Por Ambientarte Radio 
Ibagué, Tolima — En un duro golpe a la administración local, la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación formal contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por presuntas irregularidades detectadas en un contrato de suministro de alimentos destinado a los animales del centro de protección municipal.
La medida judicial no solo cobija a la mandataria, sino que también incluye a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal, así como al contratista encargado de ejecutar el proyecto. La investigación, que se remonta a un contrato suscrito en junio de 2024, ha puesto en el ojo del huracán la transparencia de los procesos de selección en la capital tolimense.
Las fallas en la contratación De acuerdo con el material probatorio recolectado por el ente investigador, el proceso contractual presentó vicios de fondo desde su etapa de planeación. Según la Fiscalía, el contrato fue adjudicado a una empresa que carecía de la experiencia necesaria para el suministro especializado de alimentos para perros y gatos.
Además de la falta de idoneidad del contratista, los investigadores señalaron que en el proceso se habría vulnerado el principio de pluralidad de oferentes, limitando la participación de otras empresas y dirigiendo, presuntamente, la selección hacia un solo beneficiario. Estas actuaciones habrían transgredido las normas de contratación pública que buscan garantizar la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos destinados al bienestar animal.
El proceso judicial La imputación marca el inicio de una etapa judicial crucial para la administración de la alcaldesa Aranda. La Fiscalía busca determinar el alcance de las presuntas responsabilidades en la firma y ejecución de este convenio, el cual debía garantizar la alimentación y el cuidado de los animales vulnerables que dependen del centro de protección municipal.
Por el momento, se espera que en las próximas audiencias la defensa de los implicados presente sus argumentos, mientras el caso continúa generando un amplio debate en la opinión pública sobre la vigilancia que deben tener los ciudadanos y entes de control sobre los recursos destinados a la fauna urbana.