Por Ambientarte Radio 
Lo ocurrido entre estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y funcionarios de TransMilenio no es un hecho aislado ni un simple “incidente”. Es la expresión de una práctica cada vez más normalizada: la de disfrazar la ilegalidad de protesta y la violencia de reivindicación social.
Se ha vuelto cómodo —y peligrosamente aceptado— construir relatos donde cualquier conducta, por reprochable que sea, encuentra justificación si se le adorna con una causa social. Pero hay que decirlo sin rodeos: golpear trabajadores, evadir el pago de un servicio y pretender imponer la voluntad por la fuerza no es resistencia, no es lucha social y mucho menos es defensa de derechos. Es, sencillamente, una vulneración directa de los derechos de otros ciudadanos
El discurso según el cual “no pagan porque no tienen” resulta, además de simplista, profundamente problemático. No porque la dificultad económica no exista —que sí existe—, sino porque se utiliza como excusa para legitimar comportamientos que rompen el mínimo ético de convivencia. La pobreza no puede convertirse en patente de corso para la ilegalidad selectiva. Si así fuera, cualquier norma sería opcional dependiendo del bolsillo o de la conveniencia individual.
Más grave aún es la ligereza con la que algunas voces institucionales terminan validando estas conductas. Reconocer la participación de estudiantes y, en el mismo movimiento, justificar los hechos bajo argumentos débiles o emocionalmente convenientes, no solo evade responsabilidades, sino que envía un mensaje peligroso: que todo vale si se enmarca en una narrativa de inconformidad. Y no, no todo vale.
Aquí hay una confusión de fondo que conviene aclarar: los derechos humanos no son un escudo para agredir ni una excusa para incumplir normas básicas de convivencia. Los derechos humanos son, precisamente, un límite a la arbitrariedad, incluida la de quienes creen que su causa les da superioridad moral para pasar por encima de los demás. El funcionario agredido también tiene derechos. El ciudadano que paga su pasaje también tiene derechos. El sistema, imperfecto sí, pero necesario, también requiere reglas para existir.
La evasión masiva no es un acto simbólico inocente. Es una práctica que erosiona el funcionamiento del sistema, afecta su sostenibilidad y termina trasladando los costos a toda la ciudadanía. En otras palabras: se socializan las consecuencias de decisiones individuales que se quieren presentar como actos de rebeldía. Pero no hay nada de rebelde en perjudicar al conjunto mientras se exige reconocimiento individual.
Y hay que decirlo con claridad incómoda: parte del problema no es solo la falta de recursos, sino la falta de coherencia. No se puede reivindicar justicia social mientras se vulnera la dignidad de otros. No se puede hablar de derechos mientras se ignoran los deberes. Y no se puede exigir respeto desde la agresión.
La ciudad no necesita más discursos complacientes ni justificaciones oportunistas. Necesita una postura firme: la protesta es legítima, la violencia no. La inconformidad es válida, la imposición no. Y los derechos humanos, si se quieren defender con seriedad, deben ser integrales o no son.
Porque cuando todo se justifica, nada es defendible. Y cuando la violencia se normaliza, la democracia empieza a ceder terreno, no frente al poder, sino frente al caos.
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