La preocupación estadounidense surge a raíz de informes que señalan posibles conexiones, reforzando la histórica cooperación en seguridad entre ambos países. Un portavoz del Departamento de Estado enfatizó la necesidad de una profunda indagación por parte de la Fiscalía y otras instituciones colombianas.

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Las revelaciones más recientes, divulgadas por Noticias Caracol, apuntan a un presunto vínculo de las disidencias de alias Calarcá con el jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y militares cercanos al gobierno Petro. Archivos incautados en julio de 2024 a la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de Calarcá, incluyen comunicaciones que detallan supuestos contactos con el general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente, y Wilmar Mejía, funcionario de la DNI.

Entre los documentos se hallan correos electrónicos, fechados en febrero de 2024, donde alias Calarcá daría instrucciones para reunirse con el general Huertas con fines de «negocios». Se sugiere que el general retirado habría propuesto protección a los disidentes y la creación de una empresa de seguridad fachada para facilitar su movilidad y el porte de armas legales.

Además, el informe revela conversaciones entre la vicepresidenta Francia Márquez y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC), en las que se menciona un supuesto apoyo del grupo armado a la campaña presidencial de Petro en 2022. La vicepresidenta ha rechazado «categóricamente» estas acusaciones, calificándolas de «malintencionadas» y afirmando la «genuina y transparente» naturaleza de su campaña.

Por su parte, el presidente Petro ha minimizado las denuncias, atribuyéndolas a la CIA y calificándolas de «falsos informes». El mandatario defendió al general Huertas, reintegrado al servicio activo por su administración en 2022 tras haber sido retirado del Ejército en 2021, sugiriendo la existencia de «bandas delincuenciales» dentro del Ejército que manipulan informes.

Ante la controversia, la Fiscalía General, que ha sido cuestionada por la demora en la investigación a pesar de tener la información desde julio de 2024, ha prometido actuar. En un comunicado, la fiscal general Luz Adriana Camargo dispuso la «intervención inmediata» para investigar la posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional y financiación de la campaña presidencial, entre otros puntos.

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