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0pinion: El caos tiene libreto.

Ambientarte Radio — Sun, 20 Jul 2025 00:38:50 +0000

Cristina Plazas Michelsen

La semana pasada expusimos los cuatro puntos que muestran cómo el presidente Petro está atentando contra la democracia colombiana: la milicianización del país, el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, la desinstitucionalización deliberada y el libreto del fraude electoral.

Hoy, esa alerta se amplía. Porque lejos de corregir el rumbo, el gobierno acelera su proyecto de poder. Y lo hace con cinismo y estrategia.

Ahora Petro propone que Colombia se desligue de la OTAN y, en su lugar, plantea la creación de un supuesto “ejército de la luz”, justo cuando el país atraviesa una de las peores crisis de seguridad de los últimos tiempos.

Esta no es una simple declaración ni un desliz retórico. Forma parte de una estrategia que están siguiendo al pie de la letra. Porque la OTAN no es solo defensa internacional. Es cooperación en inteligencia, formación militar, tecnología de punta y respaldo frente al crimen transnacional organizado: narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y lavado de activos.

Lo más grave es que Petro quiere romper esa alianza estratégica justo cuando más la necesitamos:

– En el 75% de los municipios del país hay presencia de grupos armados ilegales.
– El número de integrantes pasó de 15.000 en 2022 a más de 22.000 en 2024.
– Los asesinatos y heridos de miembros de la Fuerza Pública aumentaron más de 120% este año, según el Ministerio de Defensa.

En lugar de fortalecer nuestras capacidades, Petro, debilita a la Fuerza Pública. En vez de cooperar con nuestros aliados, los confronta. Y mientras tanto, avanza la Ley Montealegre, una reforma judicial hecha a la medida del crimen y la impunidad.

Como bien lo advierte la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien hizo parte de este gobierno, lo que propone el actual ministro, Eduardo Montealegre, es una forma de camuflar la condonación de penas a delincuentes ya condenados por la justicia.

“No hay autorización en la Ley de Paz Total ni en el fallo de la Corte Constitucional para desconocer los principios de la justicia penal. Las personas que ya fueron condenadas deben cumplir su pena”, afirmó con claridad.

Además, advirtió que el proyecto también plantea beneficios para financiadores y colaboradores de estructuras criminales de alto impacto, lo cual representa una violación abierta a los principios fundamentales del derecho penal colombiano.

Es decir: mientras aumentan los asesinatos de policías y soldados, el gobierno ofrece impunidad a los criminales que los atacan.

Y todo esto ocurre mientras Petro escala su confrontación con Estados Unidos, nuestro principal socio diplomático, económico y en materia de seguridad. Lo hace no solo por ideología, sino porque busca victimizarse, construir el relato del asedio extranjero y justificar así su alineación con regímenes como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia y China.

No se trata de rechazar nuevas alianzas o diversificar relaciones exteriores. Se trata de no destruir las que son fundamentales para nuestra soberanía, nuestra economía y nuestra seguridad.

Esta semana, quedó todo más claro. En un acto oficial en Caracas, el jefe de gabinete, Alfredo Saade, declaró sin rodeos: “Este es el inicio de un sueño, de un sueño que nació en Bolívar, que continuó el presidente Chávez, que hoy tienen Maduro y Petro. Es el inicio de una transformación social, política y económica en una región que lo necesita”.

Nos decían que exagerábamos. Que comparar a Petro con Maduro era una locura, una distorsión malintencionada. Pero no. No estábamos delirando. Hoy está frente a nuestros ojos: el proyecto de Petro y el de Maduro es el mismo.

Colombia está siendo arrastrada a una estrategia de confrontación nacional e internacional, diseñada para fracturar el orden constitucional, generar caos, deslegitimar las instituciones y consolidar un régimen afín a los autoritarismos más radicales del continente.

En el 2026 tenemos una responsabilidad histórica: sacarlos del poder con el voto.

Tu voto no es simbólico. Es tu defensa. Es tu derecho. Es tu país.

Tu voto salva la democracia.

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El Silencio De FECODE Que Mata.

Ambientarte Radio — Sat, 05 Jul 2025 12:24:31 +0000

Cristina Plazas Michelsen

Aunque Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAG y uno de los responsables —junto a su hermano— de la debacle de la Nueva EPS, diga que el nuevo modelo de salud para los maestros es “un lujo”, los hallazgos de la Contraloría General de la República cuentan otra historia: una historia de improvisación, desorden y —sobre todo— corrupción.

Su hermano, cuando fue contralor delegado para el sector salud, alistó el terreno para que Cadena llegara a la presidencia de la Nueva EPS. No duró mucho en el cargo. Su paso fue fugaz, pero no irrelevante: después de su salida lo premiaron con la vicepresidencia del FOMAG, desde donde hoy lidera un modelo que ha colapsado en tiempo récord.

