Este documento busca reforzar la denuncia inicial contra el representante a la Cámara. Incluye hechos recientes, acaecidos en diciembre de 2025 y enero de 2026, relacionados con declaraciones públicas que Polo Polo realizó en sus redes sociales, especialmente en la plataforma X.

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Nuevos Detalles en la Denuncia

Según lo informado por la defensa del presidente, el memorial ha sido formalmente registrado y ya está en conocimiento del magistrado Francisco Javier Farfán Molina, quien lleva el caso. La presentación de estas nuevas evidencias se fundamenta en publicaciones verificables en X, de las cuales se adjuntaron enlaces directos, métricas de alcance y trazabilidad para certificar su autenticidad.

En una comunicación pública dirigida al mandatario, el abogado Carranza detalló que el escrito describe una serie de episodios que, a su juicio, consolidan un patrón de conducta previamente denunciado. Entre las acusaciones se destacan imputaciones presentadas como verdades absolutas, estigmatización política, insultos, posibles descalificaciones hacia la justicia y la promoción de una narrativa de «invasión externa» como «mecanismo de corrección». Esta última es calificada en el documento como una acción abusiva e inconstitucional.

Delitos Alegados

El memorial solicita a la Corte Suprema evaluar si las conductas de Miguel Polo Polo se ajustan a diversos delitos contemplados en el Código Penal colombiano. Entre los ilícitos mencionados se encuentran: injuria, calumnia agravada, hostigamiento por orientación política, instigación a delinquir, instigación a la sedición y menoscabo de la integridad nacional.

Peticiones de Aseguramiento Probatorio

Además de la solicitud de valoración de los delitos, la defensa del presidente Petro ha pedido un aseguramiento probatorio digital. Esto implica la preservación de los contenidos, sus metadatos, los valores hash y la cadena de custodia de las publicaciones. También se han solicitado requerimientos específicos a la plataforma X, donde se difundieron los mensajes objeto de la denuncia.

Transparencia y Límites de la Expresión

El apoderado judicial del presidente indicó que la divulgación de esta nueva información busca garantizar la transparencia del proceso. Subrayó que el representante Miguel Polo Polo «tiene derecho a saber que sus palabras están siendo evaluadas» en el marco de una investigación judicial.

Carranza enfatizó el respeto a la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad de expresión, siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución. Sin embargo, advirtió que no se permitirá que se menoscabe la unidad nacional ni la soberanía del país.

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La disculpa era parte de las medidas de reparación por un incidente previo, en el que el congresista desechó una obra artística. Dicha obra consistía en botas militares, un símbolo utilizado para representar a los jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, comúnmente conocidos como «falsos positivos».

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Reacción de las Madres de Soacha y Posibles Acciones Legales

La ausencia de Miguel Polo Polo en el acto fue interpretada por las Madres de los Falsos Positivos de Soacha como un nuevo acto de revictimización. Esta situación generó indignación entre las integrantes del colectivo, quienes buscan justicia y reparación por los crímenes cometidos contra sus hijos.

Ante esta falta, las víctimas han anunciado que evalúan tomar acciones legales adicionales. Podrían iniciar un proceso por desacato contra el congresista, buscando que se cumpla la orden judicial de manera efectiva y se respeten sus derechos.

Argumentos de la Defensa de Polo Polo

Por su parte, la defensa de Miguel Polo Polo ha argumentado que la notificación sobre el acto público de disculpas fue recibida con poca antelación. Según sus declaraciones, el congresista no tuvo tiempo suficiente para organizar su asistencia a la ceremonia.

Además, la defensa sostiene que aún existe un plazo legal para que Polo Polo cumpla con la orden judicial. Indicaron que se buscará una nueva fecha para llevar a cabo el acto de disculpas, con el fin de acatar lo dispuesto por el juzgado de Bogotá.

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La decisión de la Sala se fundamenta en la convicción de que el derecho a la defensa del congresista no fue vulnerado. Se subraya que los hechos jurídicamente relevantes, desde la apertura del sumario hasta la fase de acusación, se centran exclusivamente en las publicaciones realizadas por Polo Polo en sus plataformas digitales. El centro de la controversia radica en dos publicaciones específicas, ambas del 14 de noviembre de 2023: la primera, emitida a la 1:05 p.m., incluía la polémica frase «¡gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!» acompañando un video de la quema de una bandera del Movimiento M-19. Horas después, a las 7:37 p.m., apareció una segunda publicación mostrando la incineración de una efigie que portaba la misma bandera y, de manera explícita, el rostro del presidente Gustavo Petro.

Con esta ratificación, el camino hacia el juicio avanza. Cabe recordar que en la audiencia preparatoria ya se establecieron las pruebas, documentos y testimonios cruciales que serán considerados durante el desarrollo del proceso contra el representante.

Entre las voces que la Sala escuchará, destaca de manera significativa la del propio presidente Gustavo Petro. Su testimonio ha sido aceptado por considerarse fundamental para determinar si tuvo conocimiento directo de las controvertidas publicaciones y, más importante aún, si estas acciones derivaron en incidentes concretos que comprometieron su vida, integridad o seguridad personal, según lo precisó la Sala.

Adicionalmente, el tribunal ha convocado a otras figuras relevantes para rendir declaración. Se espera el testimonio de la vicepresidenta Francia Márquez, la senadora María José Pizarro, y Javier Alfonso Forero Niño, quien funge como representante legal del movimiento político M-19.

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Según datos precisos expuestos por la congresista Esmeralda Hernández, la participación legislativa de Polo Polo ha sido notablemente escasa. El representante se ausentó en 317 de un total de 505 votaciones, lo que representa una significativa porción de las decisiones cruciales del país. A esto se suma su falta a 72 sesiones plenarias, escenarios fundamentales para el debate y la construcción de la agenda nacional. Este nivel de inasistencia contrasta drásticamente con el salario millonario que percibe, un privilegio que el cargo conlleva, pero que se espera esté directamente ligado a un ejercicio diligente de sus funciones.

La indignación ante esta situación no se hizo esperar, y la congresista Hernández no escatimó en palabras al abordar la situación, dejando una contundente declaración que resuena en la opinión pública:

“Robar no es solo meterle la mano al bolsillo ajeno, también es recibir un salario sin trabajar.”

Esta crítica directa y sin tapujos subraya la percepción de un incumplimiento flagrante del deber, equiparando la inacción con una forma de defraudación a la confianza ciudadana y al erario público.

Frente a este escenario de descontento y a la necesidad imperante de fortalecer la rendición de cuentas en el Congreso, la senadora Hernández ha anunciado un paso significativo: la presentación del proyecto de ley “No Más Polo Polo”. Esta iniciativa legislativa busca establecer un mecanismo claro y contundente para suspender el pago a aquellos congresistas que no cumplan con su deber fundamental de asistir y participar activamente en las sesiones y votaciones. De prosperar, este proyecto sentaría un precedente importante, promoviendo una mayor responsabilidad y compromiso por parte de quienes ocupan una curul, y asegurando que el salario de los legisladores esté directamente ligado a su desempeño y presencia efectiva en el Capitolio.

El caso de Miguel Polo Polo se convierte así en un catalizador para un debate más amplio sobre la ética, la eficiencia y la accountability en el poder legislativo, instando a una reflexión profunda sobre el valor del voto ciudadano y el compromiso de sus representantes.

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