana de la capital del país.
Una de las rutas más transitadas por los conductores que ingresan desde Soacha es el paso por Ciudad Verde, que se conecta con el puente La Frontera, un paso estrecho y sin condiciones técnicas que conecta directamente con el corazón de Bosa. Esa vía alterna, usada para evitar la saturada Autopista Sur, ha transformado el panorama de esta zona residencial en un infierno diario de trancones interminables, contaminación y deterioro profundo de la infraestructura vial.
Lo más alarmante es que las calles de Bosa ya no están simplemente dañadas: están colapsadas. El asfalto cede bajo el peso de vehículos que nunca debieron circular por allí, los huecos se multiplican con cada aguacero y los vecinos ya no caminan, literalmente, sino que esquivan cráteres.
Pero este escenario no es producto del azar ni solo del crecimiento urbano: es el resultado de años de corrupción institucional, de contratos inflados, licitaciones amañadas, materiales de pésima calidad y obras inconclusas. Durante años, los recursos destinados para mejorar o mantener las vías de Bosa han desaparecido entre promesas vacías y gestiones fallidas, mientras las administraciones locales y distritales giran la mirada hacia zonas más visibles o políticamente rentables.
La corrupción no solo se mide en cifras robadas, sino en el abandono que produce: calles intransitables, vecinos expuestos al peligro, buses del SITP destrozando lo poco que queda de pavimento, y un entorno donde la vida diaria se convierte en una batalla contra la desidia del Estado.
Y mientras tanto, la administración local permanece ausente. No hay un plan estructural de recuperación de la malla vial, ni un sistema de control que regule el uso excesivo de estas vías. Tampoco se observa una estrategia de educación comunitaria, ni mucho menos acciones de exigencia frente a los contratistas que históricamente han incumplido.
Lo que ocurre en Bosa es el retrato de una ciudad profundamente desigual: una Bogotá con centro y norte renovados, mientras el sur se cae a pedazos. La movilidad no puede seguir tratándose como un lujo del norte, mientras en el sur la gente camina sobre tierra y polvo, o se accidenta esquivando huecos en la oscuridad.
Es urgente una intervención profunda y sostenida. No más tapar huecos como medida simbólica. Se necesita voluntad política, auditorías ciudadanas, obras transparentes y una reparación real a una localidad que ha sido víctima de un sistema que la excluye incluso del asfálto.
