Por Ambientarte Radio 
El proceso judicial que involucra a la mansión de Pradomar y a la familia del ministro del Interior, Armando Benedetti, puso en el centro del debate la legitimidad de las medidas cautelares impuestas sobre varios predios en Puerto Colombia, Atlántico.
La controversia se intensificó cuando Adelina Guerrero Covo, esposa de Benedetti, solicitó a un juez de extinción de dominio la corrección de supuestos actos irregulares y el levantamiento de las restricciones sobre la propiedad, petición que fue rechazada, lo que ha generado un cruce de declaraciones y recursos legales.
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La disputa se remonta a la adquisición de la mansión en la urbanización Pradomar, una zona privilegiada de Puerto Colombia, que Benedetti compró en 2020 por 3.600 millones de pesos, según sus declaraciones, con fondos provenientes de un préstamo otorgado por el empresario Euclides Torres.
Este empresario es conocido por haber financiado el evento de la ‘P’ en Barranquilla, vinculado a la precampaña presidencial de Gustavo Petro.
Aunque en la escritura pública se consignó un valor de 1.500 millones de pesos, Benedetti afirmó que el pago real fue de 3.600 millones al vendedor, el empresario Luis Alberto Nicolella de Caro, exdirectivo de Inassa, empresa sancionada en 2018 por un caso de soborno transnacional.
El inmueble, que abarca tres predios con diferentes matrículas inmobiliarias y un terreno de 500 metros cuadrados frente al mar, fue transferida a nombre de Adelina Guerrero tras la reconciliación de la pareja durante la pandemia.
Desde entonces, Guerrero figura como “poseedora” de los bienes y ha sido quien ha presentado los reclamos judiciales para revertir las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio en octubre de 2021. Estas medidas incluyen el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los predios.