Este es el “cambio” que nos prometieron: el mismo clientelismo de siempre, pero con nuevos protagonistas. Apenas arrancó el gobierno, el presidente Petro entregó la Fiduprevisora —la entidad que administra los recursos de salud y pensiones del magisterio— a Jhon Mauricio Marín, un personaje sin experiencia en el sector, con un historial dudoso y nombrado no por méritos sino como cuota de los congresistas Wilmer Carrillo y Saray Bechara, del Partido de la U. Así se reparte la mermelada en este gobierno. Y no: repartir mermelada no es gobernar, es delinquir. Luego llegó Magda Lorena Giraldo Parra, pero nada cambió. El desastre continúa y los maestros siguen pagando las consecuencias.

Según la Contraloría, la Fiduprevisora autorizó el pago de 1,2 billones de pesos a diez operadores sin la aprobación del Consejo Directivo del FOMAG. Se firmaron contratos por más de 650 mil millones sin actas de inicio; se improvisó la contratación médica; se cometieron errores graves en la definición de la población a atender y en los pagos; se firmaron contratos por 168 mil millones sin garantías; se favorecieron ciertas IPS; se utilizaron sociedades ficticias para contratar servicios de salud; se pagaron 52 mil millones en sanciones por el mal manejo de cesantías, y se perdieron casi 24 mil millones por una pésima gestión de cartera. En total, más de 81 mil millones en pagos irregulares y más de medio billón de pesos en hallazgos fiscales. Un desangre sin precedentes.

Y, mientras tanto, Fecode guarda silencio.

Fecode —que debería estar defendiendo a sus afiliados— hoy calla ante el desastre que ellos mismos promovieron. No protestan contra este modelo que ha puesto en riesgo la vida de los maestros; salen a las calles a exigir que nos impongan ese desastre a todos los colombianos. Porque este modelo no solo es un fracaso: es un negocio, y no únicamente de funcionarios, sino también de algunos docentes que operan IPS, reparten contratos y manejan recursos públicos como si fueran propios.

Lo advertimos desde el inicio: este sistema estaba diseñado para colapsar. Pero quienes lo promovieron no buscaban eficiencia, ni calidad, ni cobertura; buscaban poder. Un sistema sin competencia, sin auditoría y sin libre elección. Un sistema que permite repartir la plata entre amigos políticos sin consecuencias. La salud, convertida en botín.

Lo más grave es que esta tragedia tiene responsables con nombre propio. Si un maestro muere porque no recibió el tratamiento que necesitaba, los responsables son el gobierno que impuso este modelo, los funcionarios que lo ejecutan y los directivos de Fecode que lo respaldaron, con la honrosa excepción de Victoria Avendaño, quien votó en contra.

Y como no se trata solo de denunciar, sino de proponer salidas, insisto en una alternativa viable y urgente: incorporar a los maestros al régimen contributivo general, con un plan complementario que conserve los beneficios que la ley les otorga. Los recursos que hoy se destinan son suficientes para hacerlo. Esta fórmula permitiría mejorar la atención, reducir los sobrecostos, garantizar la libre elección y devolverle dignidad al sistema.

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Expropiación disfrazada.

Ambientarte Radio — Sat, 28 Jun 2025 16:23:00 +0000

Cristina Plazas Michelsen

Intervinieron, sí. Pero no para solucionar, sino para imponer su ideología. Y fracasaron

Lo que el gobierno hizo con Sanitas no tiene otro nombre: fue una intervención arbitraria, política y vengativa. Y hoy, gracias a la Corte Constitucional, quedó claro que no solo fue ilegal, sino producto de una estrategia deliberada para profundizar la crisis del sector. La Superintendencia dejó de ser un ente de vigilancia técnica para convertirse en una especie de policía política, que actúa por conveniencia ideológica y no bajo criterios jurídicos y técnicos. Así, sin vergüenza.

No buscaban mejorar el sistema ni garantizar derechos. Buscaban castigar a un actor privado que no encajaba en el relato oficial. El resultado fue previsible: una EPS resquebrajada, un sistema más inestable y millones de usuarios mal atendidos. Porque mientras el gobierno imponía su dogma desde un escritorio, la gente se enfermaba, se complicaba y moría. Literalmente moría.

Durante los 15 meses en que Sanitas estuvo bajo intervención, las cifras hablaron solas: quejas disparadas en un 33 %, el patrimonio desplomado en más de 1,2 billones de pesos, las reservas técnicas afectadas en 800 mil millones, y una deuda con clínicas y hospitales que llegó a los 1,3 billones. Todo mientras la siniestralidad subía hasta niveles insostenibles y la calidad del servicio se venía abajo. Pero más allá de los números, lo que dejó esta intervención fue dolor, abandono y muertes evitables. La realidad se impuso sobre la narrativa: los ciudadanos pasaron de tener atención —con todos los problemas del sistema— a no tener nada.

