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William Olaya Sarmiento
Docente en DD HH
La deserción escolar en Bosa ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a niños y, cada vez más, a niñas que llegan a la adultez sin obtener el título de bachillerato. Esta situación no solo limita sus oportunidades, sino que también incrementa el número de potenciales delincuentes que azotan nuestros barrios y ciudades. Muchos señalan al sistema educativo como el principal responsable de esta «muerte académica».
Los docentes, en su intento por mantener la disciplina y el rendimiento académico, a menudo recurren a la repetición de años escolares. Cuando estas medidas no surten efecto, la expulsión se convierte en la última opción, dejando a los estudiantes con un historial de indisciplina y bajos resultados académicos. En algunos casos, se registran agresiones violentas hacia compañeros y maestros. Con un observador estudiantil abultado que más parece un prontuario, y habiendo respetado el debido proceso con rigor, se les niega la entrada al colegio o liceo. Para suavizar las cosas, se les dice a los padres o acudientes que el estudiante no se pudo adaptar a la institución y le fue imposible acatar las normas del manual de convivencia, sugiriendo que lo mejor es buscar cómo recuperarlos en casa.
El fracaso escolar conduce a la soledad. En muchas familias no hubo acompañamiento en los primeros años y, ahora que son expulsados, no hay quien los atienda y les enseñe la necesidad de las normas y la riqueza del conocimiento. La realidad es una tormenta ante padres separados o con ambos en el trabajo. Puertas y ventanas llevan hacia la calle y al consumo de drogas.
Los niños expulsados provienen, en su mayoría, de familias disfuncionales y de economía precaria, donde no hay quien se comprometa con su aprendizaje durante los primeros 12 años de vida. La escuela debe trabajar más estrechamente con la familia, y es necesario que el Estado apoye la exigencia y cumplimiento de normas claras en casa. Educar al niño es el mejor plan de seguridad que se pueda implementar en un municipio o ciudad.
Con leyes permisivas que favorecen la conducta errónea, los padres que amonestan a sus hijos son vistos como peligrosos y los profesores exigentes, una amenaza para la mediocridad y la criminalidad. Una política tan equivocada jamás disminuirá el número de cárceles y el trabajo de los reformatorios.
Para evadir este oscuro panorama de «muertos en vida», los talleres para padres deben ser prioridad en las instituciones que buscan la excelencia de sus estudiantes. Es necesario convencer a padres y acudientes de que su presencia en la escuela es valiosa para conseguir resultados clave en la calidad educativa. En esos talleres se debe mostrar que el exceso de protección es el mejor camino hacia la inutilidad del ser humano. Lamentablemente, a estas convocatorias solo asisten los acudientes de los estudiantes que menos lo necesitan, mientras que la gran mayoría los considera una pérdida de tiempo.
Domesticar, en el buen sentido, es amar de verdad a los hijos. Corregir y hacer que los niños vivan ocupados en actividades que no incrementen el consumo de dispositivos electrónicos da resultados inesperados en favor de la convivencia social. Un castigo moderado, oportuno y acorde con la edad es una buena demostración de amor. El amor verdadero no es permisivo; es exigente. Niños de distintos niveles educativos y circunstancias personales, pero bien educados con amor y firmeza, son un orgullo para la familia y el país. La firmeza y claridad de las normas en los primeros años fomentan la resiliencia y el espíritu de superación, sin los cuales es imposible alcanzar una vida plena.
Tom Bennet, autor de un informe gubernamental sobre la disciplina en los centros escolares de Inglaterra, afirma: «Es verdad que las expulsiones no sirven de mucho para el niño, no son terapia, pero es un respiro para la clase y para el colegio, especialmente si la indisciplina era severa y violenta, con insultos y peleas». Corregir y señalar el camino correcto no es excusa para ser violento y vulgar. Las palabras tiernas y sinceras son un gran estímulo hacia la excelencia humana.
Alberto Royo, profesor y autor de «Contra la Nueva Educación», se une al debate al decir que el castigo no solo puede servir para que un alumno reaccione, sino también para proteger a los alumnos que sí quieren aprender. Sin embargo, no se puede negar que hay orientadores escolares que defienden la permisividad. Profesores sin compromiso cuya labor se limita a transmitir conocimientos y no establecen normas claras y precisas para que sus estudiantes conozcan el poder de la disciplina, la perseverancia y el esfuerzo personal que han llevado al éxito a muchos en la humanidad. Estos profesionales perpetúan una mala crianza que puede culminar en tragedias personales y colectivas.
La problemática de la deserción escolar, la violencia y la drogadicción en los colegios de Bosa no es un fenómeno aislado. Recientemente, la concejal Diana Diago denunció que, de los 4.215 casos de consumo de sustancias psicoactivas reportados en Bogotá hasta el 31 de agosto de 2024, 301 ocurrieron en Bosa, liderando las estadísticas de consumo en entornos escolares. Esta situación es atribuida a la falta de medidas contundentes por parte de la administración local para prohibir el consumo de drogas en estos entornos.
Además, el asesinato de los jóvenes artistas Camilo Sánchez y Camila Ospitia en el parque El Porvenir de Bosa, el 15 de agosto de 2024, ha conmocionado a la comunidad. Ambos fueron atacados tras participar en actividades culturales, en un contexto de hostilidad previamente denunciado, incluyendo agresiones y amenazas por parte de la policía y bandas de microtráfico. Este hecho resalta las tensiones en la UPZ Porvenir y como efecto domino, en toda la localidad.
Es imperativo que la Alcaldía Local de Bosa y al señor Fabián Ernesto Ramírez Cruz, junto con la Junta Administradora Local (JAL) de Bosa, el DILE de Bosa, la Estación de Policía Tequendama, y el comandante teniente coronel Óscar Chauta, prioricen de manera inmediata y efectiva la problemática de la deserción escolar, la venta y el consumo desmedido de sustancias psicoactivas y la creciente delincuencia juvenil en la localidad. La inacción o respuestas tibias solo perpetuarán el círculo de violencia, drogadicción y vulnerabilidad en el que están atrapados cientos de niños y jóvenes. Asimismo, instamos a los órganos de control externo, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Veeduría Distrital, el Concejo de Bogotá y la Contraloría de Bogotá, a ejercer una supervisión estricta y a implementar mecanismos de control eficaces y contundentes. La crisis que enfrentamos no da espera: las políticas deben trascender el discurso y traducirse en acciones concretas que transformen la realidad de Bosa y garanticen un futuro digno para sus niños y jóvenes.