OPINION: El botín de la salud

POR: Cristina Plazas Michelsen

La Corte Constitucional reveló una cifra que debería paralizar al país: ha recibido 12 millones de tutelas, y en lo corrido del año, el 32% son colombianos suplicando por atención médica. Casi cuatro millones de personas a quienes les han negado un medicamento, una cirugía o una consulta. Para dimensionar la magnitud, es como si toda Medellín y su área metropolitana estuvieran hoy rogando que no las dejen morir.

No son estadísticas. Son padres que no pueden pagar un tratamiento y se endeudan con el gota a gota. Son hijos que ven morir a sus papás mientras el sistema los ignora.

La respuesta del Gobierno no fue corregir la crisis: fue montar una red de corrupción y favores. La Supersalud, que existe precisamente para proteger a los pacientes, se convirtió en una puerta giratoria: interventores removidos por mala gestión o escándalos de corrupción, luego premiados con contratos millonarios dentro de la misma entidad, donde además se cubren las espaldas para que nadie revise su gestión. ¡No hay derecho!

Pero fueron más allá: Petro y Jaramillo nombraron a dos imputados por corrupción en los cargos más importantes del sector: Daniel Quintero, alias “Pinturita”, en la Supersalud, y Jorge Iván Ospina en la Nueva EPS, una entidad que tiene a cargo la vida de casi 12 millones de pacientes. Ospina es el quinto interventor en apenas dos años. Eso no es administración pública. Es el saqueo organizado de un sector que debería ser sagrado.

Tan grave como los hechos es el silencio del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, porque no solo calla: promete darle continuidad a la llamada “crisis explícita” ejecutada por este Gobierno, profundizada por Carolina Corcho y rematada por el ministro Jaramillo.

Ese silencio resulta aún más revelador porque Cepeda se ha presentado como “juez moral” de la vida pública y, de hecho, no dudó en denunciar, incluso en video, que un viceministro promovía electoralmente su candidatura en violación de la ley. Pero frente a Quintero, Ospina y los interventores cuestionados, no ha dicho una sola palabra. Nada.

Ese silencio no es prudencia ni neutralidad. Es una decisión. Porque quien ejerce escrutinio solo contra sus adversarios y guarda silencio frente a los escándalos de sus aliados no hace control político: eso es complicidad.

El ministro Jaramillo admitió que algunos de los nombrados por este Gobierno habían robado, pero aclaró que eso no era responsabilidad ni de Petro ni de él. ¿Quién los nombró entonces, el Espíritu Santo? Esa no es una explicación. Es una de las afirmaciones más cínicas que puede hacer un funcionario. Y, además, fueron advertidos sobre esos nombramientos.

La preocupación de este Gobierno nunca fue proteger a los pacientes. Fue controlar el negocio. Querían el botín solo para ellos. Y por esa ambición, hoy pesan sobre sus hombros muchas muertes que pudieron evitarse.