Por Ambientarte Radio 
Bogotá D.C. — Un momento de alta tensión se vivió durante una reciente entrevista televisiva cuando un abogado y precandidato presidencial cuestionó abiertamente la capacidad intelectual de la reconocida periodista María Lucía Fernández. Lo que inició como una discusión académica sobre la diferencia entre la ética y el derecho, derivó rápidamente en un cruce de palabras que muchos sectores han calificado como un acto de «superioridad moral» y posible violencia simbólica.
El origen de la discordia
Durante el diálogo, en el que se consultaba al precandidato sobre los límites éticos de la función pública, el entrevistado lanzó una frase que se volvió viral en cuestión de minutos: “Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes la formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho”.
Acto seguido, el abogado procedió a explicar que, para cualquier iniciado en leyes, la ética regula la vida personal mientras que el derecho rige la vida en sociedad. Sin embargo, el fondo del mensaje quedó opacado por la forma: la invalidación directa de la interlocutora por no poseer un título específico en la materia.
¿Cuestionamiento técnico o violencia de género?
La respuesta ha generado un profundo debate en círculos académicos y de derechos humanos. Mientras algunos defensores del precandidato sostienen que se trató de una «aclaración técnica necesaria», expertos en comunicación y género sugieren que este tipo de conductas encajan en el fenómeno conocido como mansplaining .Desde el punto de vista del derecho internacional y las recomendaciones de organismos como la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), descalificar la formación de una periodista para evitar responder de fondo o para minimizar su pregunta puede ser considerado una forma de violencia psicológica o simbólica. Al cuestionar la «falta de formación» de una profesional con décadas de trayectoria, se intenta restar autoridad a su labor de control social.
El impacto en la opinión pública
En redes sociales, el incidente ha reabierto la conversación sobre cómo los líderes políticos interactúan con la prensa femenina. «¿Es necesario ser abogado para preguntar sobre la ética de un servidor público?», cuestionan usuarios en X (antes Twitter).
Hasta el momento, la periodista María Lucía Fernández ha mantenido su postura profesional, mientras que el equipo del precandidato insiste en que no hubo intención de ofender, sino de «precisar conceptos jurídicos». El debate sobre si estas respuestas constituyen violencia de género sigue abierto, poniendo sobre la mesa la necesidad de una comunicación política más respetuosa y menos excluyente.