Por Ambientarte Radio 
La vulnerabilidad de los controles internos y los riesgos asociados a los delitos de cuello blanco en el sector privado volvieron a quedar en evidencia en el suroccidente del país. Tras la contundencia de las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, Marly Tabares, de 54 años de edad, aceptó formalmente los cargos imputados en su contra por su participación en una serie de desfalcos sistemáticos perpetrados entre agosto de 2023 y febrero de 2026 contra al menos 10 empresas e instituciones de la ciudad de Cali.
De acuerdo con el expediente judicial, la procesada se valió de su vinculación laboral en áreas contables y administrativas para acceder sin autorización a las plataformas financieras de las compañías. Mediante la manipulación de sistemas informáticos y la ejecución de transferencias no consentidas de activos, la mujer habría logrado sustraer una suma global cercana a los 180 millones de pesos. En uno de los episodios más impactantes registrados en la investigación, la imputada se habría apoderado de más de 38 millones de pesos en efectivo en una plaza de mercado local, dinero que correspondía al recaudo de cuotas de administración aportadas por los propios comerciantes. Ante la gravedad de los hechos y la aceptación de los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistema informático, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La anatomía del fraude interno: Confianza, fallas de auditoría y cibercrimen
En materia de criminología corporativa y gestión de riesgos informáticos, este caso ilustra cómo las modalidades delictivas dentro de las organizaciones no siempre provienen de ataques externos, sino de la explotación deliberada de la confianza y de los privilegios de acceso concedidos al personal interno:
- Abuso de credenciales y debilidad en segregación de funciones: Permitir que una misma persona gestione claves, realice transferencias y concilie libros contables sin la supervisión de una segunda firma o autorización crea un escenario propicio para el desvío sistemático de fondos.
- Afectación a la economía de pequeños comerciantes: El hurto de los $38 millones recopilados en la plaza de mercado demuestra el impacto directo sobre sectores vulnerables de la economía informal y semi-formal, donde la pérdida de capital operativo pone en riesgo la subsistencia de múltiples familias.
- Persistencia temporal del delito: El hecho de que las maniobras fraudulentas se hayan prolongado por un periodo de casi tres años (2023-2026) en una decena de empresas evidencia fallas profundas en las auditorías contables externas y en las alertas tempranas de los entes de control bancario.
Lecciones para el sector empresarial y el sistema judicial
Esta problemática exige señalar que, si bien la aceptación de cargos por parte de la procesada y la imposición de la medida intramural por parte del juez representan un avance importante en la persecución penal del delito informático, las empresas deben adoptar un rol más proactivo en la prevención de riesgos patrimoniales.
Para mitigar el fraude interno y asegurar la celeridad judicial en Cali, se vuelven prioritarias varias medidas estructurales:
- Implementación de protocolos rigurosos de ciberseguridad financiera: Exigir dobles factores de autenticación, rotación periódica de personal en cargos de tesorería y auditorías de sistemas en tiempo real para detectar anomalías en los flujos de dinero.
- Verificación de antecedentes y pruebas de confiabilidad: Fortalecer los procesos de selección y contratación en cargos que manejen información sensible, activos en efectivo o plataformas bancarias corporativas.
- Mecanismos de restitución e indemnización: Garantizar que, además de la pena privativa de la libertad, los procesos penales por delitos económicos incluyan herramientas efectivas para que las empresas y comerciantes afectados puedan recuperar el dinero sustraído.