Por Ambientarte Radio 
Un reciente proyecto de decreto impulsado por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, ha encendido el debate sobre el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo dentro del sistema pensional. La propuesta plantea ajustes que han generado gran inquietud en diversos sectores, por lo que Colpensiones ha emitido explicaciones detalladas para aclarar el verdadero alcance de la iniciativa.
La controversia surgió después de que gremios clave como Asofondos y Fasecolda advirtieran que modificar este mecanismo podría influir negativamente en el número de personas que logran pensionarse y, potencialmente, en los valores de las rentas vitalicias recibidas en el sistema privado. Estos representantes sostienen que la propuesta podría alterar la estructura que garantiza que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo vigente, un derecho fundamental respaldado por la Constitución.
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Ante la ola de comentarios y especulaciones, Colpensiones ha salido al paso con una aclaración pública, explicando la operación del mecanismo y el alcance real del proyecto. La entidad enfatizó que el contenido del decreto no afectará su funcionamiento interno, dado que está dirigido exclusivamente al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por los fondos privados de pensiones. Según Colpensiones, las disposiciones descritas no modifican el pago de mesadas a su cargo ni alteran los criterios que rigen su operación.
Dentro de su explicación, Colpensiones precisó que el proyecto busca regular la cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el contexto de las rentas vitalicias inmediatas o diferidas. Estos productos, contratados en el RAIS, son adquiridos por afiliados que alcanzan el derecho a pensionarse y transfieren sus recursos a una aseguradora para recibir un pago mensual permanente. Estas rentas, por su naturaleza, están sujetas a las variaciones del salario mínimo, lo que puede generar la necesidad de una cobertura adicional cuando el ajuste excede las proyecciones iniciales.
La entidad detalló que este mecanismo de cobertura se activa cuando el incremento del salario mínimo es superior al estimado por las aseguradoras al calcular la renta vitalicia. En tales escenarios, el Ministerio de Hacienda asume el costo de la diferencia para asegurar el cumplimiento de la obligación constitucional del valor mínimo de la pensión. Colpensiones afirmó que el decreto simplemente busca reorganizar las reglas que definen este procedimiento dentro del RAIS.
En cuanto a su propio funcionamiento, Colpensiones reiteró que administra el Régimen de Prima Media (RPM). Bajo este esquema, las mesadas se financian directamente con recursos del sistema y no dependen de productos adquiridos con aseguradoras privadas. Por esta razón, las pensiones del RPM ya cuentan con el reajuste anual ligado al salario mínimo, un proceso establecido en la Ley 100, que se ejecuta sin necesidad de mecanismos adicionales de cobertura.
Colpensiones señaló que no participa en ninguno de los componentes que serían ajustados por el decreto, por lo cual no se prevé ningún impacto en los pagos que realiza a sus afiliados ni en la estructura interna del régimen que administra. La aclaración enfatiza que las reglas del RPM permanecen sin cambios y que la actualización anual de las pensiones seguirá realizándose conforme a la normativa vigente.
Finalmente, Colpensiones identificó a los actores que sí se verían afectados por la propuesta. Entre ellos se encuentran las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias dentro del RAIS, los fondos privados que administran los ahorros de los afiliados y el propio Ministerio de Hacienda, responsable de financiar la cobertura cuando el aumento del salario mínimo supera el cálculo inicial. El objetivo central del decreto, según la entidad, es establecer un esquema más detallado para esta cobertura, especificar criterios de aplicación y organizar el procedimiento para su operación. Colpensiones reiteró que su aclaración busca ofrecer tranquilidad a la ciudadanía, en particular a quienes interpretaron erróneamente que estas modificaciones repercutirían en el régimen público.
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