La controversia se intensifica al considerar que Guerrero aspira a un cargo con un salario de 15 millones de pesos mensuales, a pesar de carecer, según Pedraza, de la experiencia profesional requerida. El manual de funciones para la viceministra de las Juventudes exige, al menos, dos años de experiencia profesional relacionada con el cargo. La falta de esta experiencia, combinada con las presuntas irregularidades en la obtención del título, ha generado un debate público sobre la idoneidad de la candidata.

En un comunicado de prensa emitido en las últimas horas, el Icfes desmintió la información difundida por la representante Pedraza. El instituto afirmó que la información sobre la presentación o no de las pruebas Saber Pro por parte de Guerrero «no es oficial y no ha sido emitida ni suministrada por el Instituto». Esta negación, sin embargo, no descarta la posibilidad de irregularidades, ya que el Icfes ha iniciado una investigación interna para determinar la veracidad de las acusaciones.

La investigación del Icfes se centra en dos puntos clave: primero, determinar si hubo una vulneración de su sistema informático, es decir, si se produjo un hackeo que permitió el acceso y la posterior divulgación de información confidencial sobre los resultados de las pruebas Saber Pro de Guerrero. Segundo, el Icfes investiga si dicha acción, de ser confirmada, ha vulnerado derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico colombiano. El comunicado advierte que, de comprobarse la manipulación de datos o la divulgación indebida de información, el Icfes emprenderá las acciones legales pertinentes contra los responsables.

La investigación del Icfes es crucial para esclarecer la situación y determinar si las acusaciones de la representante Pedraza son ciertas. De confirmarse la falta de presentación de las pruebas Saber Pro por parte de Guerrero, se abriría un debate sobre la validez de su título profesional y las implicaciones para su aspiración a la viceministra de las Juventudes. Por otro lado, la investigación también busca determinar si hubo una filtración de datos desde el Icfes, lo que representaría una grave falla de seguridad institucional.

Mientras la investigación continúa, la controversia ha generado un amplio debate público sobre la transparencia en los procesos de selección de funcionarios públicos y la importancia de la verificación de la información antes de su divulgación. La opinión pública espera con atención los resultados de la investigación del Icfes para determinar la veracidad de las acusaciones y las consecuencias que esto pueda tener para la aspirante a viceministra y para la institución.

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