Y no fue un error. Fue una estrategia deliberada para imponer un modelo estatista que la Constitución no contempla. Un intento por borrar el carácter mixto del sistema de salud y reemplazarlo por un esquema centralizado, ineficiente, controlado desde el poder político, y profundamente peligroso. Todo bajo la bandera de una supuesta “transformación” que terminó siendo una excusa para perseguir, castigar y expropiar.

Enhorabuena la Corte puso el freno. Demostró que la división de poderes sirve, actuó como pilar de la democracia y le recordó al gobierno que hay límites. Que la Constitución protege el debido proceso, la empresa privada y, sobre todo, la vida de los pacientes. Pero el daño ya está hecho. Y ahora hay que repararlo. Hay EPS al borde de la quiebra, hospitales asfixiados, profesionales de la salud sin salario y pacientes abandonados. No es un tema ideológico. Es una emergencia.

A los candidatos presidenciales: ya es hora de dejar de reaccionar a cada provocación del presidente y empezar a hablar de soluciones. El sistema de salud necesita compromiso real, no eslóganes. Necesita reglas claras, seguridad jurídica y voluntad política para saldar las deudas, cumplir lo que ordena la Corte y recuperar la confianza de los actores que aún sostienen el sistema. Porque sin ellos, el sistema colapsa.

Lo que ocurrió con Sanitas no puede volver a pasar. Fue un acto de abuso de poder, una expropiación disfrazada, y una amenaza directa al modelo mixto que establece la Constitución colombiana. Lo que está en juego no es una EPS. Son millones de vidas.

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Obras son amores.

Ambientarte Radio — Sat, 21 Jun 2025 19:12:13 +0000

Por Cristina Plazas

El presidente Gustavo Petro cree que puede evadir su responsabilidad regañando ministros, como si con eso pudiera maquillar los paupérrimos resultados de su gobierno. Pero ya han pasado tres años y, en departamentos como el Chocó, que votaron por él casi de forma unánime, no ha cumplido absolutamente nada. Ni el acueducto de Quibdó, ni el plan maestro. Nada.

¿De qué sirve que en cada discurso hable de los negros y de los afros si, cuando se trata de cumplir con lo prometido, se esfuma? Esta semana, en una de sus eternas transmisiones, se quejó de la poca inversión en el Chocó, se comparó con el expresidente Iván Duque y, como ya es costumbre, mintió. Dijo que su gobierno había ejecutado más que los anteriores.

Pero los datos oficiales del Departamento Nacional de Planeación lo desmienten rotundamente.

Durante este gobierno se han aprobado 2,6 billones de pesos para el Chocó, pero la ejecución es vergonzosa:

En 2023 se aprobaron 1.2 billones, y se ejecutaron 752 mil millones.

En 2024 se aprobaron 793 mil millones, y solo se ejecutaron 386 mil.

En 2025 se aprobaron 757 mil millones, pero apenas se han ejecutado 109 mil.

Eso significa una eficiencia del 48%. Es decir, una ineficiencia del 52%.

En contraste, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se invirtieron 4 billones de pesos en el Chocó, con una ejecución del 75%. Con el presidente Duque fueron 4,6 billones, con una ejecución del 92%. Petro, en tres años, no solo no llega ni a la mitad de lo prometido: ejecuta menos de la mitad de lo aprobado.

En el Chocó, las inversiones no pueden seguir basándose exclusivamente en subsidios y transferencias del Estado. Según el Plan Plurianual de Inversiones 2023‑2026, el 51,6 % de los recursos provienen del Sistema General de Participaciones, el 31,1 % del Presupuesto General de la Nación, el 13,1 % del Sistema General de Regalías y apenas un 3,9 % de recursos propios. Esta estructura revela una fuerte dependencia del gasto público y una ausencia casi total de inversión privada. Si se quiere transformar realmente la región, no basta con cubrir necesidades básicas. Es urgente promover la industrialización, fortalecer el tejido empresarial y generar empleo formal desde el sector productivo. El desarrollo del Chocó no puede seguir descansando únicamente sobre el aparato estatal.

Lo más indignante es que el Pacífico votó por él con una esperanza que fue traicionada. Prometió transformar la región y la ha abandonado. No se puede gobernar a punta de discursos. No basta con hablar bonito de los pueblos marginados si no se cumple con hechos.

Presidente, no mienta. Las cifras oficiales de su propio gobierno lo contradicen.

Y no lo olvide: obras son amores… lo demás es puro cuento.

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