Por Ambientarte Radio 
POR: UN ATEO MUY CREYENTE
En Colombia y en su capital, el valor de la vida parece haberse devaluado al ritmo de una inseguridad que galopa sin freno. Mientras los discursos oficiales hablan de paz y protección, la realidad en los territorios y en las calles de Bogotá cuenta una historia distinta: una de terror, extorsión y abandono estatal. Hoy, ejercer el periodismo comunitario o el liderazgo social es, trágicamente, firmar una sentencia de vulnerabilidad absoluta.
El periodismo comunitario: Objetivo militar de la delincuencia
El caso más reciente de esta persecución sistemática golpea directamente al corazón de la comunicación local en Bosa. El director de Ambientarte Radio ha sido víctima de un asedio criminal que comenzó el pasado 7 de abril de 2026 mediante amenazas por WhatsApp y escaló el 20 de abril con una llamada temeraria. La exigencia: doce millones de pesos representados en munición para un arma en especifico, una suma inalcanzable para un medio que sobrevive con esfuerzo y vocación de servicio.
Este no es un hecho aislado. Es el modus operandi de una delincuencia que ha declarado a los comunicadores populares como «objetivos militares». Al intentar silenciar una radio comunitaria, no solo callan una voz; ciegan a toda una comunidad que se informa y se reconoce en esos micrófonos.
La inoperancia de la protección estatal
Resulta indignante que, ante amenazas de este calibre, la respuesta institucional sea tan lánguida. Si bien la Policía ha mostrado voluntad, sus recursos son insuficientes frente a la magnitud del riesgo. Por otro lado, el papel de la Unidad Nacional de Protección (UNP) es duramente cuestionado: parece que para este organismo el periodismo de a pie, el que no tiene grandes contratos ni escoltas de alto perfil, «poco o nada interesa».
¿Cuántos asesinatos de líderes y lideresas sociales más deben ocurrir para que las medidas de protección dejen de ser un saludo a la bandera? En Bogotá, la «cara bonita» de la ciudad se desmorona ante una inseguridad que tiene aterrorizada a la comunidad, mientras quienes deberían garantizar la vida parecen mirar hacia otro lado.
Un llamado a la reacción ciudadana
La vida en Colombia no puede seguir perdiendo su valor ante la mirada indiferente del Gobierno. No se puede hablar de democracia cuando los periodistas comunitarios y eliminados son extorsionados y los líderes sociales son eliminados sistemáticamente.
Es imperativo que la sociedad civil rodee a sus medios locales y que se exija una protección real, efectiva y sin burocracias letales. La libertad de expresión y el derecho a la vida no pueden ser lujos de unos pocos; son el cimiento de una nación que hoy, más que nunca, se siente a la deriva.